Hace 19 años causó revuelo en la justicia porque acudió voluntariamente a la Procuraduría y, como ex miembro del batallón de inteligencia Charry Solano, la emprendió contra esta unidad militar señalándola de promover varios casos de secuestro y desaparición forzada.
En 1996 se retractó, pero buena parte de su información o había sido comprobada o dio origen a múltiples procesos judiciales. En 2008, revivió su testimonio en el expediente por desapariciones en el Palacio de Justicia. Ahora regresa con carácter urgente.
Se trata del ex sargento viceprimero de inteligencia militar, Bernardo Garzón Garzón, cuya presencia en Colombia es tan determinante para aclarar varios episodios judiciales de los años 80, que un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos le solicitó a la Dijín de la Policía que libre en su contra una circular roja para que pueda ser detenido en cualquier parte del mundo. La orden se desprende de una investigación para aclarar casos de desaparición forzada en los que ya han sido vinculados otros ex miembros de inteligencia militar.
Esta historia comienza el 22 de enero de 1991, cuando involucrado en un caso de secuestro y “abandonado por sus superiores”, el sargento Garzón Garzón fue a la Procuraduría y, entre otros casos, detalló cómo miembros del batallón de inteligencia Charry Solano habían participado en la ejecución del negociador del Epl, Óscar William Calvo en 1984; en la desaparición de la activista política del M-19 Nidia Érika Bautista en 1987; y en la desaparición de Amparo Tordecillas, compañera de un comandante del Epl en 1989.
Además involucró a la Unidad Militar en el secuestro y asesinato de Antonio Hernández y del secuestro, con fines de desaparición, de Guillermo Marín y José Cuesta. Estas tres víctimas eran en su momento integrantes del M-19. Pero lo paradójico, como se demostró posteriormente, es que el sargento Garzón Garzón se había infiltrado en la organización ilegal, donde participaba en acciones militares bajo el apodo de Lucas. Es decir, fungía como compañero de armas de los militantes del M-19 que después secuestró para desaparecerlos.
Sólo que en estos tres casos la acción ilegal no salió como él y sus compañeros de inteligencia militar lo esperaban. El 8 de abril de 1986, después de una reunión secreta del M-19 en el centro de Bogotá, dos de los asistentes fueron secuestrados en distintos puntos de la ciudad. Después de ser torturados, como lo confesó años después el sargento Garzón, a ambos los introdujeron en sacos para empacar arroz y los balearon. El cuerpo sin vida de Antonio Hernández apareció en la vía a Choachí, pero milagrosamente Guillermo Marín no murió.
Atado de pies y manos, con signos de tortura y varios disparos en el cuerpo, envuelto en un saco Guillermo Marín fue arrojado en el parque La Florida. Con tan buena suerte que a un grupo de policías, que coincidencialmente estaban en el sector, le causó curiosidad el contenido del saco y se encontró con el hombre mal herido. Marín sobrevivió y desde entonces vive exiliado en Europa. Pero desde entonces tuvo claro, porque lo tuvo al frente como interrogador, que el hombre que quiso desaparecerlo era su compañero Lucas, es decir el sargento Bernardo Garzón.
En aquella época este caso no se investigó y Garzón siguió en lo suyo. La prueba es que el 18 de julio de 1988, cuando llegaba a su casa, él mismo secuestró al dirigente del M-19 José Cuesta, conocido como Mario. Y hubiese corrido la misma suerte que Hernández si no es porque en esos mismos días, el M-19 había secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado y condicionó su vida a que José Cuesta apareciera sano y salvo. Así sucedió, pero Cuesta no olvidó a Lucas y años después narró todo lo sucedido en su libro ¿A dónde van los desaparecidos?
Cuando Garzón confesó en 1991, de su puño y letra admitió que tanto en el caso Cuesta como en el de Marín, “la orden había sido impartida por el coronel Iván Ramírez”. Pero en ese momento nada sucedió y, en cambio, en 1996 reapareció para retractarse. Siguieron pasando los años hasta que en 2005, cuando la Fiscalía decidió revivir la investigación por las desapariciones en el Palacio de Justicia, alguien recordó que Garzón había dado pistas sobre el tema, al decir que sus compañeros de inteligencia habían desaparecido a Irma Franco.
Entonces, recobró importancia la confesión de Garzón Garzón, y de paso un fiscal de Derechos Humanos revivió el episodio de Guillermo Marín. Este último ratificó sus señalamientos contra el sargento y reconoció a otros de sus secuestradores: los ex agentes de inteligencia Gustavo Arévalo y Camilo Pulecio. Hoy están detenidos, precisamente porque un fiscal de Derechos Humanos, un cuarto de siglo después, dictó en su contra medida de aseguramiento como presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo, tortura y homicidio tentado agravado.
En cuanto a José Cuesta, un fiscal concluyó que su caso era un secuestro simple y ya había prescrito. Cuesta, hoy subdirector de promoción del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, apeló el caso. Además decidió convertirse en testigo contra el general Iván Ramírez, en el proceso que se le sigue por desapariciones en el Palacio de Justicia. Esta situación le ha generado una crítica condición, y la prueba es que el pasado 17 de junio, el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, calificó su caso como de nivel extraordinario de riesgo.
Hoy, Guillermo Marín continúa en el exilio, José Cuesta vive amenazado y el general Iván Ramírez Quintero, ex jefe de inteligencia militar, sigue preso. De alguna manera, todos siguen pendientes de que reaparezca el ex sargento Bernardo Garzón Garzón, que en septiembre de 2009 se comunicó por última vez a la Fiscalía desde Panamá. Ahora el ente investigador, a través de una circular roja, busca que la policía internacional lo encuentre, pues sería clave para aclarar muchos episodios de secuestro y desaparición forzada de los años 80.