El hecho de que pertenecer a la Comisión II del Senado o de la Cámara —donde dichos temas se debaten— sea considerado por la mayoría de los congresistas como un “castigo”, confirma la irrelevancia de los asuntos mundiales dentro de la vida política nacional.

Es de esperar que el conocimiento de la población colombiana sobre “lo internacional” también sea algo precario, o que simplemente refleje las prioridades y acciones de los gobiernos, los cuales, ante el vacío general de fuentes alternativas de información, dictaminan en gran medida cómo debe opinarse. Sin embargo, la versión 2010 de la encuesta Colombia y el Mundo, que será presentada mañana por la Universidad de los Andes, revela algunas tendencias sugestivas sobre la opinión de los colombianos acerca de la realidad mundial.

Si bien con el viraje que el gobierno Santos le ha dado a la política exterior, Colombia ha dejado de ser el “Tíbet de Sudamérica”, sus habitantes siguen viviendo en una isla. El beneplácito relativo que manifiestan ante las ideas y costumbres foráneas no se traduce en un contacto directo con el mundo ni una apertura real. Aunque la mitad tiene familiares que viven fuera y también se iría del país de tener la oportunidad, tan solo 25% ha viajado al exterior o conoce a algún extranjero. La inmensa mayoría se opone a otorgar derechos políticos y laborales plenos a los inmigrantes residentes en Colombia, aun cuando éstos son nacionalizados.

Pese a lo anterior, los colombianos se identifican ampliamente con valores “universales” como la protección de los derechos humanos. Su alta valoración de éstos en la política mundial se suma a un fuerte apoyo a la intervención internacional para evitar violaciones graves, así como el papel ejercido por los tribunales internacionales.

En cuanto a las contrapartes de la política exterior colombiana, la población nacional no ve como opciones excluyentes la preservación de una relación estrecha con Estados Unidos y la intensificación de la interacción con América Latina, región que se identifica como prioritaria. Frente a los vecinos cercanos existe una apreciación positiva, sobre todo en el aspecto comercial, a pesar de que los índices de desaprobación de los gobernantes de Ecuador y Venezuela son muy altos. Si bien frente a Estados Unidos hay una aceptación mayoritaria de la ayuda que recibe Colombia para combatir las drogas ilícitas y la guerrilla, cuando ésta implica una participación directa de agentes estadounidenses y por ende una cesión de la soberanía, el índice de aprobación disminuye.

Finalmente, es interesante observar que los colombianos favorecen la participación de la comunidad internacional —especialmente Estados Unidos, la ONU y América Latina— en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado por encima de una alternativa militar en la que tropas estadounidenses participen. Ello sugiere que no sólo existe un conflicto según las condiciones empíricas establecidas para definir a éstos, sino que, aún más importante, la opinión pública cree que existe un conflicto armado en Colombia y prefiere los mecanismos diplomáticos por encima de las soluciones violentas.