Emilio Otero Dajud, blindado

Emilio Otero Dajud, de Sahagún (Córdoba), llegó al Congreso hace 24 años a trabajar como mensajero. Hoy es uno de los funcionarios con más poder. / Archivo

El Senado se prepara para elegir el próximo 2 de julio a su secretario general para el período 2012-2014 y Emilio Otero Dajud, quien lleva 10 años apoltronado en el cargo, está listo para buscar su reelección. Desde allí ha acumulado tal poder que, pese a la cantidad de denuncias en su contra debidamente documentadas, parece blindado contra la justicia. Gracias a su cargo ha cultivado una estrecha relación con los congresistas, quienes para cualquier trámite en el Senado tienen que acudir a él. Esto, quizás, ha sido su principal escudo ante los detractores que también ha ganado a lo largo de su carrera en las entrañas del poder.

Las denuncias en su contra no son de poca monta. Van desde posibles irregularidades en multimillonarios contratos, supuesta injerencia ilegal en la aprobación de leyes, presuntos nombramientos ilegales y viajes sin tener autorización, hasta posibles nexos con personas vinculadas a la mafia. Curiosamente, los procesos que llegan a Procuraduría y Fiscalía avanzan un poco y luego se congelan. Hoy no tiene antecedentes registrados.

Uno de los casos que podría reflejar cómo Otero ha salido bien librado de los procesos es el de una sanción que le impuso la Procuraduría hace 14 años y que jamás se hizo efectiva. En primera instancia lo destituyó por cinco años y en segunda instancia la sanción se rebajó a una suspensión de tres meses. El caso: presuntas irregularidades en la firma de tres contratos mientras fue director administrativo encargado del Senado en 1994. Pese a que Otero acudió a todas las instancias judiciales, todas ratificaron la sanción, pero sigue sin hacerse efectiva ya que hay una tutela que el Consejo de Estado debe resolver.

A todo esto se suma ahora un nuevo ingrediente por cuenta de la controvertida reforma a la justicia: Otero es uno de los beneficiados. Fuera del poder que ha acumulado durante este tiempo, se vestiría con una nueva armadura que definitivamente lo tendría blindado frente a todas las denuncias que hay en su contra: sería un nuevo aforado, como los congresistas. Todos los procesos que están estancados en Fiscalía y Procuraduría tendrían que pasar a un nuevo órgano de justicia. Falta ver si, como lo anunció el presidente Santos, a la controvertida reforma se le puede echar reversa.

Pese a las denuncias, Emilio Otero es inocente frente a la justicia y avanza con tranquilidad en su campaña para la sexta elección como secretario, buscando apoyo bancada por bancada, para seguir manejando por otros dos años el orden del día de cada plenaria y el de la discusión de los proyectos, estar pendiente del quórum a la hora de aprobarlos y seguir asignando las oficinas y los vehículos a los senadores. Si los parlamentarios quiere “privilegios”, saben que debe estar en su lista de amigos.

El Espectador intentó comunicarse con Otero, pero no se pudo establecer comunicación. Sin embargo, al margen de la controversia, en otras oportunidades él ha resaltado que su trayectoria ha sido limpia y transparente, y que le parece curioso que estas denuncias se revivan en la recta final de la elección de secretario del Senado.

Denuncias contra el secretario general

Código Minero

Denuncia penal y queja disciplinaria radicada desde junio del año pasado en Fiscalía y Procuraduría, respectivamente. El caso está relacionado con el escándalo que se desató tras la modificación del Código Minero. De acuerdo con la denuncia, envió la ley para sanción presidencial, sin que hubiera sido aprobada por el Senado, argumentando que lo hacía por instrucción expresa del entonces presidente del Senado, Javier Cáceres. Sin embargo, después se supo que Cáceres no había dado la orden, ya que no hubo consenso para la aprobación del proyecto y debía ser archivado. Por este caso lo señalaron de haber usurpado funciones de la presidencia del Senado, de haber incurrido en falsedad en documento y de fraude procesal.

Firmas a distancia

Un veedor ciudadano denunció que Otero Dajud salió del país el 3 de enero de 2011 y regresó el 10 de enero. A pesar de esto, su firma como secretario del Senado aparece en 18 resoluciones de la Dirección General Administrativa del organismo, fechadas entre el 3 al 7 de enero de ese año. Según la denuncia, se cometió falsedad ideológica en documento público. Además, señalan que viajó sin estar de vacaciones, licencia no remunerada o comisión oficial. El denunciante pidió que se verificaran los registros del DAS sobre su salida del país, además de la inspección ocular de las resoluciones. “Una vez se verifiquen las pruebas, dar traslado a la Procuraduría para su respectiva investigación”.

