Así como repetidamente el gobierno chino ha culpado al Dalai Lama de los desórdenes en Lhasa, capital del Tíbet, la activista Rebiya Kadeer ha sido convertida por Pekín en el chivo expiatorio sobre el cual recae —hasta ahora sin la más pequeña evidencia— la responsabilidad sobre la violencia entre los chinos de la etnia Han y la etnia turcomana Uigur, que hasta ahora ha producido 156 muertos en la ciudad de Urumqi.
Hasta mediados de los noventa, Kadeer era una exitosísima empresaria y comerciante en la provincia noroccidental de Xinjiang. Formaba parte de la Cámara de Comercio de la región y de la importante Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Adicionalmente, lideraba una organización de apoyo a madres empresarias, especialmente pertenecientes a la etnia Uigur, que desde 1949 ha sufrido el incremento del trato desigual de la población han, la cual hoy ya es mayoría.
Su esposo, también activista, se exilió en 1996 y, desde entonces, recibía los reportes de prensa que Kadeer le enviaba desde Xinjiang. Por este hecho fue capturada por el gobierno y encarcelada bajo cargos de espionaje. Cinco años después, “la presión persistente del activismo mundial”, como lo catalogó Amnistía Internacional, condujo a su liberación y exilio. Ayer, en Virginia, desde donde dirige el Congreso Mundial Uigur, Kadeer negó en la revista Time las acusaciones de Pekín. “La causa uigur es una causa justa, el gobierno debe dejar de llamarla terrorista y separatista”, añadió.
Entre tanto, el gobierno en Xinjiang amenazó con ejecutar a algunos de los participantes de los disturbios de esta semana.