El caso DNE, uno por uno

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El escándalo de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en el que hoy están indiciados 13 congresistas y excongresistas por supuesto tráfico de influencias, es tan complejo que la Sala Especial de Investigación de la Corte Suprema de Justicia ya no investigará a los políticos en grupo, sino que decretó la ruptura procesal para hacerlo preliminarmente uno por uno.

La decisión en este caso, que aún se encuentra en su etapa inicial, tiene un fin muy específico: poder adelantar la recolección de evidencias en cada caso, resolver de manera individual la situación jurídica de cada procesado y hacer más ágil la investigación, pues en caso de seguir en bloque se podría correr el riesgo de tardar más en dar con los responsables.

Sin embargo, esta también será la oportunidad para los magistrados investigadores de poder escudriñar de manera más rigurosa los movimientos de cada congresista y tratar de establecer hasta dónde llegó su intervención e influencia en el organismo.

Pero el objetivo parece que no sólo se circunscribirá a la DNE y todo este escándalo de posible tráfico de influencias. La meta es establecer si los tentáculos de los que estaban haciendo fiesta con los bienes incautados a la mafia también llegaron a otras entidades estatales aprovechando su condición.

Esta decisión se suma a otras que ya han tomado los magistrados en el proceso, como la de investigar el patrimonio de los familiares de los políticos involucrados, para buscar evidencias sobre ingresos de dinero o adquisición de bienes que permitan corroborar las denuncias sobre el tráfico de influencias en la DNE.

La lista que la Corte investiga la encabezan los expresidentes del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador), Javier Cáceres Leal (Cambio Radical) y Hernán Francisco Andrade Serrano (Partido Conservador).

También los congresistas Myriam Alicia Paredes Aguirre (Partido Conservador), Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), Miguel Pinedo Vidal (Cambio Radical), Enrique Rafael Caballero (Partido Liberal), Ómar Yepes Alzate (Partido Conservador), Cristóbal Rufino Córdoba (Colombia Democrática) y Álvaro Ashton Giraldo (Partido Liberal), así como los representantes Lucero Cortés Méndez (Partido de la U), Óscar Fernando Bravo Realpe (Partido Conservador) y Héctor José Ospina Avilés (Partido Conservador).

Los nombres de los involucrados surgieron en la investigación que abrió la Fiscalía tras las denuncias por los presuntos malos manejos en la DNE, entre los que se contaban pagos de favores burocráticos y la falta de control en la elección de los depositarios, situaciones que sirvieron incluso para que personas allegadas a la mafia administraran bienes.

La denuncia se formalizó a través de un documento de ocho páginas, que le envió Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, director de la DNE, a la exfiscal Ana Margarita Durán. En ella decía que varios bienes fueron entregados a personas presuntamente relacionadas con congresistas y por indicación de ellos, o fueron presuntamente usados para obtener beneficios económicos ilegítimos a favor de personas allegadas a dichos congresistas.

De acuerdo con la denuncia, la falta de controles en la DNE sirvió para que se dieran diversas modalidades para defraudar a la entidad, al punto de haber desaparecido bienes del inventario que hoy no se sabe en manos de quién se encuentran. El sistema de administración de bienes FARO era fácil de alterar y muchas propiedades incautadas que se entregaban a la entidad no ingresaban al sistema, con lo que algunos funcionarios disponían de ellas.

Varios bienes y valiosas propiedades fueron asignados a personas o fundaciones para que se lucraran de ellas, a costa del patrimonio público. Otra forma de defraudación fue la de la alteración de los avalúos del bien para poder venderlo y beneficiar al comprador, quien daba comisiones a quienes ayudaban en esta maniobra.

El caso de la DNE sería el palpable ejemplo del clientelismo político y la corrupción, en el que se intercambiaron favores a costa del Estado, para el beneficio personal. En este caso la relación de los directivos de Estupefacientes y los congresistas, en el que los de Estupefacientes entregaron bienes para mantener el respaldo de los políticos.