El monopolio de la impunidad

Rita Ivonne Tobón, exalcaldesa de Segovia, testificó esta semana ante la Corte Suprema.

Veintitrés años después, la masacre de Segovia apenas es un número difuso en la nebulosa memoria colombiana. Tres camperos Toyota se pasearon durante 90 minutos —lo que dura un partido de fútbol— por las calles del pueblo minero del nordeste antioqueño y, a punta de fusiles y pistolas, segaron la vida de 43 personas ese viernes 11 de noviembre de 1988. Muchos murieron desangrados, esperando un a médico. Otros más se hicieron los muertos. Algunos no tuvieron ese chance. Fueron fusilados en sus propias camas. La sangre descendía del parque con dirección al cementerio. La encarnación de la barbarie paramilitar.

Al día siguiente “sólo abrieron la iglesia y el cementerio”, tituló entonces El Espectador. Tres sacerdotes oficiaron el sepelio colectivo, pero en medio de la marcha fúnebre al camposanto, a pleno mediodía, un cadáver que no cupo dentro del cajón se salió y cayó al piso. Quienes cargaban el ataúd se agacharon a recogerlo. Los que venían detrás hicieron lo mismo y alguien creyó que habían vuelto las balas. No faltó quién gritara que los asesinos seguían allí. Que había visto armas. Cuatro heridos dejó la estampida. Los horrores de esa masacre no termina de procesarlos la justicia.

El 15 de noviembre de 1988, en el Congreso de la República, se leyó la constancia que la entonces alcaldesa de Segovia de la Unión Patriótica (UP), Rita Ivonne Tobón, aún con la amargura de la muerte ahí, escribió la misma noche de la matanza. “Cuando habían transcurrido unos tres cuartos de hora del tiroteo vino a aparecer el Ejército. Uno de ellos lanzó la siguiente expresión: ‘Ya lo hecho, hecho está’. Y soltó la carcajada. Si lo que corría por las calles no era agua, sino sangre, ¿qué clase de individuo tiene ánimos para reír a carcajadas? ¿Estaba satisfecho de la labor cumplida?”.

Hasta el pasado jueves esa era la única declaración que se conocía de Rita Ivonne Tobón. Desde Ginebra le dio una declaración a través de una videoconferencia a la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo del juicio en contra del cacique liberal César Pérez García. El Espectador la contactó pocas horas después y su estremecedor testimonio arroja nuevas pistas —es decir, las mismas pistas desde 1988— para esclarecer esa estela de sangre en Segovia. “Mis amigos están en los cementerios”. Así empieza su relato la exiliada exalcaldesa del municipio antioqueño.

Según ella, era tanto el poder del paramilitarismo en aquellos tiempos en los que Fidel Castaño era un desconocido, que las amenazas tenían nombre y apellido. Ya entonces salían a relucir los nombres de los oficiales Alejandro Londoño, Marco Hernando Báez, Jorge Chacón Lasso y hasta el general Farouk Yanine Díaz como cómplices de la masacre. Por eso Rita Ivonne Tobón, ni siquiera 23 años después, acepta enviarle una foto a este diario y concluye que en Colombia “se fabrica la impunidad desde la misma justicia que investiga este tipo de casos”. Las vueltas de este expediente confirman su tesis.

Siete años después, y muy a pesar de la multitud de señalamientos en su contra, fue citado por primera vez a indagatoria el expresidente de la Cámara de Representantes César Pérez García. Hasta ahí llegó el impulso de la justicia. Entre peticiones, reasignaciones y traslados del proceso, poco se avanzó desde aquella época hasta el año 2008. Ni siquiera se practicaron pruebas. Hubo necesidad de reconstruir parte del expediente con fotocopias. Fue sólo hasta que la Corte Suprema de Justicia conoció del caso y escarbó en la investigación que, el 13 de mayo de 2010, seriamente comenzaron a rastrearse los pasos de César Pérez.

Dice Rita Ivonne Tobón que encapuchados con brazaletes del MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste) sembraron el pánico en los municipios que habían sido conquistados democráticamente por la Unión Patriótica. Eran los tiempos en que los ejércitos privados de la casa Castaño fueron asesinando a destiempo, en una correría de sangre, a miles de integrantes del partido que nació después de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur. Los panfletos y las amenazas eran el pan del día en Segovia.

