Procurador entutelado

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación. / David Campuzano

En lo que va del año el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha recibido cuatro tutelas. Las tres primeras fueron en defensa del Estado laico y lo acusan de hacer proselitismo religioso o de beneficiar un culto por encima de otros. Las tutelas se fundan en una serie de misas conmemorativas que ha realizado la Procuraduría en actos oficiales, en el oratorio que funciona en las instalaciones de la Procuraduría, que es un edificio público, y en la impresión y circulación de calendarios con contenido religioso y el nombre de la entidad. La última tutela fue interpuesta por un grupo de mujeres de varias regiones del país la semana pasada y le reclama al Procurador dar información verídica sobre los derechos sexuales y reproductivos, citando varias ocasiones en que las declaraciones oficiales de Ordóñez contradicen de manera flagrante mandatos constitucionales y acuerdos científicos.

¿Cuáles son los argumentos de estas tutelas? ¿Son procedentes? ¿Quiénes son las personas que entutelan al procurador? ¿Se trata de un asunto personal o de un desacato sistemático por parte de Ordóñez? Ernesto Convers, Germán Rincón Perfetti, Daniel Sastoque y Mónica Roa (vocera de la cuarta tutela) hablan de sus demandas y de las respuestas que han recibido por parte del Tribunal Superior y la Corte Constitucional.

Ernesto Convers

El 24 de mayo de 2011 Ernesto Convers, un abogado bogotano, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que el procurador se abstuviera de invertir recursos públicos en actividades que favorecieran una creencia religiosa específica (el catolicismo). En su tutela, Convers dice que en la Procuraduría se repartieron calendarios con el nombre del órgano estatal y el de “Semillas de Esperanza” y citas bíblicas del Nuevo Testamento. Convers también alega que la celebración de los 180 años de la Procuraduría fue un oficio religioso católico y que además se realizaron varios Te Deum, a los que asistió el presidente de la República, y finalmente, que en el cuarto piso de la Torre A de la Procuraduría hay un oratorio decorado con imágenes del culto católico, del que presentó un video.

“Colombia es un Estado de derecho, constitucionalmente es un Estado laico y la laicidad busca garantizar la igualdad, la democracia, la participación, la pluralidad. Me parece monstruoso que un presidente de la República asista a un Te Deum de un 20 de julio e invite a los altos representantes de la Iglesia a hacer parte de la apertura de un Congreso. Eso no se había vuelto a ver desde 1991. Estamos echando para atrás, me parece injusto que la igualdad religiosa no se respete”, dice Convers.

La Procuraduría contestó que los calendarios habían sido impresos por un grupo de funcionarios que reunieron dinero y no por la oficina pública. La tutela fue fallada en contra, alegando que si bien Colombia es un Estado laico, estas manifestaciones religiosas se inscriben dentro de lo cultural y por eso no son una amenaza contra el derecho de la pluralidad.

Convers no está de acuerdo con el fallo. “¿Por qué vienen a decir que son aportes individuales de los funcionarios como personas? Me muero de la pena, pero yo como particular no puedo llegar a meterle una enramadita a la Casa de Nariño o al Congreso de la República. ¿Por qué está funcionando un oratorio en la Procuraduría? Sugirámosle al señor procurador que arme una discoteca, para que los funcionarios también tengan el derecho a bailar. Esas no son acciones de la gestión publica, ni rezar ni bailar; la gestión publica debe cumplir la Constitución y las leyes”.

Germán Rincón Perfetti

El abogado Germán Rincón Perfetti es conocido porque ha interpuesto cerca de 1.400 tutelas y dice haber ganado el 98% de ellas. Muchas de éstas han tenido que ver con derechos humanos, con derechos de la población LGBTI y también con el Estado laico. En esta ocasión interpuso una tutela contra el procurador por los mismos hechos que Convers, y dos más: que el 31 de mayo de 2010 se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) y durante el evento se contó con la presencia de Juan Vicente Córdoba Villota, monseñor y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia; y que el 16 de diciembre de 2010 se inauguró la sede de la Procuraduría Delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales, con un sacerdote católico que realizó una bendición a las instalaciones.

“Culturalmente no estamos en un Estado laico”, dice Rincón Perfetti y agrega: “Socialmente la gente considera legítimo todo lo que se hace desde lo público orientado a una religión. Por ejemplo, en los aeropuertos hay capillas, en el Congreso hay una capilla y está dedicada a un culto que tiene que ver con el libro de los cristianos, pero con una secta de los cristianos que es la católica. Por ejemplo, también hay un cristo en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; esto no se puede, porque no respeta la igualdad de las religiones, favorece a un culto específico”.

