La batalla por el aborto

Mónica Roa (izq.) había demandado a Ilva Myriam Hoyos y al procurador Ordóñez por emitir información falsa y generar confusión. / Archivo - El Espectador

No es para nadie un secreto que la interrupción voluntaria del embarazo, legal en Colombia desde 2006 en tres condiciones específicas, ha hecho de la organización Women’s Link World Wide (WLWW) y la Procuraduría dos actores en enfrentamiento. Hace un par de días, el duelo se agudizó cuando una de las principales colaboradoras del procurador Alejandro Ordóñez, la procuradora delegada para la infancia, la adolescencia y la familia Ilva Myriam Hoyos, denunció penalmente a Mónica Roa por el delito de injuria, alegando que la directora de esta ONG había manipulado la jurisprudencia de la Corte Constitucional para desinformar al país y engañar a funcionarios públicos sobre el aborto.

El Espectador confirmó con el abogado Jaime Lombana —el mismo que defiende al expresidente Álvaro Uribe en el proceso de las ‘chuzadas’— que la denuncia fue interpuesta hace unos días en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Pero esta es una historia de largo aliento. Hace nueve días, la Corte Constitucional notificó que empezará a estudiar la tutela que Roa y otras abogadas de WLWW interpusieron contra la hoy denunciante Hoyos, así como contra la procuradora delegada María Eugenia Carreño y contra el propio Ordóñez. La razón de la tutela es la misma de Ilva Myriam Hoyos en la suya: que los funcionarios generan confusión y desinformación en materia de derechos reproductivos.

Las abogadas documentaron que Ordóñez y sus procuradoras, entre otras cosas, han acusado a la Corte Constitucional de “implementar campañas masivas de promoción del aborto” y que han tergiversado los conceptos de la Organización Mundial de la Salud sobre la anticoncepción oral de emergencia —o pastilla del día después—. Esta tutela llegó al alto tribunal tras sufrir dos derrotas entre octubre y diciembre del año pasado. La primera, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. La segunda, ante el Consejo Superior de la Judicatura. Roa, quien se enteró de la denuncia cuando Caracol Radio lo mencionó, le dijo a este diario desde Nueva York: “Me van a demandar por decir mentiras sobre la jurisprudencia, cuando son ellos los que han mentido”.

A finales de este año se espera que el Congreso elija el nuevo procurador y Ordóñez ya ha dejado saber públicamente su interés en ser reelegido. El tema del aborto, indudablemente, será protagonista del debate. Hace dos semanas, WLWW empezó una campaña llamada “Procura” que, como le explicó Mónica Roa a este diario, “no es ni a favor ni en contra de nadie. Es para recordar cuáles son las funciones de la Procuraduría y para llamar la atención sobre qué cualidades debe tener el próximo jefe del Ministerio Público. Yo no tengo ningún problema con las creencias religiosas de Ordóñez, mi objeción va al hecho de que él sabotee derechos fundamentales”.

Y es que en el tema de la interrupción voluntaria del aborto no es sólo Roa la preocupada con las actuaciones de Ordóñez. En mayo de 2011 la Corte Constitucional emitió un auto reiterando la negligencia del procurador para acatar la sentencia T-388 de 2009, en la que se les ordenó a la Procuraduría y otros organismos del Estado diseñar y promover campañas masivas para la promoción de derechos sexuales y reproductivos —las mismas que Ordóñez denunció como campañas para promover el aborto—. El procurador ha insistido en que el aborto es un crimen; la Corte Constitucional ha puntualizado que este procedimiento, bajo las condiciones que el alto tribunal admitió, es un derecho fundamental.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su parte, también ha expresado inquietud por las posiciones de Ordóñez, indicando su preocupación porque “el procurador general de la Nación no apoya la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional en esta materia”. Si bien este tema podría ser uno más de los tantos debates legales en los que se embarca este país, la Corte ha sido reiterativa en recalcar su importancia porque, mientras algunos funcionarios, jueces y EPS se niegan a implementar el aborto en las condiciones en que se legalizó, son muchas las mujeres colombianas que continúan poniendo en riesgo su vida, a pesar de que las normas vigentes establecen que no tiene por qué ser así.