Hace 10 meses, en una decisión que causó conmoción entre las toldas uribistas, por presunta relación con el paramilitarismo, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra la senadora Adriana Gutiérrez, aliada política de dos de los ases del Jefe del Estado: el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el director del programa Acción Social, Luis Alfonso Hoyos. Hoy, su suerte está echada, pero a las puertas de conocer la decisión de la Corte, la congresista esgrimió una carta inesperada.
En un hecho sin precedentes en el escándalo de la parapolítica, a través de su abogado Mauricio Pava, la parlamentaria Gutiérrez aportó como prueba de su defensa una grabación telefónica obtenida mediante un contrato con una multinacional inglesa experta en investigaciones privadas, donde ella conversa con un copartidario que terminó en la cárcel por irregularidades en la expedición de visas a ciudadanos chinos con documentos falsos y en la cual su interlocutor le advierte que le están ofreciendo beneficios si declara en su contra.
La grabación dura ocho minutos y 30 segundos y la senadora Gutiérrez conversa con Víctor Manuel Botero, ex funcionario consular de Colombia en Panamá, conocido de la congresista desde que ambos colaboraron en la campaña de Germán Cardona a la alcaldía de Manizales y activo simpatizante de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002. De hecho, el presidente Uribe lo nombró vicecónsul en 2004, hasta que se vio envuelto en el escándalo de las visas falsas a ciudadanos chinos y terminó en la cárcel.
En términos generales, la conversación se desarrolla normalmente hasta que Botero le advierte a la senadora Gutiérrez que está preocupado porque le quieren hacer daño. Ella indaga por qué, y muy sigilosamente su interlocutor le dice que es por una reunión en La Dorada en la primera campaña del presidente Uribe, con un personaje que se entregó. Más adelante le insiste que el personaje le dijo que le podía conseguir la detención domiciliaria si aportaba una declaración.
La conversación avanza en términos muy ambiguos y Víctor Botero, más cuidadoso que la senadora, le dice que el asunto es muy maluco y suelta un apellido: Cifuentes. La congresista insiste en preguntarle por el personaje. Botero le dice que los nombró a todos, incluso al presidente Uribe, y después de insistir en que le diga su nombre, finalmente el interlocutor le contesta: José Fernando Cifuentes. Y luego agrega que no le creyó, pero que él le dijo que conocía su caso y que le podía conseguir beneficios para obtener la detención domiciliaria.
La congresista le lleva la cuerda y Botero termina diciéndole que debo mandar a alguien para que destruyan cualquier cosa que tengan en La Dorada. Ella insiste en preguntarle cómo era el otro señor que acompañaba a Cifuentes y Víctor Botero responde: “No sé si es del DAS o de la Fiscalía, yo no sé, ese tipo no me gustó”. La congresista añade que “es una cosa muy aterradora lo que está pasando”. Entonces Víctor Botero se despacha: “Es una persecución, créame”. Y segundos después agrega: “te mencionaron a ti y al Presidente”.
La congresista le dice que va a hablar con su abogado y su interlocutor le insiste en que lo maluco es que anden con la persecución buscando gente. Ella le pregunta directamente que qué le ofrecieron y Botero le describe que desde la domiciliaria hasta un revisión . Y segundos después le advierte: “Para que sepa qué terreno está pisando y por dónde van”. Después se despiden, se escucha el timbre de otro teléfono y ambos cuelgan y se despiden cordialmente.
En notaría
El pasado 12 de abril, la firma McLarens Investigaciones reporta los resultados de su investigación y con base en ese informe la congresista Adriana Gutiérrez acude a la Notaría Segunda del Circuito de Manizales y certifica que conoce a Víctor Manuel Botero desde hace 8 años y que desde la cárcel de Pensilvania (Caldas), él le advirtió que quieren perjudicarla y que hay personas interesadas en involucrarla en situaciones irregulares. Según ella, después de la diligencia notarial deja constancia a la Corte Suprema de los extraños hechos.
