En Venezuela, por pocos meses, y en plena Guerra Mundial en los años del presidente Medina Angarita, se permitió que operaran desde nuestras costas en el Caribe y, en especial para defender la exportación petrolera desde el Lago de Maracaibo de los ataques de submarinos nazis. Esas operaciones tuvieron la peculiaridad de que se llamaron “conjuntas”.
Ahora no se trata de los asedios nazis ni de la ocupación de territorios. No obstante, las amenazas para la estabilidad democrática de nuestros países son graves. Si el sistema de seguridad internacional no fuera tan imperfecto, la misión que estarían llamadas a cumplir las fuerzas militares de Estados Unidos en la región debería ser asumida por organismos multilaterales. Pero no siendo así, no quedan otras alternativas. Como todas las iniciativas regionales que se han tomado en la última década en nuestra región, el Consejo de Seguridad de América del Sur (postulado por Brasil) han estado condenadas al fracaso por los presidentes extremistas dispuestos a estorbar todo probable control que pueda afectar “la espada de Bolívar que camina por América Latina”.
De modo que el hecho de que Colombia permita que fuerzas militares estadounidenses operen desde sus bases alentará las discrepancias políticas en la región y dará argumentos para alimentar los antagonismos necesarios, por ejemplo, a los países del ALBA, capitaneados por Venezuela, quienes cuestionarán y explotarán políticamente la utilización de esas bases militares como signo de alineación de Colombia con el imperio. Pero lo sustancial de su misión no sólo no puede negarse, sino que adquiere características de urgencia, con países como Irán campeando en la región andina.
Las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela no han sido o no son capaces para enfrentar el narcotráfico ni el terrorismo. No entiendo por qué, pero la experiencia lo demuestra. La ruptura de políticas coordinadas entre Venezuela y Estados Unidos ha dejado abiertos los espacios a esos perniciosos agentes de la desestabilización. Un informe del Congreso de Estados Unidos indica que la exportación de cocaína desde Venezuela se ha cuadruplicado desde 2004, “con la complicidad de funcionarios civiles y militares del gobierno, quienes protegen y colaboran con la guerrilla colombiana”. Si esta es la situación, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas que proponen los cuestionadores de la cooperación Colombia-Estados Unidos? ¿Prefieren, acaso, que en la región se impongan los barones de la droga?
Es lamentable comprobar que avanzado el siglo XXI los latinoamericanos no seamos capaces de andar sin muletas extranjeras. Sin embargo, no estarán en peligro nuestras instituciones democráticas, por el contrario, esta experiencia contribuirá a preservarlas porque el narcotráfico y el terrorismo no pueden imponerse sobre consideraciones de orden superior. Estoy persuadido de que Colombia sabrá establecer los límites de la soberanía que no pueden ser vulnerados, que serán garantía para los países vecinos. Los viejos escrúpulos han sido derrotados por las nuevas realidades. No es algo de lo que nos sintamos ufanos.
* Ex canciller venezolano.