Tierrita en Montes de María

La historia de 68 familias que, con ayuda del Gobierno Nacional, hicieron realidad el sueño de formalizar su propiedad.

“La tercera es la vencida”, pensó Carlos Caro cuando a sus 60 años de edad solicitó nuevamente un crédito al Banco Agrario para incrementar la producción de su parcela. Sin embargo, aun después de una cuarta petición, su solicitud fue nuevamente rechazada. Las razones del rechazo eran básicamente las mismas, falta de un título de propiedad y de un codeudor que soportara la deuda. Por tal motivo, Carlos, junto con 48 familias de su comunidad, Santafé, y otras 20 de La Chavela, ubicadas en la zona rural del municipio de Ovejas-Sucre, decidió lograr la titulación individual de sus predios que contaban con una adjudicación colectiva. De esta manera, las 68 familias a quienes el Incora les adjudicó en los años 80 más de 1.200 hectáreas en común y proindiviso se propusieron conseguir sus derechos individuales de propiedad.

Este proceso empezó hace tres años, cuando las comunidades se pusieron de acuerdo para hacer el levantamiento topográfico requerido para la definición de los predios individuales. Estos dos estudios fracasaron. El primero por ser realizado por un topógrafo sin tarjeta profesional, y el segundo porque arrojó mediciones incorrectas del terreno. Además de invertir mucho tiempo y trabajo, la comunidad le pagó a uno de los topógrafos cuatro millones de pesos que hasta el momento no han sido devueltos.

A pesar de los fracasos, la comunidad insistió en la idea de titular individualmente sus predios para impulsar el desarrollo de sus familias. Hoy en día, su sueño está mucho más cerca de cumplirse porque con el apoyo de la Estrategia Colombia Responde, la Alcaldía Municipal de Ovejas, la Umata y el Incoder, estas dos comunidades han dado los primeros pasos para la titularidad de sus parcelas.

La primera semana de agosto recibirán los planos definitivos en los que por más de dos meses ellos trabajaron conjuntamente con un topógrafo contratado por Colombia Responde. Estos planos indican los linderos exactos de cada uno de los 68 predios, quedando 13 hectáreas para cada familia de La Chavela y 18 para las de Santafé. A partir de estos planos, el Incoder procederá al estudio jurídico, como paso previo a la titulación y al registro de las propiedades.

Para apoyar este proceso de formalización de tierras, el municipio de Ovejas y el departamento de Sucre concedieron exenciones tributarias a personas desplazadas por la violencia, exenciones que acogen a las comunidades de La Chavela y Santafé, por haberse desplazado brevemente en 1997. Esta exoneración del impuesto municipal vence en noviembre de 2011, por lo que a través del proyecto, Colombia Responde ha insistido en la importancia del cumplimiento del pago de impuestos que la titulación y la propiedad conllevan. De hecho, la comunidad se ha comprometido a contribuir con una parte del dinero para el registro de sus predios, logrando un cambio en la cultura de la informalidad, reconociendo los beneficios, pero también las obligaciones que implica el ser propietarios.

De esta manera, el aporte más significativo a este proceso es quizás el dado por la comunidad, que además de apoyar la definición de planos y linderos a través de jornales de trabajo, ha aportado su capacidad de concertar, de negociar y de tener un objetivo común, fortaleza que no se perdió ni siquiera cuando se vio enfrentada a los hostigamientos de la guerrilla. Gracias a esta capacidad organizativa, los linderos y divisiones fueron aprobados por todos los miembros de la comunidad, aunque en algunos casos esto significó disminución de tierras para unas familias, porque una de las condiciones del proyecto era igualdad en el tamaño de los predios.

Pensando en el impacto de este proceso, Carlos considera que éste “va a mejorar la calidad de vida de las comunidades, porque vamos a poder canalizar créditos para explotar nuestras tierras más ampliamente; vamos a poder trabajarlas de verdad. Esto también nos va a permitir crear una mejor infraestructura. En el momento que empecemos a modernizar y a tecnificar la producción podremos mejorar las vías de acceso, y así atraer la inversión en nuestras comunidades”.

Como Carlos claramente lo sabe, la formalización de la tierra busca mejorar la tenencia disminuyendo la informalidad. Al igual que otras intervenciones que Colombia Responde implementa en alianza con el Incoder y los gobiernos locales, este proyecto espera potenciar la capacidad de los campesinos para acceder a la oferta institucional del Estado y de la cooperación internacional, sobre todo a través de créditos para la inversión y la infraestructura, buscando que Colombia se convierta en un país de propietarios.

Al pensar en las lecciones aprendidas, Carlos menciona primero la importancia del reconocimiento de las mujeres en el proceso de titulación. “La mujer comparte con uno toda esa lucha de recuperación, así que es muy positivo que ellas se sientan parte de este proceso de adjudicación y que los títulos vayan a incluir sus nombres, no sólo el de nosotros los hombres, como tradicionalmente se ha hecho”.