Una de las mayores molestias de Rincón Perfetti es que todas estas acciones se hagan con el dinero de sus impuestos, dice que el procurador hace proselitismo religioso y que sólo toma en cuenta sus interpretaciones de la Biblia católica. “No todas las religiones cristianas interpretan la Biblia de la forma en que la interpreta el procurador, hay iglesias cristianas que aceptan el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo”.

Uno de los mayores obstáculos para el Estado laico es que es difícil trazar la línea entre religión y cultura, por ejemplo, es sencillo argumentar que un cristo es ornamental y no simbólico. “El arte religioso se puede tener sin tener creencias”, dice Rincón Perfetti. “Las manifestaciones de la semana que los católicos llaman Santa son legítimas, pero nadie está obligado a rezar esa semana”. Una de las razones por las que la Corte Constitucional ha mantenido los festivos de origen religioso es que cada quien puede usar ese tiempo a su antojo, y nadie está obligado a un culto, aun cuando la mayoría se involucre en él. Sin embargo, añade Rincón Perfetti, “no se puede decir que como esta es la religión mayoritaria, eso legitima las acciones que se hacen frente a temas religiosos y el Estado. La democracia no se mide por el poder de las mayorías, sino por el reconocimiento y respeto de las minorías”. Muchas veces estos comportamientos se escudan en que han sido desde hace tanto tiempo que nos parecen el deber ser de las cosas. “Hay una naturalización de la violencia contra la mujer, ¿entonces hay que permitirlo? El hecho de que en Colombia esté naturalizado lo religioso no quiere decir que se deba permitir que se viole la Constitución”, concluye el abogado.

Dice Rincón Perfetti que no se trata sólo del Procurador, esto sucede en muchas entidades públicas, y un fallo en contra de Ordóñez serviría como medida pedagógica desde lo simbólico, algo que tendría un efecto de onda respecto al comportamiento de todos los funcionarios públicos. Sin embargo, esta tutela también fue fallada en contra y la razón del Tribunal fue que el abogado no es funcionario de la Procuraduría, por lo tanto estas acciones no lo afectan directamente.

Daniel Sastoque

Daniel Sastoque es un funcionario de la Procuraduría que ha interpuesto dos tutelas contra el procurador, la última por la vulneración de sus derechos a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia, así como al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo.

Sastoque también se queja de las imágenes religiosas que llenan la Procuraduría:

“Hay dos espacios emblemáticos en la Procuraduría, que son el Auditorio Antonio Nariño, que es una sala para hacer presentaciones y al ingresar lo primero que se encuentra es un cristo católico. Si yo entro a la sala de audiencias disciplinaria, que es el otro espacio relevante, al lado del puesto donde las personas se paran a rendir testimonio está otro crucifijo, eso es hacerlo participante pasivo a uno de un culto”.

Sastoque dice que desde que presentó esta demanda ha sido objeto de hostigamientos, muchos de ellos de contenido homofóbico. Ha recibido anónimos pidiéndole que “se cure” y dice ser objeto de malos tratos en la oficina que ocupa actualmente (la Procuraduría General de Cundinamarca). Allí ha recibido cartas anónimas en las que sus compañeros le dicen que si bien algunos funcionarios han sido nombrados por favores políticos, la mayoría están ahí por concurso y por eso le reclaman que “mientras usted disfruta protestando en su cubículo de trabajo, sus compañeras y compañeros reciben el mayor castigo en su vida. ¿Qué culpa tienen ellas y ellos de su vida? ¿No le da pena actuar de esa manera? Proteste en la calle, proteste fuera de la oficina de trabajo”.

Sastoque, por su parte, dice que hay un grupo de funcionarios que pertenecen a Los Caballeros de la Virgen. Dice que uno de ellos, Mauricio Contreras, que a su vez tiene imágenes religiosas y una foto con el procurador en su cubículo, ha vandalizado su puesto de trabajo. “Yo había puesto en mi escritorio calcomanías de ‘Monseñor Procurador se equivocó de profesión’, arrancaron los stickers, violentaron la grabadora que yo tenía, y no ha pasado nada. Esta persona tuvo el descaro de colocar la bandera de la diversidad con el signo de prohibido en plena oficina, sin que pasara absolutamente nada”. Sastoque también dice que su puesto ha sido inspeccionado varias veces sin su presencia.

