Un país con demasiadas víctimas

Desde 1985 a la fecha se pierde la memoria de los horrores de los grupos ilegales y del Estado en el conflicto armado.

No constituye la panacea para frenar la violencia que afecta a Colombia ni mucho menos representa el fin del conflicto armado que agobia al país desde hace cinco décadas. Pero la Ley de Víctimas, que pasa a conciliación la semana que entra, es un paso trascendental para la sociedad y el Estado, porque por primera vez se asume que las víctimas tienen que ser la prioridad de una nación que pretende dejar atrás el azote de la guerra.

Seguramente será difícil de aplicar y no van a faltar quienes la demanden, pero en sí misma la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras representa un avance para reconocer la naturaleza del conflicto armado interno y, al mismo tiempo, comprometer a las fuerzas vivas del país en el camino de la reparación, única vía para empezar a salir del círculo vicioso de las venganzas, los sesgos ideológicos y las arbitrariedades de los señores de las armas.

El límite entre la violencia política y la común será muy complejo establecerlo. De hecho, los crímenes del narcotráfico, mimetizados entre las extremas —izquierda y derecha— tendrán que examinarse en sus justas dimensiones. De todos modos, Colombia irá aprendiendo cómo volcarse hacia las víctimas después de mucho tiempo en que los victimarios fueron protagonistas. A partir de la ley es mucho lo que debe reglamentarse.

Por ahora y a manera de una muestra de las dimensiones del desafío, bueno es mirar hacia atrás y recorrer el camino entre 1985 y 2011 para constatar cómo ha sufrido el país por cuenta de los violentos. No están, ni remotamente, todos los crímenes cometidos. De repente, sólo están reseñados los de mayor impacto social y político. Porque son tantas las víctimas en Colombia en los últimos tiempos, que se necesitarían muchas páginas para registrarlas. Este es un recorrido a la memoria de nuestra tragedia colectiva.

1985

El 6 y 7 de noviembre el M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia. Las Fuerzas Armadas reaccionaron con toda su capacidad militar y el saldo de esta batalla fue de 100 víctimas mortales y 12 desaparecidos.
Entre noviembre de 1985 y enero del siguiente año un grupo disidente del M-19, llamado Ricardo Franco, produjo una purga en sus propias filas que llevó a la ejecución de 164 guerrilleros. Se conoció como la masacre de Tacueyó.

1986

En una primera oleada de crímenes contra el partido político de la Unión Patriótica, este año fueron asesinados tres congresistas: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas Acosta.
El cartel de Medellín, que integró el grupo Muerte A Secuestradores (MAS), embrión del paramilitarismo, entre otros asesinó al magistrado Gustavo Zuluaga, al coronel Jaime Ramírez y al director de El Espectador Guillermo Cano.

1987

En una racha de crímenes contra líderes de derechos humanos, educadores y dirigentes de izquierda, fuerzas urbanas de las autodefensas asesinaron a Héctor Abad, Luis Felipe Vélez, Leonardo Betancur, Pedro Luis Valencia, entre otros.
El 11 de octubre fue asesinado el máximo líder de la UP, Jaime Pardo Leal. La justicia concluyó que fue obra de los grupos paramilitares, pero siempre quedó la duda de la actuación de fuerzas aisladas del Estado.

1988

Fue conocido como el año de las masacres. La elección popular de alcaldes disparó la violencia, y los nombres de Mejor Esquina, Honduras, La Negra, Caño Sibao, El Tomate o Segovia, recuerda matanzas paramilitares contra simpatizantes de izquierda democrática.

1989

Año narcoterrorista y de explosión de los grupos paramilitares. La masacre de La Rochela en enero, el crimen de José Antequera en marzo, el magnicidio de Luis Carlos Galán en agosto, el atentado contra el avión de Avianca en noviembre o el del edificio del DAS en diciembre, entre otros crímenes.

1990

El paramilitarismo persistió en crímenes selectivos. La periodista Silvia Duzán o la alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona, fueron dos casos. Dos candidatos presidenciales más fueron asesinados: Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
Se le conoció como la masacre de Trujillo, pero fue una cadena de casi un centenar de delitos, con igual número de víctimas, donde el paramilitarismo, la Fuerza Pública y el narcotráfico se aliaron para sembrar el terror en este municipio del Valle del Cauca.

