Erradicadores civiles en peligro

Cerca de 270 erradicadores manuales han muerto por causa de minas antipersona. / Archivo - El Espectador

La lucha contra los cultivos ilícitos en el país cuenta con el respaldo de 60 grupos de erradicadores manuales, integrados por casi dos mil civiles, que encontraron allí una alternativa de trabajo para sostener a sus familias. Sin embargo, en los últimos cinco años, casi 270 de ellos han muerto en el campo de erradicación, a causa de las explosiones de minas antipersona sembradas por los grupos ilegales para evitar que acaben con su principal sustento para la guerra. Sólo entre 2009 y 2010, la cifra de víctimas mortales aumentó de 54 a 58. Los accidentes se han registrado en 33 municipios de 12 departamentos.

Para entidades como la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (ICBL, por su sigla en inglés), tras un estudio que realizó el año pasado sobre las condiciones en las que laboran los erradicadores, este panorama es crítico, por eso recomendó al Gobierno dejar de reclutar civiles para esta tarea, debido a los riesgos a los que se ven sometidos. Pese al esfuerzo de mejorar los protocolos de seguridad, para ICBL “el Gobierno no ha podido proteger a sus ciudadanos de forma eficaz frente a este riesgo”.

En igual sentido, el año pasado ya se había pronunciado la Procuraduría General de la Nación, que aconsejó al Gobierno suspender el reclutamiento de civiles. Incluso existen sentencias contra el Estado por la muerte de erradicadores, como la que expidió el Tribunal Administrativo del Meta, que falló a favor de la familia de un erradicador que murió en esta tarea, al considerar que el Estado lo había sometido a “un riesgo excepcional”.

Los últimos casos ocurrieron la semana pasada. El 28 de febrero, en Putumayo, murió un trabajador, otro quedó ciego y cuatro resultaron heridos. El fin de semana, en dos casos aislados, ocho resultaron heridos en Córdoba. “Esto evidencia el alto nivel de riesgo al que son expuestos los civiles reclutados para trabajar como erradicadores manuales de cultivos ilícitos, y la urgencia de que el Gobierno adopte las recomendaciones de la ICBL”, dijo en un comunicado la organización Campaña Colombiana contra Minas (CCCM).

Una de las críticas del informe es la condición actual de algunos exerradicadores que sobrevivieron a accidentes con minas, pero que no han podido acceder a la asistencia a la que tienen derecho. “Para asegurar el oportuno y pleno acceso a los múltiples servicios de la asistencia a víctimas, el Gobierno debe redoblar su esfuerzo para certificar a los sobrevivientes erradicadores”, afirma ICBL. Aunque en el estudio no se critica el interés del Gobierno en erradicar los cultivos ilícitos, se sugiere que siga siendo una tarea exclusiva de la Fuerza Pública.

Frente a las mejoras que ha aplicado el Gobierno, el estudio sugiere que ninguna de las medidas parece ser capaz de proteger a los erradicadores. “Al contrario, a pesar de conocer los riesgos, los civiles no están siendo excluidos de las zonas sospechosas. Además, se tiene entendido que cuando ocurre un accidente, no todas las operaciones de erradicación en la zona son suspendidas”.

Los erradicadores fallecidos o heridos por minas en 2006 no recibieron ningún beneficio o asistencia a víctimas, debido a la naturaleza informal de sus contratos de empleo. El estudio indica que, desde entonces, las condiciones han mejorado. Sin embargo, existen obstáculos burocráticos que impiden que muchas víctimas puedan acceder a los beneficios a que tienen derecho.

Pensar en seguir el programa de erradicación manual sin la mano de obra de los civiles parece difícil para el Gobierno. Por esta razón, su tarea ha estado encaminada a mejorar los protocolos de seguridad frente a las operaciones que se adelantan para eliminar cultivos ilícitos. Así lo indicó Álvaro Balcázar, director de la Agencia Presidencia de Consolidación, de quien depende parte del programa de erradicación de cultivos ilícitos en el país. “Nosotros somos conscientes de ese riesgo, por eso estamos mejorando para reducir los niveles de amenaza y de afectación, no sólo de los erradicadores, sino de los uniformados que están en operaciones. Por eso se han ido perfeccionando los protocolos de seguridad y manejo”, dijo.

Según el funcionario, están siendo más rigurosos en la evaluación de las condiciones de seguridad en los territorios a intervenir. Ahí se define si se hace mediante fumigación o erradicación manual. “Nos enfocamos en territorios donde se ha recuperado cierto nivel de seguridad favorable a la erradicación manual. Antes de cualquier entrada de los erradicadores hay un protocolo de verificación de la presencia de artefactos explosivos, que son desactivados. Una vez se asegura el área, los erradicadores ingresan apoyados por policías. Este es el protocolo que nos lleva al mínimo de riesgo; nos ha servido para reducir la cantidad de incidentes en los últimos dos años”.

Según Balcázar, en tanto existan los cultivos ilícitos el riesgo será en todo el país, más cuando “hay grupos armados sin impedimentos morales para atacar a la población. Es un riesgo inminente”. Frente a las condiciones laborales, Balcázar dice que vienen cambiando desde el año pasado. “Tienen contrato con todos los derechos legales y de seguridad social. Incluso cuentan con un seguro de vida y de accidentes por $50 millones, sin contar con que cada familia puede acudir a los recursos por vía judicial para hacer los reclamos que consideren pertinentes. Con todo esto, estamos viendo cómo encontramos la forma de acabar lo antes posible con los cultivos ilícitos y, para ello, estamos haciendo el mejor uso de las diferentes modalidades de erradicación”, concluyó.