La cuna de 'Los Urabeños'

No es fácil entender por qué Urabá sigue sumida en la violencia, pero las investigaciones del escritor y sociólogo Alfredo Molano Bravo arrojan luces.

El preámbulo

Freddy Rendón Herrera, El Alemán, dijo ante la Fiscalía que su grupo paramilitar creció en Urabá con complicidad de empresarios de la región y que los militares tenían una línea de apoyo al paramilitarismo. El narcotráfico fue una actividad esencial en la consolidación de este poder regional que, por supuesto, contó con el apoyo de los políticos.

Las cuatro patas de la mesa —empresarios, Fuerza Pública, narcotráfico y políticos— quedaron al desnudo con las declaraciones de los jefes paramilitares. El bloque Élmer Cárdenas “llegó a tener 1.500 paramilitares en sus filas, dejando 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos”, según el reporte de Justicia y Paz.

La expansión de las Auc hacia el sur, siguiendo el curso del Atrato, se llevó a cabo combinando las acciones militares —masacres, asesinatos ejemplarizantes, intimidación— con acciones de carácter social y electoral. Mientras Freddy dirigía las primeras, su hermano, John Jairo, alias Germán Monsalve, las segundas.

Desde 2002, Monsalve creó una ONG, Asocomún, cuyo objetivo era el desarrollo integral de las comunidades, que durante el gobierno de Uribe tuvo un importante apoyo institucional a través de Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpourabá), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales. Una vez se concretó la entrega de armas en Ralito, el ingrediente social cobró fuerza con el Proyecto Tulupa, Horizonte de Esperanza, que asoció más de 70 comunidades y contó con el patrocinio de la Cepal y de la fundación Kellogg.

Asocomún logró una importante votación en 2006 y eligió a Antonio Valencia Duque, quien llegó al Senado en reemplazo de Álvaro Araújo. Asocomún recibió también fondos del Plan Colombia para el cultivo de palma, caucho y maderables. En paralelo, Monsalve creó una gran empresa de comercialización de frutas —Multifruits—, cuyo representante legal fue Juan Manuel Campo Eljach, que tuvo negocios con la multinacional Del Monte y con empresas madereras del Darién.

El gobierno fue un socio muy importante en el fortalecimiento de este conjunto de actividades sociales, hasta el punto de vincular al BID y a la Oficina de Naciones Unidad contra la droga y el delito (Unodc). Muchos de estos vínculos y programas surgieron de reuniones celebradas en la hacienda La Virgen del Cobre. De hecho, la red social y política que creó El Alemán en Urabá y en Córdoba fue la base para la reorganización paramilitar con una nueva razón social: ‘Los Urabeños’, que actuaron también como Autodefensas Gaitanistas, al mando de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny, abatido cerca de Necoclí.

Todo induce a pensar que el Élmer Cárdenas y el bloque Bananero, que actuaron en la región de Necoclí, Turbo, Chigorodó, al mando de H.H., el Mono Veloza, no sólo no entregaron todas las armas, sino que la mayoría, la gran mayoría de sus miembros, no fueron judicializados y recibieron en cambio subsidios ordenados por la Ley de Justicia y Paz. Una vez terminados los plazos legales y enmarcados por una relativa disminución de los cultivos de coca en el bajo Cauca, Chocó y Magdalena Medio, los desmovilizados optaron por reorganizarse y complementar sus actividades económicas con la extorsión.

Es explicable que a medida que el narcotráfico era más difícil y los grandes carteles eran golpeados, la extorsión ganaba terreno y, digamos, popularidad. No es para nada extraño que ‘Los Urabeños’, como casi todos estos grupos llamados bacrim, estén vinculados a la minería ilegal. El Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris sostiene que ‘Los Urabeños’ pueden tener unas 1.200 unidades de combate distribuidas en el Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre, es decir, donde se llevó a cabo el “paro armado”.