1991

De cara a la reforma constitucional, la mafia de Pablo Escobar y sus nexos con los grupos de autodefensa asesinaron al exministro Enrique Low Murtra y a la periodista Diana Turbay, al tiempo que lograron que la Constituyente prohibiera la extradición.
En una propiedad del corregimiento El Palo, en Caloto (Cauca), fueron masacrados 12 indígenas paeces. Fue la cuarta masacre de pueblos indígenas perpetrada en este año por conflictos de tierras.

1992

En marzo, después de dos meses en cautiverio, murió secuestrado por el Epl el exministro de Obras Argelino Durán. Este episodio impune acabó con los diálogos de paz que adelantaba el gobierno Gaviria con los grupos insurgentes.
Después de su fuga de la cárcel La Catedral, Pablo Escobar desató su segunda oleada terrorista. Entre sus asesinatos acabó con la vida de la jueza Miriam Rocío Vélez, quien investigaba sus crímenes políticos.

1993

En su retirada, el capo Pablo Escobar enfrentó la organización de ‘Los Pepes’, quienes, con el apoyo del Estado y de Estados Unidos, lograron diezmar la estructura sicarial del cartel de Medellín. El asesinato fue la ley.
En dos episodios la guerrilla demostró su oposición a las leyes de orden público de la era Gaviria. En marzo, el Eln asesinó al director del diario ‘La Opinión’, de Cúcuta, Eustorgio Colmenares, y en noviembre fue asesinado el senador Darío Londoño.

1994

En el barrio La Chinita, de Apartadó, un festejo popular terminó en masacre. El saldo: 35 muertos, la mayoría simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad, grupo político que tomó las banderas del Epl. La perpetraron las Farc.
El 9 de agosto fue asesinado por sicarios el último senador de la UP, Manuel Cepeda. Con el tiempo se constató que integrantes del Ejército participaron en el crimen. El líder paramilitar Carlos Castaño confesó que formó parte del complot.

1995

La región de Urabá se convirtió en epicentro de violencia paramilitar y guerrillera. La masacre del Aracatazo, realizada por las autodefensas, dejó 18 muertos. Las Farc respondieron matando a 15 personas en la masacre de Los Cunas. Hubo 600 asesinatos en la primera mitad del año.
En noviembre, en medio de la crisis del Proceso 8.000 y la guerra abierta entre paramilitarismo y guerrilla, y la mano oculta del Estado, fue asesinado el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. El caso no ha sido resuelto.

1996

En Puerres, Nariño, con la muerte de 29 soldados, las Farc iniciaron un ciclo de violencia contra pueblos y unidades militares. En Las Delicias, en agosto, secuestraron a 60 militares y plantearon su estrategia de despeje militar y canje de prisioneros.
En la región de los Montes de María, Sucre, el paramilitarismo comenzó una nueva ola de masacres. En Colosó, Monrroar y Toluviejo fueron asesinados decenas de campesinos en represalia al avance de las Farc.

1997

En su ofensiva, el paramilitarismo dio muerte, en mayo, a los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Días después las Farc atacaron la estación de Policía de Fontibón, en Bogotá, y mataron a ocho uniformados.
En julio trascendió que el paramilitarismo perpetró uno de sus más crueles actos: la masacre de Mapiripán, Meta. Dos días de crímenes selectivos sin confrontación del Estado. En noviembre, cerca de Tocaima, caserío de La Horqueta, las autodefensas mataron a 14 personas.

1998

Continúa la oleada de asesinatos selectivos del paramilitarismo. Entre otros cayeron los líderes Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza y María Arango. Aún no se sabe quién mató por la misma época al general Fernando Landazábal.
El 16 de mayo una incursión de las Auc desapareció a 25 personas y asesinó a siete más en el puerto de Barrancabermeja. La Fuerza Pública nunca contrarrestó la acción. El caso está en la justicia internacional.

