Mark Pizzo, un juez con sede en Tampa, Florida, decidió el miércoles que 595 mil monedas de oro y plata que fueron rescatadas del galeón Nuestra Señora de las Mercedes deben ser devueltas al gobierno de España, al que le concede todos los derechos sobre el naufragio ocurrido en 1804, frente a costas de Portugal, luego de una batalla con naves de Inglaterra.
El fallo de 34 páginas, al cual tuvo acceso El Espectador, no resuelve en definitiva el litigio de dos años entre España, la empresa cazatesoros norteamericana Odyssey Marine Explorations y el gobierno de Perú, pero sienta un precedente jurídico internacional que, según expertos como el historiador náutico Daniel de Narváez McAllister, afectará en el futuro el dominio de países como Colombia sobre sus especies náufragas, que en el caso de nuestro país se calculan en 1.100 en cabeza del famoso galeón San José.
Según él, “hay muchísimas repercusiones para Colombia y todas graves, no sólo por las implicaciones en el derecho marítimo, sino porque el Gobierno Nacional no ha hecho nada al respecto, a pesar de que desde hace dos años vengo advirtiéndoles al presidente Uribe, al canciller Bermúdez y a la Ministra de Cultura”. Este diario llamó a los dos ministerios y, de manera extraoficial, explicaron su actuación y anunciaron un pronunciamiento sólo cuando estudien por completo el fallo.
Aunque el juez Pizzo se declaró no competente, ordenó a la Odyssey devolver antes de diez días a los españoles el tesoro que extrajo del mar en 2007 y desestimó las reclamaciones de dicha empresa, del gobierno peruano y de los familiares de las 249 personas que murieron el día del hundimiento, entre ellos tres argentinas con descendientes colombianos.
La historia
Este lío empezó a las 8:00 de la mañana del 5 de octubre de 1804, frente al cabo Santa María, costa sur de Portugal, cuando la fragata de guerra La Clara, que escoltaba al galeón Nuestra Señora de las Mercedes, hizo con sus velas la señal de alerta por la aparición de cuatro fragatas en actitud intimidatoria.
Hombres del almirante Graham Moore le exigen a la flotilla española del Rey Carlos IV que los siga por orden del Rey Jorge III de Inglaterra. Como se niegan, se desata la Batalla de Algarve, un cañonazo alcanza el polvorín de Las Mercedes, explota y se hunde con sus 249 ocupantes y el tesoro. Fue el preámbulo a la Batalla de Trafalgar, luego de que España le declara la guerra al Reino Unido el 14 de diciembre de 1804.
Así quedó consignado en los diarios de los navegantes ibéricos y en los legajos del Virreinato del Perú, hoy parte de los Archivos de Indias que reposan en la ciudad española de Sevilla. Los documentos incluyen la lista de los 130 mercaderes españoles que embarcaron en Perú, con destino a Cádiz (ver mapa), las fortunas que habían hecho en las Indias. Figuran desde comerciantes como los Alvear Silvestre de Amenábar hasta el Marqués de Zelada de la Fuente y la Marquesa de Medina. Sus descendientes son los que reclaman hoy el 80 por ciento de la fortuna.
Según el manifiesto de carga de la época, del cual tiene copia este diario, el cargamento pesaba 17 toneladas y estaba compuesto por 944 mil monedas de plata y 9.989 de oro, aunque testimonios y registros posteriores hablan de 285 mil monedas de plata de contrabando, así como 3.000 más de oro, muchas de las cuales habrían sido acuñadas en Santafé de Bogotá. Ahora, a partir de lo rescatado por Odissey, por cuenta propia y sin permiso de las autoridades españolas, se habla de un total de 595 mil monedas, avaluadas en 500 millones de dólares. Los allegados aspiran a recuperar 170 mil. El pleito terminó en Estados Unidos porque es el único país que cuenta con jueces que pueden asumir estatus de almirantazgo para investigar naufragios de cualquier parte del mundo.
Lo que hizo Odyssey con su tecnología fue localizar Las Mercedes, extraer la riqueza, empacarla en canecas para pintura y transportarla en un avión charter 737, cada recipiente amarrado con el cinturón de seguridad que le correspondería a cada pasajero, desde Gibraltar hasta un lugar desconocido en los Estados Unidos. Allí denunció el hallazgo y reclamó el derecho sobre al menos la mitad del oro y la plata.
Conexión colombiana
El historiador náutico colombiano Daniel de Narváez McAllister creyó que entre sus antepasados españoles podía haber conexión con el tesoro, investigó y al no comprobar sus derechos reunió a 16 familias que sí los tienen, entre ellas las hermanas argentinas con descendientes colombianos Carola, Eleonora y Matilde Daireaux y Kinski. Su antepasado era el capitán de la fragata La Medea —otro escolta de Las Mercedes—, Diego de Alvear y Ponce de León. Iba como pasajero del galeón mayor, junto con su esposa, ocho hijos y su fortuna, pero tuvo que asumir el mando de la fragata ante la enfermedad del capitán Tomás de Ugarte. También hay ocho familias peruanas, incluida la del actual Marqués de Zelada, Agustín de Aliaga.
