En el auditorio principal del centro de convenciones de Albuquerque, alrededor de 1.000 estadounidenses gritan en español “Sí se puede, sí se puede”. Es el cierre de la quinta Conferencia Internacional de Reforma de Política de Drogas, el evento más grande del mundo de organizaciones y personas que trabajan para acabar con la prohibición de las drogas.
Después de tres días de conferencia, que incluyeron tres plenarias, 28 paneles, 24 mesas redondas y 11 talleres, el evento cerró con un discurso del ex gobernador de Nuevo México Gary Johnson. Miembro del Partido Republicano, Johnson fue el primer alto mandatario en apoyar un debate “honesto y abierto” sobre la legalización. “En las reuniones de gobernadores me encontraba a muchos colegas que en voz baja me apoyaban. Hoy cada vez más lo están haciendo en público”, dijo Johnson. El más célebre de todos es Arnold Schwarzenegger, de California.
Nuevo México, el estado anfitrión del evento, tiene frontera con México y ha padecido desde hace años lo que ellos llaman “daños asociados a la prohibición de las drogas”. El millar de asistentes canta “Sí se puede” en español, como tributo al liderazgo de este estado en reformas progresivas de la política de drogas, entre las que se cuentan programas de intercambio de agujas, límites a la criminalización de los consumidores de drogas y legalización de la marihuana medicinal.
Nuevo México es uno de los 13 estados de la Unión que ha legalizado el uso medicinal de la marihuana. Una tendencia que se esparce por la nación como la favorabilidad de la medida entre los ciudadanos. Una encuesta Gallup de 2009 dice que 44% de los estadounidenses están de acuerdo con su legalización. No se trata de una porción mayoritaria, pero si la tendencia de los últimos años se mantiene, lo será pronto. La favorabilidad de la legalización se mantuvo estable en 25% entre los años 70 y 90, y subió a un 31% en 2000. Por eso el 44% actual da para pensar en mayorías, tal vez antes de que termine la década.
Cuando todo lo anterior se mezcla con la elección de Obama y el reciente memorando del fiscal general, Eric Holders, ordenando a la justicia federal dejar de perseguir a los dispensarios legales de marihuana, se tiene la fórmula de un optimismo electrizante. Pasos de bebé para miles de activistas que durante años han persistido mientras las políticas reformistas a duras penas gatearon.
“Hoy estamos al borde de un proceso de transformación”, afirmó Ira Glasser, presidenta de Drug Policy Allience, la organización más influyente en el tema de la reforma de política de drogas, con un flujo de caja anual de más de 9 millones de dólares, donados en parte por el multimillonario George Soros. Glasser habla emocionado y compara el momento actual con la caída del muro de Berlín. ¿Exceso de entusiasmo? Definitivamente los asistentes que aplauden y corean no lo ven así, ni siquiera luego de que el actual gobernador de Nuevo México se excusara de asistir a la ceremonia inaugural del evento “porque tuvo que firmar unas leyes a último momento”.
País de contrastes
Estados Unidos reúne la legislación más dispar en política de drogas. Mientras en California, con unos 99 dólares cualquier ciudadano puede conseguir una licencia para comprar marihuana medicinal, en el país ha habido 39 millones de arrestos por crímenes no violentos relacionados con las drogas.
Johnathan, un californiano de 28 años de la organización Estudiantes por Una Política de Drogas Sensata, muestra el recipiente con alrededor de 10 gramos de marihuana que llevó a Albuquerque. “Mostré mi licencia en el aeropuerto de San Francisco y ya”, explica. Jonathan dice sufrir de ansiedad. “Podría haber ido al médico a que me recetara pastillas psiquiátricas, pero me parece que la marihuana es más saludable y, por supuesto, más divertida”.