Tobón se posesionó el 1° de julio de 1988. Señala ella que antes de asumir el cargo le llegaban anónimos en los que le decían: “Hijueputa comunista, nunca te vas a posesionar”. El mismo Farouk Yanine, recuerda ella, le advirtió que el Partido Liberal volvía porque volvía al poder, “porque así lo había decidido el estandarte del partido, César Pérez”. El país entero sabía que las autodefensas iban a perpetrar un baño de sangre en Segovia. Nadie hizo nada. Y sólo tres días después de la horripilante incursión armada, una comisión del gobierno Barco dimensionó el tamaño del descuido y la tragedia anunciada.

Cuenta Tobón que los valientes fueron a denunciar lo ocurrido y endilgaron responsabilidades que jamás se investigaron. Sin embargo, los oficios y los telegramas en los que se pedía protección o se narraba el pánico que suscitaban las misiones de los ejércitos privados de Fidel Castaño y sus aliados políticos nunca se indagaron. Con la muerte fresca, los segovianos seguían esperando al Estado. Ya esa traza de salvajismo había pasado por los municipios de Mejor Esquina, Punta Coquitos y otro largo etcétera que ya ni la historia registra. Las amenazas contra Tobón se hicieron más fuertes.

Ninguna autoridad cumplió. Ella se cansó de enviar advertencias a los organismos judiciales. “Cómo olvidar los abusos de la autoridad, el Ejército entraba a cualquier oficina de la administración municipal, irrumpía en los actos cívicos y reuniones de trabajo, hacía lo que le daba la gana. Entonces Colombia era el cuarto productor mundial de oro y César Pérez necesitaba recuperar el nordeste antioqueño. El asunto no era de votos, sino de los millones generados por el oro. Las autoridades salían a disparar y luego decían que estaban repeliendo un ataque. Lo llamaban preparación psicológica para que el pueblo se fuera acostumbrando a las balas”.

De 26 alcaldes de la UP, sólo sobrevivieron dos. “Llegaron a ofrecer por mi cabeza hasta $18 millones. En esa época el salario mínimo eran $18.500”. Se fue a vivir a la sede de la Alcaldía por miedo de que mataran a sus vecinos. Salió correteada al exilio 18 meses después de haberse posesionado como alcaldesa. Es una nómada desde entonces. Desde el extranjero vio cómo caían sus copartidarios. Pero no dejaba de indignarse de que a los asesinos se les llamara “señores respetables” en Colombia. Jamás volvió a Colombia. Ni quiere volver. “¿Para qué?”. César Pérez insiste en su inocencia. Ella sostiene que es el verdadero tránsfuga detrás de la masacre. La Corte Suprema de Justicia evalúa su testimonio.

El año de las masacres: 1988

Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 60 masacres se produjeron durante 1988, 10 de ellas en Antioquia, 10 en Santander y 6 en Córdoba, los departamentos donde este flagelo golpeó con más saña. De ese trágico año se recuerdan tristemente las masacres de Honduras y La Negra, ocurridas el 4 de marzo en Turbo (Antioquia) y que dejó como saldo la muerte de 20 trabajadores y, además, miembros de la Unión Patriótica; la de Mejor Esquina, acaecida en el departamento de Córdoba el 4 de abril de 1988, durante la cual los ‘paras’ cobraron la vida de 27 campesinos, y la de Punta Coquitos, como se conocieron a los asesinatos de 42 campesinos en Turbo (Antioquia) el 11 de abril. A éstas las une que detrás de ellas estuvo la infame Casa Castaño, la misma que tiempo después llevaría al paramilitarismo a toda Colombia, pero que en un comienzo encontró en la región de Urabá su zona de expansión.

“Soy inocente”: César Pérez

El expresidente de la Cámara de Representantes César Pérez García rechazó las acusaciones frente a su presunta participación en la matanza de Segovia (Antioquia), que ocurrió el 11 de noviembre de 1988. En su declaración ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dijo que no creó vínculos con los grupos de autodefensa para intimidar y perseguir a los seguidores que la Unión Patriótica (UP), con el objeto de que el Partido Liberal lograra el mayor poder electoral en la población antioqueña. El acusado indicó que en Segovia, para la época de la matanza, existía una “armonía democrática entre todos los partidos”.

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