Acto seguido el abogado Mauricio Pava envía un documento al alto tribunal en el que detalla los pormenores de la conversación telefónica y aventura varias hipótesis sobre lo sucedido, al tiempo que sugiere varias preguntas: ¿Quiénes fueron a visitar a Botero? ¿Qué atribuciones tenían? ¿Por qué el acto de acudir donde un testigo potencial no fue previamente registrado en el proceso? Y posteriormente le pide a la Corte relacionar a los testigos que hablaron contra su cliente y que declaren quienes la acusan.
Después el abogado Pava Lugo aporta dos memoriales. El primero para advertir que versiones cercanas al ex congresista Ferney Tapasco quieren “empapelarla” y el segundo para expresar que la Fundación Fipaz, representada por el abogadoAbelardo de la Espriella —apoderado de la ex congresista Rocío Arias—, participó en una alianza con el frente Cacique Pipintá de las Autodefensas para constituir una lista liberal a la Cámara. Según Pava, en la alianza participaron Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel, ambos vinculados al escándalo de la parapolítica.
Y se va lanza en ristre contra los opositores, los liberales Tapasco y Víctor Renán Barco, quienes según el abogado pactaron con las autodefensas el apoyo político en las elecciones parlamentarias. Y agrega Pava Lugo que en la región de mayor influencia del Frente Cacique Pipintá los resultados electorales de su cliente fueron pírricos en comparación con el apoyo regional obtenido en Caldas. En pocas palabras, la estrategia de la defensa de Adriana Gutiérrez se convirtió en el ataque contra unos y otros.
Esta misma semana contestó el abogado Abelardo de la Espriella, quien precisó que también va a declarar ante la Corte Suprema de Justicia porque, en su concepto, las reuniones que organizó Fipaz fueron para socializar el proceso de paz y tuvieron el aval del Gobierno. Lo claro es que también hay una pelea casada entre la senadora Gutiérrez y dos congresistas caldenses comprometidos en la parapolítica y presos desde el pasado 24 de febrero: Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel, ambos contradictores acérrimos de Adriana Gutiérrez.
¿Y el ministro Zuluaga?
Lo cierto es que la pelea está al rojo vivo y que el caso de la senadora Adriana Gutiérrez reviste particular importancia judicial y política. Quizás por eso la Corte Suprema de Justicia se ha tomado casi 10 meses para evaluar en derecho y debido proceso su complejo caso.
Se trata de un voluminoso expediente lleno de presiones mediáticas, defensas políticas y declarantes públicos que no han ahorrado esfuerzos para atacarla. No cabe duda de que detrás de la congresista Gutiérrez está el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y tras él, el mismísimo presidente Álvaro Uribe.
Más allá de las pesquisas propias de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Adriana Gutiérrez Jaramillo se originó en una carta enviada a la Corte por el ciudadano Juan José Villa Ramírez, quien pidió encarecidamente que protegieran su nombre pero resultó ser un nombre falso—, quien relató que después de 35 años de poder político del senador Víctor Renán Barco, a partir de 1994 el municipio de La Dorada quedó bajo la égida política de los parientes cercanos del narcotraficante Jairo Correa Alzate.
Según el documento, el primer paso de esta toma política de la región se expresó en la alcaldía del sacerdote Nicolás Gómez Montes, elegido para el período 1994-1997. En dicha campaña obró como jefe de debate César Augusto Alzate Montes, familiar directo del reconocido narcotraficante del Cartel de Medellín.
Simultáneamente, en la región comenzaron a tomar poder los grupos de autodefensa, particularmente representados en el comandante Ramón Isaza y sus hijos y familiares, quienes fueron imponiendo la ley de sus armas en la región.
