Dos viudas y una víctima más del paramilitarismo

El jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, rodeado de sus lugartenientes. / Colprensa

El pasado primero de marzo, en la cárcel Modelo de Barranquilla, el desmovilizado miembro de las autodefensas Rafael Eduardo Julio le contó a la justicia cómo fue asesinado el ganadero Fernando Cepeda Vargas en agosto de 2003, homicidio por el cual hoy se investiga a la rectora de la Universidad Autónoma de la misma ciudad, Silvia Gette Ponce, viuda del exrector Mario Ceballos. Pero cuando se esperaba que su declaración ratificara la acusación contra la educadora, el individuo volteó la historia aludiendo a otra viuda, la de la propia víctima.

El testigo, de 35 años, admitió que la orden se la dio Pedro Soler, alias Aguas, quien se encargaba de los asesinatos en los municipios de Sabanalarga, Manatí, Repelón y Luruaco. Como la costumbre de Aguas era “caminarle enseguida” al crimen sin corroborar información, el declarante recalcó que él fue quien tuvo que hacer reparos sobre la zona para perpetrar el homicidio, pero que finalmente llevaron marcado al ganadero Cepeda desde que salió de su finca y, ya cuando andaba por la Circunvalar, lo asesinó Rafael Velilla, El Costeño.

En su declaración, Rafael Julio agregó que aunque alias Aguas tenía la autoridad para ordenar asesinatos a cualquier persona por cualquier hecho, en el homicidio participó también Henry Patiño, alias Felipe, comandante de la oficina de cobro de Barranquilla, y que “los manes de Camagüey le dijeron que era el doctor Fernando a quien le iban a poner una trampa para echarle el Gaula”. Días después fue que se enteró de que al ganadero Fernando Cepeda lo habían matado era por plata, por problemas familiares, por una herencia.

Se enteró de los verdaderos móviles del crimen porque alias Aguas lo llamó muy preocupado para hacerle esa revelación, pues la orden de Jorge 40 a los comandantes o patrulleros era que nadie podía cometer homicidios por dinero. Además, le comentó que lo había matado una señora, a quien iban a multar por haber cometido el hecho. Después agregó que esa señora había pagado $100 millones y había quedado del lado de ellos. Preguntado sobre el nombre de la mujer, el testigo comentó que ellos sólo le decían la viuda y le prestaban seguridad.

Sin embargo, en este punto de la declaración, al ser consultado por qué afirmaba que Aguas, después de que asesinaron a Cepeda, se hablaba con su viuda, alias El Chiqui expresó que después de pasar un tiempo en Santa Marta, hacia diciembre de 2004 le dijeron que tenía que hacerles un cobro a unos tales Echeverría, y el propio Aguas, en tono de burla, le comentó que si sabía para quién iba a hacer el cobro. Luego agregó: “a la que le mataste el marido, pero todo bien, ella ahora está con nosotros, hasta le tenemos seguridad”.

Acto seguido, el declarante detalló cómo sacó el armamento pesado, fusiles AK 47, para que los Echeverría vieran la presencia de las autodefensas. Por eso pagaron la plata rápido. Esa era la costumbre de uno de los frentes de la organización en el Atlántico. Sólo que esta vez se hizo, según El Chiqui, para ayudar a una mujer de la que siempre escuchó que se movía con los miembros de las autodefensas. Eso sí, dejó muy claro que nunca la vio, aunque todos la llamaban la viuda.

Ante semejante comentario, la pregunta del fiscal que tomó la declaración fue obvia: “¿Usted conoce a la señora Silvia Gette Ponce, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe?”. El Chiqui contestó que no la conoció y que, cuando la vio en los periódicos pensó que era la viuda de Cepeda y por eso preguntó que si esa era su esposa. Entonces le preguntó a Don Antonio. Él se limitó a decirle que diera su versión y él daba la suya. Después se puso a investigar y concluyó que la señora de la universidad no era la misma.

Tratando de desenredar la pita, el fiscal insistió en que aclarara el asunto, y alias El Chiqui expresó: “Vuelvo y le digo, Aguas me dijo que había sido la mujer y que se quedó con nosotros colaborando. Después, cuando llego de Santa Marta, me dice que haga el cobro, que es de la viuda, a la que yo le había asesinado al esposo”. Y añadió: “Cuando se forma el escándalo y veo por el periódico la foto de la señora de la universidad, pienso que es la viuda, pero veo que no es la esposa del occiso (...) Ahí es donde yo me doy cuenta de que la viuda es una y la de la universidad es otra”.

El declarante Rafael Eduardo Julio no es un personaje cualquiera. En el mismo testimonio precisó que desde 2007, en que se acogió a Justicia y Paz, lleva como unas diez versiones y que, como lo tiene todo organizado, aceptó 108 homicidios en Sabanalarga y le faltan los de Santa Marta. Según los archivos del ente investigador, perteneció al Ejército, fue informante de la Dijín y vendió gallinaza en Galapa, hasta que decidió integrarse a la oficina de cobro de las autodefensas, que también hizo estragos en el departamento del Atlántico.

