Auc, los "señores" locales

Foto: Archivo - El Espectador

La ambición política de las autodefensas quedó al desnudo con el escándalo de la parapolítica, que prueba su infiltración al Congreso y algunas asambleas y concejos. Ahora se abre un nuevo capítulo judicial, al escudriñar en algunas poblaciones donde hicieron presencia. Situación que se refleja en tres sentencias judiciales que muestran cómo se hicieron amos y señores en las regiones, desde alcaldías y gobernaciones.

Detrás de condenas como la de la exalcaldesa de Soledad (Atlántico) Rosa Estella Ibáñez Salvador, del exalcalde de Aguazul (Casanare) José Mauricio Jiménez Pérez y la del exgobernador del Guaviare Óscar de Jesús López Cadavid (todos por concierto para delinquir), empieza a consolidarse el comienzo de un nuevo capítulo en la tarea de la justicia por aclarar recientes episodios de corrupción y violencia en el país: la parapolítica regional.

Los fallos demuestran cómo en la Costa Atlántica las Auc manejaban el presupuesto y la contratación; cómo en el Casanare tuvieron la complicidad de la administración para asesinar y para desaparecer personas, y cómo en el Guaviare fueron los que llevaron su candidato a la Gobernación.

Estos son ejemplos de lo que sucedió en casi todo el país, en donde los paramilitares se hicieron al poder a punta de terror y lo afianzaron desde las instituciones.

Soledad, la Alcaldía de los paramilitares

El contubernio entre funcionarios de la Alcaldía de Soledad (Atlántico) y el bloque Norte de las Auc para definir los contratos de esa administración entre 2004 y 2006 se concretó en el seno del Congreso de la República. Allí, en noviembre de 2004, la alcaldesa Rosa Estella Ibáñez y el paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, hombre de confianza de Jorge 40, se reunieron para definir cómo echarse al bolsillo parte de los $10.000 millones que inicialmente eran para el sector educativo.

La alcaldesa, su secretario de Educación, Alfredo Alberto Noya Zabaleta; el secretario de Obras, Gustavo César Medrano Villalba; Édgar Eduardo Riveros Rey (amigo y asesor de la alcaldesa) y el contratista Juan Carlos Méndez Gutiérrez participaron de esta alianza.

“La tajada” la sacaron de recursos que obtuvo la administración en un consejo comunal con el presidente Álvaro Uribe, para programas con población excluida del sistema educativo, para las instituciones técnicas y para infraestructura educativa.

Con el dinero a disposición pusieron en marcha licitaciones para adjudicar obras, supuestamente para mejorar las instalaciones de 13 colegios. El afán por desviar el dinero los llevó a cometer errores, que las autoridades percibieron fácilmente. El principal fue adjudicar los contratos a cooperativas, que se convertían en únicos proponentes en las licitaciones. Las autoridades ahondaron en los casos y descubrieron que la Alcaldía de Soledad  la manejaban las Auc.

En la investigación, varios desmovilizados confirmaron la alianza y quedó ratificada cuando el propio Fierro Flórez, tras su captura en marzo de 2006, colaboró con la justicia y entregó el computador de Jorge 40 y varias libretas con información sobre la actividad del grupo ilegal en la costa Atlántica.

Por este caso, un juzgado especializado condenó a los involucrados. Pese a que los procesados alegaron su inocencia y apelaron la decisión, el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la sentencia.

Para los magistrados, el autor intelectual fue el secretario de Obras (que llegó al cargo por el respaldo de los ‘paras’) y la material, la exalcaldesa Ibáñez.

La exmandataria, elegida en 2003. Desde que asumió, su administración fue intermitente, ya que fue objeto de varias suspensiones. Al final, anularon las elecciones.

Mientras estuvo activa nombró a miembros de las autodefensas en su gabinete y les adjudicó contratos.

También la procesaron por desviar a grupos irregulares unas donaciones que hizo en 2006 la DIAN a la Alcaldía de Soledad. Este delito le generó una sanción disciplinaria de 11 años, que recientemente fue confirmada por el procurador general de la Nación.

Todos los condenados pueden abogar su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de casación.

