Secuestrados y sin beneficios

Gustavo Moncayo, tuvo que hipotecar su casa por $20 millones.  

El drama de los esposos Rodríguez* no puede ser peor. Son dos ancianos de 74 y 78 años que fueron secuestrados en 1999 por las Farc cerca a Gachetá en Cundinamarca. Pagaron un dinero por su liberación pero el grupo armado ilegal les hizo ‘conejo’. Como si fuera poco, hoy su familia no tiene certeza de su paradero y de si están vivos.

Y cuando se revisa su patrimonio, la finca lechera que poseían quedó abandonada. Por eso sus herederos creyeron que un paliativo a la situación económica sería sustituir la pensión que su longevo padre posee, pero los trámites y el tiempo acrecentaron la angustia de sus familiares que ni siquiera aún  tienen respuesta a su petición.

Las alarmas entre las familias de los plagiados y las organizaciones que luchan por sus derechos   se encienden en rojo. La razón es que pese a que existen dos normas que desde hace tres años expidieron el Congreso  (ley 986) y el Concejo de Bogotá (acuerdo 124) con el propósito de brindar beneficios a las víctimas del secuestro, pocas familias han sido receptoras de ayudas.

El asunto en cifras redondas registradas en el  Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Fondelibertad, una dependencia adscrita al ministerio de Defensa y la Fundación País Libre que asesoran y realizan los trámites, muestran que sólo en cerca de 150 casos de secuestros, el plagiado o sus familiares han recibido ayudas. Una proporción que resulta pequeña si se tiene en cuenta que actualmente hay en Colombia cerca de 2.800 personas en cautiverio.

La suspensión del pago de las obligaciones, la parálisis de los procesos judiciales, el acceso a servicios de salud, beneficios educativos, continuidad en el pago de salarios y exenciones tributarias, son en el papel, los beneficios a los que, desde 2005, tienen las víctimas del secuestro. Pese a ello, la realidad muestra que su aplicación es paupérrima. 

Una dificultad a la que se adicionan preferencias dependiendo del secuestrado: “Es claro que hay secuestrados de primera y secuestrados de segunda. Muchas veces notamos que los responsables de los beneficios agilizan y aprueban los trámites de acuerdo al nombre del plagiado”, explica un abogado experto en el asunto.

La Fundación País Libre, también reconoce la difícil aplicación de las normas. En un reciente informe al Congreso sobre el tema señaló que: “En el escenario actual, estos instrumentos de protección legal son insuficientes ante la desbordada barbarie que expresa el conflicto armado y ante las demandas de protección de los cientos de miles de víctimas por todo el país”.

A estos factores se suma la inquietud que generó entre las víctimas y las organizaciones que luchan contra este flagelo, la supresión del Programa Presidencial Contra la Extorsión y el Secuestro. La decisión fue tomada el pasado 30 de abril y según algunos miembros de Ong y víctimas era un programa con buena interlocución en esos asuntos. Sin embargo, un vocero de la Casa de Nariño le manifestó a El Espectador que todas las funciones del Programa quedaron en manos de Fondelibertad.           

Estadísticas de ese organismo  muestran que el  plagio en Colombia se redujo significativamente en los últimos años pasando de 1.038 secuestros en 1996 a 521 en 2007. Una situación que cambió así como el perfil del secuestrado: antes era susceptible de secuestro grandes empresarios, políticos, terratenientes o ganaderos, pero en los últimos años el plagio paso a ser asunto de personas de mediano nivel económico: “Por eso la aprobación de estos beneficios se volvió vital para el secuestrado y su familia”, explicó el abogado Edgar Gómez.