Efraín Londoño parece un ‘desplazado profesional’. A comienzos de los años 90 abandonó Herveo, en el departamento del Tolima, cansado de los hostigamientos de las Farc. Por eso llegó a Vistahermosa, en el Meta, donde corrió la misma suerte. El destino lo llevó a Doradal, en Antioquia, y allí, junto con varias familias desarraigadas, terminó como beneficiario de un programa para ocupar y explotar los terrenos de la hacienda Nápoles, del extinto capo Pablo Escobar.

La suerte de Londoño no cambió y supuestos paramilitares lo sacaron de la hacienda. El destino para las demás familias tampoco fue mejor. El propio Incoder ordenó recientemente su desalojo para permitir que la Alcaldía de Puerto Triunfo y la empresa privada Atecsa comenzaran a consolidar allí un megaproyecto turístico. Hoy la mayoría de los desplazados que salieron a la fuerza de la hacienda buscan, a través del propio Londoño, que el Estado les cumpla con lo que les prometió: una casa en la hacienda Nápoles y un terreno para retomar los proyectos productivos que durante varios años manejaron.

Es el epílogo de una travesía que se inició el 20 de agosto de 1989, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes entregó a la Policía Nacional la administración de la hacienda Nápoles. Un terreno ubicado en el corregimiento de Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), con una extensión cercana a las 2.000 hectáreas, dividido en nueve predios, que durante varios años fue manejado por trabajadores de Pablo Escobar.

Luego de múltiples saqueos, destrucción de sus muebles, los estragos causados por buscadores de caletas y el deterioro de las distintas especies animales, el predio pasó a manos del Fondo Nacional Agrario, que se transformó en Incora y hoy es el Incoder. Pero el 13 de abril de 1998, en desarrollo del Programa Presidencial para los Desplazados por la Violencia, Efraín Londoño, 14 familias desplazadas y madres cabeza de familia cumplieron su sueño y recibieron los predios que conforman la hacienda Nápoles.

Durante los primeros años, los desplazados iniciaron programas avícolas y ganaderos y Cornare financió un proyecto de arborización de la hacienda. Pese a que hubo diferencias entre los desplazados, poco apoyo del Estado y que el propio Londoño tuvo que salir por supuestas amenazas de las autodefensas, el Incora certificó que el predio se encontraba en buenas condiciones de explotación”.

Sin embargo, una nueva visita que el primero de octubre de 2001 hizo Marcela Sáenz, funcionaria del Ministerio de Justicia, evidenció que las cosas empezaban a cambiar para los desplazados. Según la visita el predio estaba “en pésimo estado de