Exalcalde, cómplice de ‘Martín Llanos’

El terror que vivieron los habitantes de Aguazul (Casanare) entre 2000 y 2003 en buena medida fue culpa del alcalde de la época, José Mauricio Jiménez Pérez. Es la conclusión de la sentencia de un juez especializado de Bogotá que lo condenó a 29 años de prisión como autor por omisión de desaparición forzada y paramilitarismo.

La Fiscalía 28 de Derechos Humanos lo había acusado por la desaparición del contratista Luis Ariel Bernal López (agosto de 2002) y del soldado Ariel Rosas Moreno (febrero de 2003), y aunque el exalcalde convenció al juez de que no había evidencia de que él hubiera ordenado las desapariciones, sí fue  hallado culpable de que las Auc de Martín Llanos fueran amos y señores en Aguazul.

La sentencia por omisión en contra de Jiménez Pérez se sustenta en que, pese a ser elegido para garantizar los derechos de los pobladores, trabajó al servicio de las Auc. “No tomó medidas para proteger a la comunidad y, por el contrario, dio facilidades para que los ‘paras’ fueran la autoridad... Su vínculo se reflejó en la pasividad de controlar el orden público y el financiarlos a través de contratación estatal”.

El fallo abre una puerta para que las víctimas de los paramilitares en Aguazul, entre 2000 y 2003, emprendan acciones en contra del exmandatario Jiménez Pérez.

Junto a Jiménez condenaron a Ubaldín Vallejo Montañez, alias Matasiete, desmovilizado de las Auc de Martín Llanos y conductor de una camioneta contratada por la Alcaldía, en la que verían por última vez a quienes luego reportaban como desaparecidos.

Sin embargo, el juez en su fallo fue más allá, pues ordenó abrir investigación en contra de los exconcejales de la población Juan Antonio Becerra, Rodrigo Montaña Roa y Marco Hernández Zubieta; del personero municipal de la época y de los comandantes de la Policía, el Ejército y el director del DAS de la población en ese tiempo, por sus posibles nexos con las Auc.

Pese a que el abogado del alcalde estructuró su defensa sobre el argumento de un supuesto complot político, el juez desestimó el alegato.

Casanare fue uno de los departamentos más golpeados por la desaparición, al reportar entre 1986 y 2007 casi 1.500 víctimas.

El gobernador de alias ‘Cuchillo’

La historia de Óscar de Jesús López Cadavid, ex congresista y exgobernador de Guaviare, ha estado ligada a las Autodefensas de los Llanos Orientales. Gracias al respaldo del grupo armado ilegal y especialmente de Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, lo eligieron mandatario departamental para el período 2008-2011.

La Corte Suprema de Justicia, tras analizar las evidencias que entregó la Fiscalía, lo condenó a pagar 90 meses de prisión como responsable del delito de concierto para delinquir agravado. De igual manera, ordenó que lo investigaran para establecer su posible responsabilidad en los delitos que cometieron las Auc en Guaviare mientras fue gobernador.

Entre las evidencias se contó con los testimonios de varios paramilitares, entre ellos Hébert  Veloza, alias HH, quienes relataron cómo López Cadavid hizo acuerdos con los paramilitares para poder llegar al cargo.

Sus nexos vienen desde el año 2000, cuando Vicente Castaño, comandante de las Auc, viajó a los Llanos para resolver el conflicto territorial entre los diferentes frentes que operaban en la zona. La reunión se celebró en la finca de un pariente del exgobernador, quien para la época también asistió al encuentro.

En el proceso relatan, además, cómo en 2001 López Cadavid (quien para la época era representante a la Cámara) le compró una finca a los paramilitares, la cual le habían quitada a un habitante de la región.

Y cómo en agosto de 2005 el exgobernador constituyó la sociedad para la explotación minera, en la que fue socio de alias Cuchillo.

En 2007, López Cadavid se presentó como candidato a la Gobernación para el período 2008-2011. Antes de los comicios hubo una reunión a la que asistieron varios políticos y alias Cuchillo, en la que el delincuente abiertamente dijo que su candidato era López Cadavid. “Como consecuencia lógica, éste resultó electo gobernador gracias a los nexos y a la promoción del grupo armado ilegal”.