Radiografía de la violencia

En los últimos años, 21 mil personas han sido procesadas por porte ilegal de armas. Muchas de ellas son responsables de ‘balas perdidas’.

Ya son un lugar común y reporte obligado de los noticieros de fin de año los dramas suscitados por balas perdidas en las celebraciones decembrinas. En Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta y Soacha cinco familias sortean la misma tragedia, las víctimas de siempre siguen siendo en su mayoría los niños —un bebé de cinco meses, dos niños de cinco años y otro de siete—, mientras la regulación para el porte de armas continúa teniendo vacíos. Es la calamidad de una nación que celebra al unísono con pólvora y balas.

Sin números confiables sobre los afectados que anualmente cobran las balas perdidas en Colombia, algunos aventuran que las cifras rondan las 300 víctimas. Casi todas después de prolongadas parrandas o festividades conocidas. Un indicador que revela la violencia desbordada, apenas radiografiada a través de las frías estadísticas. En tiempos de balances, al cumplirse el sexto año de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, los datos aportados por el Consejo Superior de la Judicatura sobre el mapa de delitos del país le suman ingredientes al debate.

Un total de 164.064 personas resultaron condenadas en los últimos seis años, 47.243 de ellas el año pasado. Casi la tercera parte de las sentencias corresponden a delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En segundo lugar figura el hurto, con un 17,6% del total, seguidamente el porte ilegal de armas y, muy por encima de los casos de homicidio, sorprende la estadística de condenas por inasistencia alimentaria: 5,6%. Entre 2007 y 2010  más de 15 mil personas fueron sentenciadas por este delito. De las estadísticas recogidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en ese mismo lapso fueron condenadas 94.522 personas por delitos conexos con el narcotráfico.

Una radiografía de violencia que sigue impactando socialmente, con tendencias crecientes en el comportamiento de los delitos registrados en el país. De vuelta a la tragedia de las balas perdidas, el reporte arroja números escabrosos en el ítem de porte ilegal de armas: 21.241 personas fueron judicializadas por este delito en los últimos cuatro años. Es el caldo de cultivo de crímenes y ajustes de cuentas entre mafias urbanas y de desastres anunciados en épocas de fiesta y pólvora. El año pasado el personero de Medellín, Jairo Herrán, le pidió al Gobierno que el Estado repare a las víctimas de las balas perdidas. Pero la propuesta no llegó a consensos y en el entretanto la impunidad campea .

Hoy Colombia sigue atenta de los menores víctimas de los bárbaros armados el 31 de diciembre, pero también se cuentan por montones los menores que cruzaron las fronteras de la ley y figuran en reportes judiciales monitoreados por el Consejo Superior de la Judicatura. Desde el año 2006, una vez se aprobó el Código de Infancia y Adolescencia, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes registra 116.985 audiencias. Por la gravedad de sus delitos, tan sólo el año pasado 1.340 jóvenes fueron privados de su libertad en centros especializados de atención.

En un 39% los menores fueron procesados por el delito de hurto, seguido del tráfico de estupefacientes con un 28%, delitos contra la seguridad pública con un 11% y homicidios con un 5%. Dicho de otro modo, los menores de edad son utilizados con frecuencia por bandas de delincuentes y de traficantes con el fin de que roben escenarios específicos, transporten droga o asesinen a sueldo. En rangos muy menores del total porcentual se ubican los delitos de extorsión, violencia intrafamiliar, lesiones personales o accesos carnales con menores de 14 años. El mapa nacional de infracciones de los adolescentes en Colombia tiene alarmadas a las autoridades  (ver infografía).

Los números de la violencia registrados en el sistema penal para adolescentes también son ilustrativos. Entre 2007 y 2010 fueron procesados 24.624 jóvenes, casi 10 mil de ellos por delitos relacionados con el hurto. Un total de 7.410 fueron judicializados por tráfico de estupefacientes, de esa cifra 2.638 resultaron en líos en 2010. Y exponencialmente ha venido aumentándose el número de expedientes de menores de edad involucrados en homicidios: 1.190 fueron detenidos por este delito. Unos 373 también lo fueron por riñas callejeras, 281 por actos sexuales abusivos, 262 por violencia intrafamiliar y 162 por extorsión.

De colofón, el reporte del Consejo Superior de la Judicatura recuerda que 4.484 postulados ingresaron a la Ley de Justicia y Paz, pero de ese número sólo se ha dictado sentencia en un episodio: la masacre de Mampuján. Diego Vecino y Juancho Dique fueron condenados a ocho años. En síntesis, un panorama angustiante sobre la violencia que desborda el sistema judicial colombiano y que es frecuente que pase de agache al momento de asignar responsabilidades o procesar criminales. La justicia sigue cojeando mientras la delincuencia se reinventa.

Declaran muerte cerebral a niño herido en Soacha

Una bala perdida el 31 de diciembre en el municipio de Soacha fue la responsable de que al niño de siete años Esteban Giraldo le hubieran dictaminado ayer  muerte cerebral en el Hospital de Cundinamarca Luis Carlos Galán. Los hechos, que transcurrieron en una calle del barrio San Nicolás, indican que el menor fue herido en la cabeza mientras que su padre lo sostenía. “Mi hijo tenía al niño en los brazos y cuando lo bajó se dio cuenta de que estaba herido en la cabecita”, sostuvo con voz temblorosa su abuelo, William Giraldo.

la Policía ofreció  una suma de $5 millones de recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables de éste y otros casos de balas perdidas en donde resultaron víctimas menores de edad en las ciudades de  Cartagena, Medellín y Cali. En total cuatro niños  se debaten entre la vida y la muerte en distintos hospitales de Colombia.

Temas relacionados