El caso Córdoba

En las zonas donde los paramilitares habían actuado, los nombres de Urabeños, Rastrojos, Paisas, Águilas Negras, son conocidos. Pero para el país ‘Los Urabeños’ comenzaron a ser famosos con el asesinato de dos estudiantes de la Universidad de los Andes: Mateo Matamala y Margarita Gómez, ocurrido en enero de 2011 en San Bernardo del Viento, en el norte de Córdoba. Meses más tarde, en agosto, fueron asesinadas cinco personas en la vereda Las Pailas, municipio de Tierralta, sur de Córdoba.

Personalmente conocí hace pocos meses la situación que se vive en el sur de Córdoba. Como se sabe, en Montelíbano hay una gran empresa multinacional —Cerromatoso S.A.— que produce más de 50.000 toneladas anuales de ferroníquel; en Puerto Libertador hay enormes minas de carbón que Cementos del Caribe ha vuelto a explotar a gran escala, combustible con el que se atenderá una gran termoeléctrica.

Para completar el cuadro, en una vereda cercana, Bijao, Cementos Argos tiene 5.000 hectáreas de árboles de teca. Son economías de enclave que han trastornado la región y han puesto en primer plano el tema de la seguridad. Como es natural, existen batallones y cuarteles de policía que garantizan el orden público y que son apoyados por empresas de seguridad privada.

El tercer anillo lo constituyen grupos de paramilitares: Águilas Negras, Paisas, Urabeños y Rastrojos. Alrededor de este sistema merodean las guerrillas de las Farc. Es claro que cada grupo tiene sus propios territorios, que defiende a bala. Ocasionalmente hay acuerdos sobre zonas, de los que no está exenta la Fuerza Pública, tácita o explícitamente. El río San Jorge, por ejemplo, es un límite respetado entre ‘Los Urabeños’, que ocupan la margen derecha de la cuenca, y ‘Los Paisas’, que controlan la izquierda.

Los primeros —comentan en la región— están apoyados por las ‘Águilas Negras’ y por el Ejército Nacional. ‘Los Paisas’, a su vez, por ‘Los Rastrojos’ y por las guerrillas. Los acuerdos se han roto varias veces, lo que supone enfrentamientos a muerte y, claro está, ejecuciones y masacres de la gente que consideran apoya o trabaja con los contrarios. Los homicidios han crecido en forma alarmante desde hace unos años. Los registros del Cinep así lo muestran: en 2007 hubo 6 asesinatos; 10 en 2008; 9 en 2009 y 82 en 2010. Se supone que todos los llamados actores armados están involucrados en los cultivos de coca en el Bajo Cauca, Paramillo y Serranía de San Lucas, en su transporte hacia las costas, tanto del Caribe como del Pacífico, y también en la exportación.

El problema de orden público podría agravarse si los planes de inversión privada se llevan a cabo y si el Estado no es capaz de monopolizar la fuerza. En Tierradentro se espera que haya importantes inversiones en palma africana. Caña de azúcar y jatropha o piñón blanco para la producción de biocombustibles. Al efecto ya se han comprado u ocupado tierras de población desplazada.

Factor Necoclí

Tratando de enlazar el conjunto de tendencias, vale la pena referirnos a un punto de partida geográfico que puede ser la clave para entender muchas de las cosas que alrededor de este tema se tejen. De Necoclí, como se recordará, salieron las tropas que hicieron la masacre de Mapiripán, entre otras. La masacre de Mapiripán abrió la puerta de los Llanos a Carlos Castaño y su tropa, que desde ese entonces fueron conocidos como ‘Los Urabeños’. Después de acuerdos y distanciamientos entre fracciones paras, ‘Los Urabeños’, comandados por Miguel Arroyave y por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, formaron el bloque Centauros. Don Mario empezó a apropiarse de los corredores de la droga dejados a los narcoparamilitares desmovilizados por Justicia y Paz, hecho que lo llevó a desatar una guerra contra la ‘Oficina de Envigado’ y contra y ‘Los Paisas’. El 15 de abril de 2009 fue capturado por la policía en una operación hecha en Necoclí. Arroyave fue asesinado por alias Cuchillo, fundador de las Erpac, muerto por la policía cerca de Mapiripán, donde le habían sido adjudicadas más de 3.000 hectáreas de tierra robadas a campesinos y ganaderos. Cuchillo fue sucedido por alias Caracho, quien mediante unas extrañas negociaciones con Sergio Jaramillo, alto consejero de Seguridad Nacional, se desmovilizó en Apiay el mes pasado.