Hoy su testimonio tiene perplejos a los investigadores, no sólo por el galimatías de las viudas, sino porque también dice que el que le disparó a Fernando Cepeda fue realmente un tal Rafael Velilla, alias El Costeño, hoy preso en la cárcel de Montería. En cuanto a alias Aguas, murió asesinado en 2006. Alias Felipe corrió la misma suerte. La Fiscalía buscó a otro desmovilizado llamado Johnny Acosta, pero una y otra vez el sujeto contestó que cuando le den seguridad a su familia habla. Antes no. Por ahora sólo reconoce 30 homicidios.

Hasta hace tres semanas el caso del asesinato del ganadero Fernando Cepeda parecía un asunto resuelto. La rectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette, habría pagado $150 millones por el crimen. La razón: una larga disputa entre la educadora y la víctima por el control del centro docente. De hecho, como antecedente quedó una denuncia en 1995 que sólo se vino a saldar en el año 2000, cuando el Tribunal Superior de Medellín absolvió a Cepeda y otros del supuesto delito de constreñimiento ilegal contra la rectora.

Con un detalle especial en esta novela: la víctima era el esposo de María Paulina Ceballos, una hija extramatrimonial del exrector de la Universidad Autónoma Mario Ceballos Araújo, esposo de Silvia Gette. En el papel, una pelea de familia por una herencia, con desenlace fatal y resonante investigación judicial. Sólo que ahora van apareciendo nuevos ingredientes. Por ejemplo, que en septiembre de 2003, Mario Ceballos Araújo decidió hacer su testamento y desheredó a su hija María Paulina Ceballos.

En el documento, conocido por El Espectador, se lee que Ceballos Araújo se casó en Panamá en 1987 con la artista argentina Silvia Gette, que adoptaron dos hijas y tuvieron un tercer hijo en 2003. Pero antes del matrimonio Ceballos-Gette, el exrector de la Universidad Autónoma tuvo una hija llamada María Paulina Ceballos. Y la desheredó, según él, por participar en asocio con Fernando Cepeda, Antonio Vallejo y Ana Simancas en una campaña de difamación a través de pasacalles, hojas volantes y escritos contra su esposa Silvia Gette.

Salta a la vista que además de la pelea judicial, con avisos publicados en los periódicos, la pugna entre Silvia Gette y María Paulina Ceballos fue total. Cuando falleció Mario Ceballos Araújo, la pelea siguió al rojo vivo. Después vino el asesinato de Fernando Cepeda en 2003 y el asunto fue peor. Hoy nada es claro en esta pelea, donde terminó cruzado el paramilitarismo, con un telón de fondo lamentable: el horror al que fue sometido el departamento del Atlántico por cuenta de Jorge 40, Don Antonio, Felipe, Aguas, El Chiqui, Laino Scopetta y otros de su especie.

Hoy, el proceso acapara titulares en los medios de comunicación, la rectora Silvia Gette se defiende, su contradictora María Paulina Ceballos contraataca y en medio de la batalla de dos viudas se afecta la imagen de la Universidad Autónoma del Caribe, creada en 1967, que con seis facultades y 19 programas, está convertida en el objeto de una disputa que no parece tener un final a corto plazo. Por el contrario, cada día surgen nuevas declaraciones que acrecientan la pugna y alimentan la novela judicial.

La prueba es la última solicitud del abogado de María Paulina Ceballos: que persista la investigación contra Silvia Gette por los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, cohecho por dar u ofrecer, abuso de confianza y homicidio doloso agravado del ganadero Fernando Cepeda, y que además se ordene la exhumación del cadáver del exrector Mario Ceballos, porque el abogado Abelardo de la Espriella cree que debe saberse si falleció de muerte natural o se aceleró su deceso por el control de la Universidad Autónoma.

Pero más allá de esta historia de celos, envidia, poder, verdades o mentiras, hay impunidad. No sólo la que segó la vida del ganadero Fernando Cepeda, sino la de decenas de líderes sindicales, profesores universitarios, estudiantes o ciudadanos del común que también murieron asesinados en una época en la que políticos y miembros de la Fuerza Pública se aliaron con paramilitares para establecer un imperio de terror que no ha sido castigado y que sobrevive entre los vericuetos de las bandas criminales o los titubeos de la Ley de Justicia y Paz.

El paramilitarismo en la región Caribe

El paramilitarismo hizo estragos en el departamento del Atlántico. El nombre de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, habla del gestor del proyecto. Pero detrás de él hubo una organización que dejó decenas de víctimas. Y uno de los principales artífices fue el empresario de origen italiano Darío Laino Scopetta.

Hoy está libre, pero según desmovilizados de las autodefensas, ni siquiera ellos se atreven a nombrarlo, por el poder que representa. Los demás fueron los políticos que se fueron sumando a la organización para beneficiarse electoralmente y los que apretaron el gatillo.

La lista es interminable, pero entre los más conocidos quedaron Ignacio Fierro, alias Don Antonio; Henry Patiño, alias Felipe; Miguel Villarreal, alias Salomón; José Pablo Díaz; Pedro Soler Avellojín, alias Aguas; Rafael Julio Peña, alias El Chiqui; Adolfo Cárdenas, alias El Zorro o John Fredy, alias Sisa.

Las autodefensas del Atlántico hicieron parte del proyecto paramilitar del bloque Norte, que también impuso su violencia en los departamentos de Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba, La Guajira y Bolívar. Muchas víctimas de sus excesos aún esperan justicia, verdad y reparación de sus victimarios.