Hoy en día, a sus 63 años de edad, Carlos destaca que el proceso de titulación es sólo un paso, pero “para cumplir con este sueño de convertirnos en un país de propietarios, una vez se dé el proceso de titulación, es importante que la gente entienda la importancia de conservar su tierra, porque entonces también tendremos la facilidad de vender nuestros predios. Yo insisto en que los campesinos debemos entender que la tierra es nuestro único patrimonio y por lo tanto debemos cuidarla y conservarla”.

Retrato del olvido en La Chavela y Santafé

Las comunidades de La Chavela y Santafé están asentadas en Almagra, un corregimiento a 12 kilómetros del centro del municipio de Ovejas. Almagra cuenta con una población de 1.314 habitantes, unas 390 familias de raza mayoritariamente mestiza, con presencia de grupos indígenas desplazados.

Este fue un lugar de asentamiento de la guerrilla. Por esta razón, el enfrentamiento entre la Infantería de Marina y grupos de las Farc generó destierro. Los habitantes de Almagra fueron acusados de ser informantes de la guerrilla, razón por la cual fueron perseguidos, encarcelados y estigmatizados. La población es resistente al conflicto y quienes huyeron lo hicieron por poco tiempo (uno o dos días), por lo que no se consideran a sí mismos como población desplazada.

La presencia del Estado ha sido mínima, lo que ha limitado el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Se consideran casi en total abandono. Una de las principales necesidades es la falta de acueducto, lo que obliga a los habitantes a tomar agua de jagüeyes o charcos de agua lluvia, lugares contaminados por excretas de animales y residuos de fertilizantes, herbicidas e insecticidas usados en los cultivos.

La comunidad no tiene centro de salud, por lo que los pobladores deben acudir a la cabecera municipal de Ovejas (a 12 kilómetros del corregimiento) cuando necesitan cualquier servicio de salud. La vía de acceso se encuentra en malas condiciones y empeora en época de invierno. Las viviendas de la comunidad también están en mal estado y muchas de ellas han sido construidas con bahareque y palma, materiales tradicionales de la zona. Adicionalmente, las familias viven en condiciones de hacinamiento.

Finalmente, la informalidad en la propiedad de la tierra afecta a la mayoría de los pobladores. Aunque algunas de las parcelas han sido tituladas, un alto porcentaje no posee ningún tipo de propiedad formal sobre la tierra, lo que impide el acceso al crédito.

El proceso de formalización

Este es sólo uno de los casos de comunidades que requieren apoyo para la formalización de sus tierras. El municipio de Ovejas, al igual que muchos otros de los Montes de María, cuenta con grandes extensiones de tierras adjudicadas desde hace más de tres décadas bajo la modalidad de común y proindiviso, implementada por el Incora que fue exitosa en su momento y que entregó los derechos de propiedad a comunidades. Sin embargo, factores como la incursión de grupos armados al margen de la ley, la falta de inversión social del Estado, el incumplimiento al deber legal de las entidades con competencia en el tema de tierras, los elevados intereses de las deudas contraídas para la explotación y producción, así como la poca importancia que el campesino le otorgó al registro y/o individualización del predio, configuraron un nuevo escenario que determinan la tenencia precaria de la tierra (acompañada de la presencia de segundos, terceros y más ocupantes), el desconocimiento de los derechos patrimoniales del núcleo familiar, la realización de compras masivas y potenciales casos de despojo.

Cifras claves de la tierra en Sucre y a nivel nacional

13 hectáreas disfrutará cada familia de La Chavela y 18 hectáreas cada familia de Santafé, zona rural de Ovejas, Sucre.

70 mil hectáreas serán devueltas a los campesinos despojados en los Montes de María, según cifras del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.

42 denuncias formales de labriegos que aducen haber sido obligados a vender o abandonar sus tierras motivaron el programa piloto para el proceso de restitución.

700 mil hectáreas es la meta de restitución de tierras del gobierno de Juan Manuel Santos en todo el país.

Otra mirada: región privilegiada en pocas manos

“Los Montes de María —o Serranía de San Jerónimo— son una región montañosa con una larga trayectoria de conflictos sociales y agrarios. Es una isla de parceleros rodeada por todas partes de latifundios ganaderos”.

En mayo pasado El Espectador publicó un reportaje del sociólogo Alfredo Molano Bravo sobre los Montes de María, en el que denunció que el proceso de restitución de tierras beneficiará más a los grandes productores de palma que a los campesinos deserrados. “Nadie puede decir que el negocio no es bueno y que al fin de cuentas ha sido posible tras la derrota de la guerrilla en Montes los de María. Pero también todos saben que las protestas son pocas y las pocas se asfixian en la fuente; los paramilitares rondan, panfletean y cobran seguridad. Los beneficiados del nuevo modelo de responsabilidad empresarial son una minoría. Seguirán siéndolo cuando el proyecto cubra de palmeras las 20.000 hectáreas del distrito de riego; la extractora de aceite está preparada justamente para esa producción. Alrededor del distrito el conflicto de tierras no se detiene”. Para leerlo, clic aquí.  

* Coordinadora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Estrategia Colombia Responde, que respalda el Plan Nacional de Consolidación del Gobierno Nacional