Tres meses después de ser electos en Caracas y Maracaibo, los alcaldes de estas importantes ciudades de Venezuela, opositores a ultranza del presidente Hugo Chávez, enfrentan serios problemas para ejercer su autoridad.
El líder del partido Un Nuevo Tiempo y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, está escondido desde la tercera semana de marzo, tras conocerse una orden de la fiscalía venezolana que lo convocó a responder por presuntos cargos de corrupción cuando fue gobernador del estado de Zulia.
Desde el anuncio de su audiencia, que definiría si la justicia ordena su detención preventiva y que fue programada para el 20 de abril, Rosales rechazó la acusación, se refugió de la opinión pública, adujo razones de seguridad y responsabilizó al presidente Chávez de cualquier cosa que le pudiera pasar. “Estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales. Una calaña como ésa tiene que estar en prisión, no gobernando un estado. No puede estar suelto”, dijo el presidente semanas antes de las elecciones regionales de 2008.
Cada día que pasa, la tormenta política en Maracaibo se acrecienta. Dado que si Rosales se ausentaba del cargo por más de tres meses las autoridades podrían llamar a elecciones, el mandatario solicitó un pedido de ausencia por 90 días, que inicialmente le fue otorgado.
Esta semana, un tribunal dejó sin piso la petición, que argumentaba que Rosales era víctima de persecución política, y lo conminó a regresar a su cargo. Rosales sigue sin salir a la luz, mientras que concejales aliados apelaron la decisión del tribunal. En la prensa abundan declaraciones de líderes chavistas que afirman que Rosales escapó del país (algunos incluso afirman que estaría en Colombia). Sus partidarios lo niegan vehementemente.
En Caracas, entre tanto, también empeora la situación para Antonio Ledezma, líder opositor y alcalde de la capital, quien fue la semana pasada hostigado por las fuerzas policiales durante una protesta contra la Ley Distrital, que discutía la Asamblea Nacional.
La nueva legislación, aprobada el martes, permite al gobierno central nombrar “un jefe de gobierno para Caracas... en virtud, de que en ella reposa el asiento de los órganos del poder nacional”, reza el documento. El nuevo administrador de la capital tendría a su cargo el diseño de proyectos públicos y recibiría transferencias fiscales de la administración del alcalde.
La nueva ley fue considerada por ciertos medios de comunicación como un “golpe de Estado legislativo” a uno de los hombres más visibles de la oposición.
“Como no pudieron con los votos retener la alcaldía (metropolitana), entonces por orden de Chávez se tomó el atajo de quitarle competencias y dejarla como una figura decorativa mediante un adefesio legal”, protestó el diputado Ismael García.