Nicaragua está sumida en una grave crisis institucional desde que en enero el presidente Daniel Ortega prorrogara por decreto el mandato vencido de magistrados del Tribunal Supremo, Contraloría de la República, procurador de Derechos Humanos y magistrados del Consejo Electoral. Estos últimos funcionarios, incondicionales de Ortega, sin legalidad alguna aprobaron un cambio constitucional que permitía la reelección del mandatario. La oposición tachó esta acción como un golpe de Estado, lo que intensificó una pugna entre oficialismo y oposición.
Según la ley, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, debe aprobar la prórroga del mandato de los funcionarios. Pero adicionalmente para frenar esta maniobra los diputados quieren anular el decreto presidencial. Y de ahí la violencia para impedir que sesione el Congreso.
La semana pasada el presidente nicaragüense lanzó a la calle a decenas de jóvenes para impedir por la fuerza que el Congreso pudiera reunirse. Durante tres días, los diputados de la oposición estuvieron cercados por jóvenes que les lanzaron piedras, cohetes y palos. Con este vandalismo se pretendía impedir la anulación del decreto.
Los manifestantes, integrados en parte por pandilleros, sitiaron al Congreso, hirieron a diputados, quemaron carros y destrozaron un hotel al que se trasladaron los políticos al no poder reunirse en el Legislativo.
El presidente Ortega ejerció su poder de veto, pero los legisladores reunieron el número suficiente de votos para mantener firme su pronunciamiento. Ortega afirmó que a pesar de eso no tiene intenciones de cambiar sus planes. “No le están haciendo daño al gobierno. Es al pueblo, porque están paralizando su trabajo y me obligarían a mí a gobernar por decreto”, dijo el presidente.
Mauricio Díaz, ex embajador, vicepresidente del Partido Socialcristiano, declaró al periódico español La Vanguardia que Ortega, quien controla el poder electoral, el Ejecutivo y el Judicial, “ordenó el vandalismo para forzar su reelección por medio de la intimidación”.
Pero los legisladores no darán marcha atrás y el lunes iniciaron una serie de consultas constitucionales para aprobar una ley que derogue el decreto que generó la crisis. En declaraciones publicadas por El Nuevo Diario de Managua, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el liberal José Pallais, reconoció que el sandinismo tratará por las vías de hecho o legales de detener estas consultas, para que la iniciativa que se propone anular el decreto de Ortega no llegue a junta directiva ni al plenario del Congreso. “Los diputados de las bancadas democráticas, que somos parte de la comisión que redactará el dictamen, estamos clarísimos de que debemos tener mucha voluntad y de resistir y persistir”, dijo Pallais
“Ortega quiere imponer su reelección a sangre y fuego. Tendremos que pagar un alto costo para impedirlo, Nicaragua se juega la vida”, advirtió el analista Fabián Medina. Según una encuesta publicada por el diario La Prensa, el 69,4% de los nicaragüenses no votarían hoy por Ortega.
Colombia espera pronto regreso de barcos detenidos
La Armada colombiana está esperando a que Nicaragua devuelva las embarcaciones detenidas la semana pasada por autoridades de ese país para establecer qué fue lo que pasó. Para el país centroamericano, los colombianos estaban en aguas internacionales, pero los pescadores detenidos lo niegan. “El gobierno nicaragüense nos secuestró, estamos aquí porque fuimos secuestrados, estábamos durmiendo, nos atropellaron, estábamos en Serranía”, denunció uno de los detenidos, el cocinero Ulises Serrano, al periódico ‘La Prensa’ de Managua.
Sin embargo. el jefe del Distrito Naval Atlántico (DNA), Ángel Fonseca Donaire, aseguró que los colombianos estaban en aguas nicaragüenses y que tenían cerca de tres mil libras de caracol, mil de langosta y 500 libras de pescado. “Esta pesca está prohibida en nuestro país y ellos se llevan los recursos”, concluyó.