Contacto de Juan Felipe Sierra

Bajo el radicado número 2010-32053, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Otero por sus presuntos nexos con el empresario antioqueño Juan Felipe Sierra, enlace entre funcionarios del Gobierno y la organización delincuencial de alias ‘Don Mario’. En una de las conversaciones interceptadas por las autoridades en la investigación contra el exfiscal Guillermo León Valencia Cossio (ya condenado), se menciona al secretario del Senado como el contacto de Sierra para facilitar la gestión de la compra de armas a Indumil con destino a la empresa de vigilancia Control Total, que también estaba al servicio de la organización delincuencial. Otero admitió que conocía a Sierra, pero negó tener negocios con él. En la base de datos de la Procuraduría no aparece registrado el proceso.

Nombramientos irregulares

Lo denunciaron penal y disciplinariamente por usurpación de funciones, tráfico de influencias, abuso de funciones públicas y prevaricato por el nombramiento de Ana Carolina Sánchez en la Secretaría del Senado. El argumento para la demanda es que Otero postuló a Sánchez y luego firmó con el director administrativo la resolución de nombramiento. La irregularidad estaría fundamentalmente en que el secretario del Senado no tiene la facultad para postular, pues esa es potestad de la mesa directiva. En la misma denuncia se mencionan otros nombramientos de funcionarios que no cumplían los requisitos ni estaban inscritos en la carrera administrativa.

Encargo irregular

Presentaron queja disciplinaria por encargar en 2008 a Orlando Rico Rodríguez como jefe de la división jurídica sin que cumpliera el requisito de tres años de experiencia. Antes del encargo, Rico se desempeñaba como relator grado 4 y al momento de asumir la división jurídica apenas habían pasado dos años desde que obtuvo su título como abogado. A pesar de que estaba en la relatoría desde 2004, ese era un cargo técnico y no profesional. Por un caso similar, la Procuraduría abrió investigación contra la exdirectora administrativa del Senado Selma Samur Sánchez. A pesar de esto, no se conoce investigación contra Otero.

Acción de repetición

Cuando el actual secretario del Senado fungía en 1994 como director administrativo encargado, firmó la resolución 1257 en la que se aceptaba la supuesta renuncia de la funcionaria Yamile Torres Santana, que ella nunca presentó. Por esta resolución, Torres Santana demandó la corporación y el Senado tuvo que pagarle casi $230 millones. Pese a que Otero fue quien firmó el documento, el Comité de Conciliación del Senado interpuso acción de repetición contra Rafael Pabón Díaz, quien lo reemplazó en el cargo, aunque nada tenía que ver. Cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que Pabón no era el responsable y cuestionaba el hecho de no haber presentado la acción de repetición contra Otero, ya se habían vencido los términos para iniciar acciones contra él.

Tiquetes aéreos

Presentaron denuncia relacionada con el manejo del multimillonario contrato de suministro de tiquetes aéreos para el Senado, que sólo en un año costó cerca de $4.000 millones. En los últimos cinco años, el contrato lo ha ejecutado Subatour. De acuerdo con la denuncia que se presentó ante la Procuraduría, la agencia no cumple el contrato y posiblemente hay irregularidades en el manejo de los tiquetes que los congresistas no usan y otros que al parecer usan parientes de funcionarios del Senado.

Desviando caso de pérdida de investidura

Mediante un derecho de petición, un ciudadano le solicitó al Consejo de Estado que pidiera a la autoridad competente iniciar investigación contra Otero, argumentando que posiblemente estaría interviniendo para desviar una investigación por pérdida de investidura que se adelanta en esa corporación contra el representante a la Cámara Miguel Jesús Arenas Prada. Supuestamente estaba cambiando su versión frente a la de documentos que ya estaban escritos. El magistrado Mauricio Fajardo, entonces presidente del Consejo de Estado, notificó el 11 de mayo de 2011 de la solicitud al senador Armando Benedetti Villaneda, quien para ese momento era presidente del Senado.

Requisitos para ser secretario del Senado

Al secretario general lo eligen los congresistas en plenaria, para un período de dos años, contados a partir del 20 de julio. Para aspirar al cargo es necesario ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años.

El salario mensual alcanza los $21 millones, cifra en la que se incluye el sueldo básico, primas de gestión, técnica y de antigüedad. Además, cuenta con primas y bonificaciones semestrales, prima de Navidad, vacaciones y de servicios, que suman al año casi $80 millones más. En total recibe al año casi $340 millones.

Los interesados pueden enviar su hoja de vida con foto, fotocopia de la cédula, antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, antecedentes fiscales de la Contraloría y certificado judicial. Los documentos se envían a la Comisión de Acreditación documental del Senado o la Cámara, que luego somete los nombres de todos los aspirantes a consideración de los congresistas.