La tutela referida al Estado laico fue rechazada por el Tribunal con el mismo argumento de todas las tutelas: que estos actos no son manifestaciones religiosas sino culturales. Sastoque también interpuso una tutela por “violación de muchos derechos, entre ellos la libre expresión, la discriminación y los tratos crueles y degradantes”. El funcionario dice que no ejerce en este momento el puesto para el que entró por concurso, orientado al trabajo en defensa de los derechos humanos, particularmente la población LGBTI. Hoy se encuentra ejerciendo funciones de derecho disciplinario. “Yo he argumentado que como defensor de derechos humanos me niego a atender derechos disciplinarios, porque considero que el derecho disciplinario al ser un derecho sancionatorio, esa persona que lo ejerce debe estar capacitada para hacerlo. ¿A ti te gustaría que yo te investigara en un caso delicado sin yo tener formación en eso?”.

Mónica, Katherine, Ariadna, Ana, Marta, Liliana, Camila…

La semana pasada se interpuso otra tutela contra el procurador Alejandro Ordóñez. En ésta, alrededor de 1.100 mujeres de varias regiones del país reclaman que el procurador se retracte por las mentiras que ha dicho públicamente y desde su cargo de funcionario público sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Mónica Roa, una de las voceras, explica que la tutela tiene dos partes: “El derecho principal que pedimos que se tutele es el derecho a la información, y luego elaboramos por qué, al violar ese derecho otros derechos fundamentales se ponen en riesgo. La información veraz confiable es un bien en sí mismo que se entiende como derecho fundamental y la información confiable es presupuesto de otros derechos. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede ejercerse si tú no tienes información correcta para tomar tus decisiones y hacer tu plan de vida. Los derechos sexuales y reproductivos necesitan que uno tenga información para decidir cómo vivir su vida, cómo hacer uso de los servicios de salud y cómo ejecutar esas decisiones de manera autónoma”.

La tutela documenta una serie de declaraciones falsas que ha hecho Ordóñez. Por ejemplo, que el postinor, la pastilla del día después, es un abortivo, cuando ha sido declarada por la OMS como un anticonceptivo. “Las opiniones del procurador tienen que ser explícitamente opiniones y la información que está contenida en sus actuaciones oficiales, o bien en comunicados de prensa, o bien en circulares que les envía a todos los funcionarios del Ministerio Público, debe ser verídica. Toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos habla de un límite a la libertad de expresión de los funcionarios públicos y de una exigencia de información cierta para garantizar la transparencia de la función estatal”.

Además, la Constitución de 1991 consagra el derecho a la información como parte de la libertad de expresión en el artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación”.

Roa dice que el procurador ya ha recibido varias quejas disciplinarias, entre ellas una presentada por Womens Link hace más de año y medio, en las que se reclama que el procurador ejerza su trabajo de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, estas quejas disciplinarias no han tenido respuesta. “Cuando un funcionario público miente, por ser funcionario, esto se circula a través de los medios y crece la desinformación”. Esta desinformación es mayor en las regiones del país donde es más evidente la falta de implementación de nuevos derechos como la interrupción voluntaria del embarazo.

La tutela cita la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, 2010, párr. 67) para decir que “cuando el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas depende de que puedan conocer una información pública relevante, el Estado debe suministrarla de forma oportuna, accesible y completa (...) el derecho de acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos humanos (...)”. Los efectos de la desinformación son evidentes si se tiene en cuenta que según el informe Guttmacher Institute, presentado hace unas semanas sobre embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia, se estima que en Colombia cada año ocurren 400.412 abortos inducidos (estimación promedio para 2008). Visto de otra forma, cada año una de cada 26 colombianas en edad reproductiva tiene un aborto.

El informe también señala que en Colombia se presentan anualmente 911.897 embarazos no planeados, lo que significa 89 embarazos no deseados por cada mil mujeres de 15 a 44 años. Esta tasa es un 25% más alta que el promedio para toda América Latina y el Caribe. Cerca del 44% de estos embarazos termina en aborto inducido. Mientras tanto, casi dos terceras partes de las IPS que podrían prestar atención postaborto no lo hacen. De las 1.100 IPS en Colombia que potencialmente podrían prestar servicios postaborto, seis de cada 10 no lo hicieron en 2008.

Lo que las mujeres que han interpuesto esta tutela esperan es que el procurador se retracte públicamente, pues una cosa son sus creencias personales y otra, divulgar información falsa y altamente peligrosa para la salud y la vida de las mujeres en edad reproductiva en Colombia.