Es muy extraño y sospechoso que esta desmovilización tuviera lugar unos pocos días antes de la muerte de Giovanny, el jefe militar de Los Urabeños, cerca de Necoclí, que dio lugar al famoso paro armado ordenado por alias Otoniel, su hermano. También resulta curioso que cuando las fuerzas ideológicas aliadas al uribismo se han declarado en la oposición al gobierno de Santos, el paramilitarismo vuelva a la palestra con una operación que ni las guerrillas pudieron hacer: parálisis total durante 48 horas de 16 municipios. Los vínculos entre un discurso ideológico y una práctica militar no se generan de manera mediata o inmediata. Vale la pena recordar lo que Ángel María Lozano, El Cóndor, protagonista célebre de la violencia en el Valle del Cauca decía: “A mí me leen el editorial de El Siglo y sé lo que tengo que hacer”.

El lastre del paramilitarismo y la guerrilla

En el Urabá, tanto antioqueño como chocoano, el paramilitarismo ha ido siempre de la mano con la expansión de las empresas agropecuarias. Las tierras que la Carretera al Mar abrió entre Chigorodó y Turbo en los años cincuenta estaban destinadas por la industria textil para convertirse en la India de Antioquia o, lo que es lo mismo, para ser cultivadas con algodón. No obstante, la crisis del banano en Fundación y Magdalena indujo al Gobierno a mirar hacia el Urabá, una región fértil, poblada por pequeñas y débiles comunidades indígenas, para crear una zona bananera sobre un modelo distinto: la finca y no la plantación. La comercialización de la fruta la seguirían haciendo las multinacionales. El proyecto prosperó, pero no tardaron en aparecer dirigentes sindicales con la experiencia del conflicto con las compañías fruteras del Magdalena. En torno a los nuevos enfrentamientos fueron apareciendo las armas. Primero las del Ejército Nacional y las de las Farc; luego las de los paramilitares. La alianza estratégica empresarios- ejercito-paramilitares se enfrentó durante la década de los ochenta a la de sindicatos-guerrillas de las Farc y el Epl.

La corrupción violenta de la economía

Los bananeros se expandieron hacia el sur, donde la ganadería extensiva era fuerte y formaba con las tierras del Urabá chocoano una agresiva colonización de empresarios que despojaba a las buenas o a las malas de sus tierras a las comunidades indígenas, negras y campesinas. Sucedió lo mismo hacia el bajo y medio Atrato, donde el conflicto enfrentaba a grandes compañías madereras con comunidades locales y donde también los paramilitares y las guerrillas hicieron su aparición a principios de los años noventa. El conflicto armado formó un teatro de guerra entre Necoclí, Dabeiba y Vigía del Fuerte. El Epl se alió con el bloque Élmer Cárdenas, de las Auc. El control de la región tuvo su punto culminante con la ‘Operación Génesis’, llevada a cabo por el Ejercito Nacional y los paramilitares. El remate fue la ocupación brutal del territorio colectivo de los consejos de Curvaradó y Jiguamiandó mediante el asesinato de 120 campesinos y el desplazamiento de más de 2.000. Una vez desocupada la región, 23 empresarios con respaldo de fuerzas institucionales y parainstitucionales invirtieron miles de millones de pesos en palma africana.