1999

En Bogotá fue asesinado el periodista Jaime Garzón Forero. El crimen hoy se atribuye al paramilitarismo. Dos meses después fue asesinado el excomisionado de Paz Jesús Bejarano. Se desconoce el autor.
En noviembre, en el corregimiento Nueva Venecia, en Ciénaga, Magdalena, fueron masacrados 38 campesinos. La matanza la perpetró el paramilitarismo.

2000

El avance paramilitar se sintió más cruel que nunca en Sucre. En un año realizó cinco grandes masacres con más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Los nombres de Macayepó, El Salado o Mampuján recuerdan acciones violentas de las Auc.

2001

Las masacres del paramilitarismo fueron noticia. En Chengue (Sucre), 34 muertos. En El Tarrá, norte de Santander, nueve víctimas. En la región del Naya (Cauca), nunca se supo cuántos murieron. Por esos días, ese grupo ilegal y sus aliados refundaban la patria en Santafé de Ralito.
En septiembre las Farc, en medio de la crisis del proceso de paz con el gobierno Pastrana, secuestró a la exministra Consuelo Araújo. Días después fue asesinada.

2002

Más de 100 personas perdieron la vida en Bojayá (Chocó), después de que la guerrilla produjo un ataque con cilindros bomba contra la iglesia del pueblo, donde se había refugiado la población ante la guerra contra el paramilitarismo.
En octubre las Fuerzas Militares desarrollaron la llamada ‘Operación Orión’, contra milicianos de la guerrilla en las comunas de Medellín. Hoy se sabe que el paramilitarismo metió la mano y el caso lo investiga la justicia.

2003

El 7 de febrero las Farc detonaron un carro bomba en el parqueadero del Club El Nogal, en Bogotá. 36 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas.
En mayo las Farc ajusticiaron al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su concejero de paz, Gilberto Echeverry. Diez personas más, que estaban secuestradas, fueron asesinadas.

2004

Entre el 18 y el 20 de abril, en Bahía Portete, alta Guajira, unidades de las autodefensas torturaron y asesinaron a siete mujeres wayuu. De dos de ellas aún no se conoce su paradero. En ese momento las Auc ya estaban en proceso de paz.

2005

En abril las Farc incursionaron en Toribío (Cauca) y apunta de cilindros bomba le causaron la muerte a tres policías y un menor de edad. Más de 30 civiles resultaron heridos.
El alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, quien le había advertido al entonces presidente Uribe que iba a ser asesinado, fue acribillado por el paramilitarismo. El caso fue atribuido a alias ‘Don Berna’.

2006

En Jamundí (Valle) un batallón del Ejército acabó con la vida de 10 integrantes de un cuerpo élite de la Policía que investigaba acciones del narcotráfico en la región. El caso fue investigado por la justicia ordinaria, por haber ocurrido fuera del servicio.

2007

En junio las Farc anunciaron que 11 de los 12 diputados de la Asamblea del Valle, que estaban secuestrados desde abril de 2002, fueron ajusticiados porque supuestamente hubo un intento de rescate por parte de la Fuerza Pública.

2008

Se desata el escándalo de los falsos positivos, en los que según datos de Naciones Unidas, fueron blanco de ejecución extrajudicial más de 3.000 jóvenes por parte de la Fuerza Pública. La mayoría presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

2009

Desde dos años atrás comenzaron a ser asesinados líderes de restitución de tierras, sobre todo después de que se constatara que sus predios estaban ocupados por grupos paramilitares. El caso más notable fue el asesinato de Yolanda Izquierdo, perpetrado en 2007.

2010

En Tame, Arauca, fueron asesinados tres menores de edad en hechos presuntamente atribuidos a miembros de la Fuerza Pública. Asimismo, se investiga el caso de la violación de una menor de 13 años, al parecer a manos de un suboficial del Ejército.

2011

La guerrilla de las Farc y del Eln siguen secuestrando y asesinando. De igual modo, las autodefensas, ahora desdobladas en bandas criminales, persisten en su acción violenta. El conflicto armado continúa y el narcotráfico es el combustible que lo atiza.