De Narváez cuenta que fue muy difícil convencerlos de que hicieran parte del alegato ante el juez de Tampa, pero que lo logró gracias a la fuerza de los documentos. Fue él quien los puso en contacto con el más prestigioso abogado norteamericano en esta materia, David Paul Horan, quien apelará la decisión del juez Pizzo, así como lo hará Odyssey. Esto ocurrirá esta semana ante la Corte Federal del Distrito 11, última instancia antes de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos pueda actuar.
De Narváez insiste en que lo grave es que el Gobierno colombiano “no ha hecho nada para proteger sus derechos” como sí lo hace desde el año pasado el de Perú, cuya Procuraduría apelará de inmediato.
Tendrán que rebatir la posición de Pizzo, que declaró a Las Mercedes como una nave de guerra protegida por el principio jurídico de “inmunidad soberana”, que lo llevó a concluir que el galeón y su carga deben quedar en manos españolas. Horan insistirá en que no es barco de guerra un galeón que transportaba mujeres y niños, no en misión militar sino comercial.
Copias de los detalles y los fallos del litigio están en manos del Gobierno desde hace dos años, a través de cartas y correos electrónicos que De Narváez envió al presidente Álvaro Uribe, a la ministra de Cultura, Paula Moreno, y al ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez.
El experto asegura que si Colombia no hace parte de este proceso o al menos emite una nota diplomática, deja la puerta abierta para que los cazatesoros vengan, saqueen los naufragios y los denuncien como suyos en Estados Unidos, donde la jurisprudencia de los últimos tres casos ha favorecido al gobierno de España. “Incluso me reuní con el vicecanciller Camilo Reyes y no hicieron absolutamente nada”. De Narváez optó por mandarle copia de todo al procurador general, Alejandro Ordóñez, para que investigue la presunta negligencia.
De Narváez cree que el mayor peligro se cierne sobre los restos del galeón San José, hundido por los ingleses hace tres siglos cerca a las Islas del Rosario, en circunstancias similares a Las Mercedes, con un tesoro de esmeraldas, oro y plata que llegó a ser valorado en un debate en el Congreso Nacional en diez mil millones de dólares.
“El San José es el galeón más rico hundido en el hemisferio occidental y el gobierno debe hacer algo para protegerlo. Si Colombia no sienta precedente, pueden esgrimir también que las naves hundidas aquí eran de guerra porque llevaban cañones y bandera española”. Feliz, la ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde, advirtió ayer que su país se valdrá de esta jurisprudencia para defenderse en cualquier otro caso de naufragio.
Sobre el San José, la Corte Suprema de Justicia le reconoció en julio de 2007 derechos sobre la mitad del tesoro a la multinacional Sea Search Armada, según la Dirección Marítima de la Armada, descubridora del lugar donde se encontraría. Danilo Devis, abogado de la SSA, dice que el Gobierno se ha negado desde entonces a que ellos intervengan el galeón y extraigan el cargamento para repartirlo por mitades.
El Gobierno le respondió que el fallo no lo obliga a participar de una operación de rescate que costaría unos 30 millones de dólares y que prefiere proteger los naufragios con la Armada y con programas de concientización de los pobladores costeros para que no se presten para operaciones de saqueo.
La Sea Search espera hacer valer sus derechos ante tribunales estadounidenses antes de que finalice este año. Con este panorama, seguramente el del San José será el segundo fallo que ponga en riesgo el patrimonio sumergido de los colombianos.
El Gobierno cree que los tesoros están salvaguardados
El Espectador llamó tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como al de Cultura para obtener la versión del Gobierno, pero un vocero dijo que no habrá pronunciamiento oficial hasta tanto no se reciba por conductos diplomáticos el fallo del juez de Tampa. Sin embargo, una fuente que ha estudiado el tema manifestó que le consta que funcionarios de la Cancillería recibieron las inquietudes de Daniel de Narváez y que, después de analizadas, se decidió no intervenir en el caso del galeón Nuestra Señora de las Mercedes porque, “al volvernos parte, como lo hizo Perú, estaríamos aceptando un fallo que nos obligaría; abogando por los intereses de unos particulares representados por el señor De Narváez y, a futuro, España podría replicarle la jurisprudencia a Colombia. Ellos seguramente se van a apoyar en esta decisión en próximos casos, pero eso no le quita a Colombia las posibilidades de una defensa a la luz de sus derechos, lo que es distinto a haberlos entregado antes de empezar. Además, los bienes sumergidos en nuestras aguas están salvaguardados como patrimonio cultural de la Nación en el artículo 72 de la Constitución y a través de la Ley 397 del 97, que creó el Ministerio de Cultura”.
Para ver facsímiles del fallo que ordena que el tesoro del galeón pase a manos ibéricas en diez días, haga clic AQUÍ.