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Al menos 400 mujeres han sido asesinadas en 15 años en Ciudad Juárez.

Si hay algo que molesta y preocupa a las mujeres de Chihuahua, norte de México, es que la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón termine opacando y entorpeciendo el proceso por lograr justicia en lo que hoy se conoce como “feminicidios”: la desaparición, violación y asesinato de mujeres humildes y trabajadoras en Ciudad Juárez y poblados aledaños.

Por eso ayer una decena de organizaciones sociales protestaron con indignación ante el anuncio del presidente mexicano de nominar como fiscal general a Arturo Chávez Chávez, quien durante los años noventa ocupó altos cargos en el sistema judicial de Chihuahua y es uno de los principales acusados, por parte de las organizaciones de mujeres, de haberles restado importancia a los feminicidios.

Chávez Chávez fue subprocurador de Justicia de Chihuahua y delegado de la Procuraduría General de la República en ese estado. “Durante su estancia en Chihuahua, los casos de violencia contra las mujeres fueron manejados de manera inadecuada: los expedientes no recibieron el trato debido y hubo ausencia parcial o absoluta de información a los familiares de las víctimas”, explica Irma Casas, directora de psicología de Casa Amiga, organización que se ha unido a la campaña para que el Congreso mexicano no ratifique a Chávez Chávez, quien entraría a reemplazar a Eduardo Medina Mora. La salida de este último, considerado uno de los pilares en la lucha del gobierno contra los carteles, fue vista por muchos como símbolo de las fracturas que existen entre los organismos de seguridad nacional, especialmente entre la Procuraduría General y la Secretaría de Seguridad Pública.

A Chávez Chávez se le atribuye, según versiones circuladas en la sección “Bajo reserva”, del diario mexicano El Universal, una de las frases más lamentables de la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez: “Las violan y las matan por prostitutas”. En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que fuera investigado por “omisión o negligencia”. Nada se hizo al respecto.

Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se prepara para emitir un fallo en el caso del Campo Algodonero, una demanda contra el Estado mexicano por su negligencia,  a nombre de tres de ocho mujeres halladas sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre 6 y 7 de 2001.