En octubre de 2003, en la ciudad boliviana de El Alto, cientos de indígenas llenaron la carretera principal para protestar contra las políticas del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien había gobernado el país entre 1993 y 1997, y retornó al poder en 2002. Eran días tensos, y tras el envío de las fuerzas militares para controlar las manifestaciones en la zona, una serie de aún confusos eventos condujo a la muerte de 63 indígenas. El incidente provocó la renuncia y el exilio del mandatario y fue uno más de los acontecimientos que condujeron a la victoria del líder cocalero Evo Morales, en 2005.
El lunes, en una sala de la Corte Suprema de Justicia, en la sureña ciudad de Sucre, el Estado boliviano dio inicio a un juicio en contra del ex mandatario y 16 miembros de su gabinete. El proceso comenzó sin la presencia de varios de los implicados, entre ellos el mismo Sánchez de Lozada, quien vive en Estados Unidos, al igual que su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague. Tampoco se encontraban presentes Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas, todos miembros de su gabinete, quienes recibieron recientemente asilo político en Perú. La defensa de los acusados insiste en que el proceso está parcializado y que busca debilitar a la oposición en el país.
“Al otorgar asilo político a otros acusados que formaron parte del gobierno de Sánchez de Lozada, varios países han reconocido que no hay un sistema judicial independiente en Bolivia”, afirmó ayer a través de un comunicado Ana Reyes, la abogada del ex mandatario. “Los eventos de 2003 han sido investigados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y fiscales independientes del Ministerio Público de Bolivia. Ambas investigaciones concluyeron que la respuesta de las fuerzas armadas bolivianas fue legal y responsable”, añadió Reyes.
El ex presidente está siendo juzgado in absentia por nueve delitos, entre ellos el de “genocidio”. Los hechos violentos por los que se le juzga ocurrieron en la ya histórica guerra del gas, conocida por este nombre ya que los habitantes del altiplano boliviano se opusieron a que el gobierno exportara gas boliviano, vía Chile, a los Estados Unidos.
Todos los ex militares demandados y tres ex ministros de Sánchez acudieron ayer a la imputación de cargos.