Un fallo en el limbo

Emilio Otero Dajud ha sido elegido cinco veces consecutivas como secretario general del Senado. / David Campuzano

Emilio Otero Dajud ya está en campaña para asegurar su sexta elección consecutiva como secretario general del Senado. Un cargo en el que lleva una década, desde el que debe entenderse con los 102 senadores a diario, distribuir las oficinas, asignar los carros blindados o manejar el orden del día en cada plenaria. Él es quien incluye los cambios en los proyectos de los congresistas y quien anota las ausencias de éstos o si hay mayorías para aprobar las iniciativas. Es, pues, el poder detrás del poder en el Congreso de la República.

No obstante, hace 14 años tiene una sanción en la Procuraduría que jamás se hizo efectiva. La historia es así: en calidad de director administrativo (e) del Senado, se suscribieron tres contratos en mayo de 1994 que fueron objeto de una investigación del Ministerio Público. El 15 de febrero de 1996, Otero fue destituido e inhabilitado por cinco años por este caso. No obstante, el 27 de noviembre de 1998, en segunda instancia, la Procuraduría cambió la destitución por una suspensión de 90 días de su cargo sin derecho a salario.

Emilio Otero no aceptó dicha sanción y acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para reivindicar su inocencia. Señaló que la Contraloría lo había exonerado de responsabilidad fiscal en la investigación por los mismos contratos, que para la época en que se adjudicaron no estaba vigente el reglamento de contratación directa y que jamás transgredió sus funciones. Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca confirmó la suspensión de la Procuraduría al concluir que el expediente estaba suficientemente sustentado en su contra.

Otero acudió al Consejo de Estado para tratar de reversar la sanción impuesta en 1998 por el Ministerio Público, pero tampoco este alto tribunal le dio la razón. El 17 de agosto de 2011 el Consejo de Estado resaltó que no hay razones para ‘enterrar’ este fallo disciplinario y confirmó integralmente la sanción contra Emilio Otero. La corporación determinó que “el hecho de que la Contraloría no hubiera encontrado responsable fiscal al actor (Otero), no desvirtúa la sanción disciplinaria enjuiciada”.

Al mismo tiempo, el Consejo de Estado insistió en que la finalidad de toda contratación estatal es la satisfacción del interés general y eso sólo se logra al escoger la mejor oferta presentada “en cualquier procedimiento de selección de contratistas”. Ese es el reproche fundamental de la Procuraduría en el caso del hoy influyente secretario general del Senado, Emilio Otero. En resumidas cuentas, existe una sanción disciplinaria de 90 días de suspensión en contra de Otero por irregularidades en la suscripción de tres contratos en el año de 1994.

Sin embargo, a través de una tutela, el funcionario está convencido de que puede echar para atrás el fallo de 1998 de la Procuraduría. El pasado 20 de febrero la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió el recurso y se espera que en los próximos días resuelva un proceso judicial que lleva 14 años en el limbo.

El Espectador consultó al secretario del Congreso y sus respuestas abrieron nuevos interrogantes. Al ser cuestionado por la sanción de 1998, Emilio Otero manifestó que ese fallo jamás se hizo efectivo porque en ese año ya oficiaba como subsecretario auxiliar del Senado y un procurador auxiliar había dispuesto que dicho fallo ya no aplicaba porque él había cambiado de cargo. Además, sostuvo categóricamente que la sanción de la Procuraduría “no existe” y que sus antecedentes disciplinarios en ese organismo podían ser revisados para comprobarlo.

Así lo hizo este diario y constató que a pesar de que tiene cinco investigaciones (tres de las cuales están en indagación preliminar), la mencionada suspensión del año 1998 proferida por la Procuraduría misteriosamente no aparece en el reporte de antecedentes. Otero argumentó que aunque a él no le figura ninguna sanción, sí acudió a los mecanismos legales para “limpiar mi hoja de vida”. Un contrasentido pues, si como Emilio Otero dice, no tiene cuentas pendientes con el Ministerio Público, “¿por qué apela una decisión que supuestamente no existe ni lo afecta?”, se preguntó una fuente cercana al expediente consultada por este diario.

En plena campaña para reelegirse en uno de los cargos más importantes del Congreso, algunos se preguntan por qué a Emilio Otero jamás se le hizo efectiva la sanción disciplinaria. Él, en cambio, sostiene que es sospechoso que ahora le saquen a relucir el fallo que lo suspendió. De cualquier manera, nadie entiende cómo después de 14 años nunca se hizo efectiva la determinación de la Procuraduría y tampoco que no aparezca antecedente alguno de la misma. Otero insiste en que la sanción no existe.

Un escándalo más en el Senado

Otro alto funcionario del Congreso que está en aprietos en la Procuraduría es el director administrativo del Senado, Ómar Enrique Velásquez. En julio de 2011 se elevó pliego de cargos en su contra por supuestas irregularidades en la contratación. Uno de esos contratos se refiere al posible favorecimiento de la Unión Temporal Senado 2008 para proveer un software que apoyara el trabajo de las plenarias del Senado. Pero además se suscribieron millonarios contratos para proveerles a los senadores sillas giratorias, muebles en cedro, dos pedestales en la mesa de Presidencia y hasta compra de reflectores, diseños arquitectónicos de mobiliarios, traslado de dos curules y de escombros y la adecuación del Salón Boyacá, que nada tenían que ver con la adquisición de un software.