Al mismo tiempo, por los mismos pasillos del centro de convenciones, donde hay hasta cinco paneles y mesas redondas simultáneamente, camina Tony Papas. Papas, un gringo de origen puertorriqueño, pasó seis años en la cárcel luego de haber sido encontrado con cocaína en Nueva York. Fue juzgado bajo las severas leyes Rockefeller y recibió una condena de mínimo 15 años. Luego de convertirse en un célebre artista en prisión, recibió un perdón por el gobernador de su estado y ahora es activista para mostrar que las leyes contra las drogas son en realidad leyes contra los negros y los latinos. “Por cada blanco en prisión por drogas, hay cuatro latinos y siete negros. Sin embargo, los estudios muestran que el consumo de drogas es igual en todas las razas”.
Como la organización de Papas, Antes Encarcelados, el movimiento de reforma está compuesto por más de 20 organizaciones con enfoques diversos. Agentes de la Ley Contra la Prohibición reúne a policías, fiscales y jueces; Iniciativa de Política de Drogas Interfe, tiene más de 900 clérigos de distintas denominaciones; la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos congrega a académicos investigadores del uso de sustancias como el MDMA (compuesto principal del éxtasis) para tratar enfermedades psiquiátricas; Madres Contra el Uso y Abuso de Drogas; La Marihuana es Más Segura que el Alcohol; la lista sigue, conformando un movimiento heterogéneo pero unido.
El público en los eventos refleja esta mezcla. Hombres y mujeres entrados en sus 60 con pinta de hippies. Estudiantes, unos pulcros y elegantes, otros con rastas y pelo teñido. Hombres maduros de pelo corto con mensajes en sus camisetas como “Los policías queremos acabar con la guerra contra las drogas. Pregúnteme por qué”. Científicos y profesores universitarios tímidos cargando maletines. Ex presidiarios negros de carcajadas ruidosas.
“Somos la gente que odia las drogas; somos la gente que ama las drogas; somos la gente que no le importan las drogas. Pero todos estamos de acuerdo en que la forma para enfrentar las drogas no es la guerra contra las drogas”, explica Ethan Nadlemann, de Drug Policy Allience, el líder, elevado a veces a alturas proféticas, del movimiento.
Más allá de la guerra
El movimiento de reforma se toma en serio su optimismo. La organización Transformar la Política de Drogas, con sede en Londres, presentó en la conferencia su “Hoja de ruta para un mercado regulado de las drogas”. Aunque todavía hay un énfasis en mostrar los perjuicios de la prohibición, con el caso de México como principal ejemplo, el objetivo es pasar de la oposición a la guerra contra las drogas a la formulación de propuestas para la legalización.
El documento, considerado como el ejercicio de visión a futuro más completo de una eventual legalización, y reseñado ya por la revista The Economist, fue presentado como “el libro que hace a las drogas aburridas”, según uno de sus editores, Danny Kushlick. Para Kushlick, “la legalización no es un fin en sí mismo, sino un paso necesario para regular las drogas”. La hoja de ruta hace una propuesta para pasar del “emocionante” mundo de narcos, crimen y calles oscuras, al “aburrido” control de burócratas, científicos y médicos. “No es sólo reducción de daños, también es reducción de drama” (ver entrevista en la página siguiente).
Cocaína en la mira
A pesar de que el discurso pro legalización está especialmente avanzado cuando se trata de la marihuana, los reformadores de las drogas consideran los estimulantes y los opiáceos también como una prioridad. Estas son las drogas que causan mayores daños a sus usuarios, en especial el derivado de la cocaína, crack, y la heroína inyectada. Por eso Mark Haden, de la organización canadiense Salud Costal Vancouver, opina que son estas drogas con las que hay que empezar a regular.
Si por un momento nos tomáramos en serio el alcance y el músculo de este movimiento dentro de Estados Unidos, y supusiéramos que en un futuro no tan lejano el mayor productor del cocaína del mundo va a ser el gobierno de Estados Unidos, surgen para Colombia preguntas sugestivas.
¿Colapsaría la economía? ¿Qué haríamos con los miles de encarcelados por narcotráfico? ¿Habría una crisis agraria? ¿Cómo se recordaría la historia de violencia y guerra provocada por el tráfico de cocaína? ¿Se acabaría la guerra?