Lo cierto es que para el período constitucional 2001-2003, en el municipio de La Dorada, César Augusto Alzate Montes resultó electo. En ese momento todo avanzaba sin contratiempos, pero según el denunciante, detrás de Alzate Montes estaba Maribel Galvis, quien llegó a controlar el Concejo del puerto sobre el río Magdalena. Ella estaba relacionada con los grupos de autodefensa, pero sólo vino a saberse de sus nexos con los paramilitares en febrero de 2006, cuando se desmovilizó en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz.
Después del apócrifo documento de Juan José Villa, la revista Cromos en su edición del 9 de abril de 2007 terminó por levantar la polvareda: En un artículo titulado “Me ven como paraca, pero soy dirigente social”, Maribel Galvis, nuera de Ramón Isaza, confesó sus verdades. Pero la sorpresa fueron dos fotografías en las que la controvertida ex concejal e integrante de las autodefensas apareció con la senadora Adriana Gutiérrez y con el dirigente político y hoy ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga.
En ese momento, la senadora admitió que Maribel Galvis era una líder connotada del barrio Las Ferias de La Dorada, que había llegado al Concejo con el aval del Nuevo Partido y que además había sido presentada por la cabeza visible del Movimiento del Pueblo, César Alzate Montes. A su vez, el ministro Óscar Iván Zuluaga aceptó que también la conocía como una dirigente del barrio Las Ferias y que si algún día compartieron tarima, todo se manejó a través del líder César Alzate.
Después fue la revista Semana la que, en agosto de 2007, presentó un informe en el que señaló que desde el correo electrónico del jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, se habían emitido incontables mensajes para múltiples destinatarios, entre quienes estaban el ministro Óscar Iván Zuluaga y los senadores Adriana Gutiérrez y Luis Élmer Arenas.
Lo peculiar de los mensajes es que en algunos casos el jefe de las autodefensas terminó agradeciendo el envío de información sobre algunas leyes que se tramitaron en el Congreso en el año 2005.
Y remató El Espectador una semanas después, con el artículo titulado “Los elogios de Ramón Isaza”, divulgando apartes de grabaciones judiciales que daban cuenta de cómo en 2002 el jefe paramilitar Ramón Isaza instó a los electores a votar por el candidato Horacio Arias, porque venía de una vena importante que era César Arturo Alzate, “un hombre que había hecho cosas muy hermosas en La Dorada”. Detrás de Alzate, según la publicación, estaba Adriana Gutiérrez, quien lo tuvo como asesor entre febrero de 2004 y septiembre de 2005.
Un mes más tarde, el ministro Zuluaga expidió una declaración advirtiendo que su única reunión con las autodefensas había tenido lugar en noviembre de 2004 en Santa Fe de Ralito (Córdoba), por invitación oficial del alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, y que estaba dispuesto a rendir cuentas ante la justicia para superar las suspicacias. El 3 de octubre de 2007 rindió versión libre ante una delegada de la Corte Suprema de Justicia y admitió que había conocido a la desmovilizada Maribel Galvis por asunto familiar.
Entre tanto, la senadora Adriana Gutiérrez empezaba a ser investigada por la Corte Suprema de Justicia y, de entrada, tuvo un duro detractor: el ciudadano Marco Aurelio Uribe, quien se fue lanza en ristre contra la congresista recordando que desde 1987 su esposo, el entonces gobernador Fortunato Gaviria Botero, había designado como alcalde municipal de La Merced (Caldas) a Iván Roberto Duque. El mismo personaje que años después ofició como líder político de las autodefensas del Magdalena Medio y hoy está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
En términos generales la situación de la congresista Adriana Gutiérrez es apremiante. El último paso vino por cuenta de la congresista Rocío Arias, quien sin acusarla plenamente tampoco la dejó intacta. La Corte se ha tomado su tiempo para escuchar a muchos testigos, cotejar datos electorales y escuchar varios testimonios, entre ellos el del jefe paramilitar Ernesto Báez. Hoy su suerte esta echada. La resolución de su caso es inminente, y su última carta, no propiamente promovida a través de un organismo de control, es una grabación privada con la que espera reivindicar su nombre.