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Indígenas mapuches protestan en Buenos Aires, Argentina, y reclaman la propiedad de sus tierras.

Piedra Pintada es un resort de lujo situado a orillas del lago Pulmarí, en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina. Sin embargo, sus habitaciones están cerradas desde febrero, cuando los indígenas mapuches invadieron el predio. Ellos arguyen que están recuperando territorio que les pertenecía de antaño. De esa época en que la región de la Araucanía, descrita por el español Alonso de Ercilla, era intransitable, desierta y conocida únicamente por sus habitantes originales.

Desde hace varios meses, escuelas, casas, quintas de recreo, hoteles y amplios terrenos privados han sido invadidos —“recuperados”— por mapuches a lo largo y ancho de toda la Patagonia, no siempre de una forma pacífica. La disputa que comenzó de forma silenciosa, derivó en denuncias judiciales y en enfrentamientos con la policía, de un lado y otro de la cordillera de los Andes.

En Chile, la presidenta Michelle Bachelet decidió aplicar la ley antiterrorista a aquellos indígenas que protestaban por sus tierras cortando el tránsito, y desalojando a los propietarios de los terrenos que ellos consideran suyos. La represión policial terminó en la golpiza de varios indígenas.

Del lado argentino, la muerte de otro par en misteriosas circunstancias ha hecho que el conflicto tome otro tenor. Las autoridades incluso los acusan de haber hecho que las monjas de la escuela Mamá Margarita —en Junín de Los Andes— se llevaran el féretro de una hermana sepultada en los terrenos de la escuela.

“Además de que la escuela está en territorio mapuche, era una intromisión del catolicismo sobre nuestras creencias”, se defiende Jorge Nahuel, ideólogo de la Confederación Mapuche y uno de los principales líderes indígenas en Argentina. “Reclamamos del Estado un reconocimiento territorial en el que podamos tener control, uso y administración de nuestros recursos naturales”, dice Nahuel.

Los mapuches chilenos han dado un paso más. Hace un par de semanas, y tras varios días de enfrentamientos con la policía, renunciaron a su nacionalidad y declararon explícitamente la guerra contra el Estado. En el país gaucho, por su parte, aunque el conflicto no ha tomado tanto vuelo, las autoridades temen que resurja la intención de restablecer la Araucanía, o patria mapuche, esa antigua dominación de los tehuelches y los araucanos que incluye territorios argentinos y chilenos, de costa a costa, entre los ríos Colorado y Bío Bío.

Entre tanto, quienes presentan títulos legítimos de propiedad sobre esos lugares no se han quedado de brazos cruzados. Acusan a los activistas indígenas de estar infiltrados por organizaciones de extrema izquierda y de mantener relaciones con las Farc de Colombia y con el Batasuna vasco, brazo político de Eta.

La denuncia viene del hermano del gobernador de Neuquén, Carlos Sapag, quien siembra suspicacias sobre los fondos económicos de los mapuches. “¿De dónde sacan para sostener teléfonos satelitales y camionetas cuatro por cuatro?”, pregunta, para luego afirmar que tiene en su poder la carta de un personero chileno de la Confederación mapuche a favor de las Farc. En los medios de comunicación chilenos, igualmente, trascendió que los organismos de inteligencia encontraron cuadernos de un militante mapuche que reconoce haber estado en campos de entrenamiento de esa organización, en la selva limítrofe entre Ecuador y Colombia.

Por su parte, la Policía Federal Argentina le sigue la pista a cinco militantes de la ONG Askapena, de origen vasco, quienes desde hace tres años han estrechado sus vínculos y su ayuda a las organizaciones mapuches del sur del país. Por lo pronto, resulta imposible determinar la cantidad de hectáreas reclamadas por los mapuches como propias. Ellos siguen en pie de lucha, hablando del reconocimiento de un “Estado mapuche”. Hacen gala de esa fama ganada en las épocas de la Conquista, de indígenas valientes y guerreros. Y perseverantes. Por eso, mientras los gobiernos chileno y argentino tratan de calmar la situación, ellos esperan al lado de las carreteras que circundan los terrenos ocupados.