Los generales en entredicho

El general Mauricio Santoyo, en la mira de los Estados Unidos. / ‘Cromos’

En Estados Unidos expolicías y mafiosos se están echando al agua por igual. El proceso que adelanta una Corte del Distrito de Virginia contra el general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, que tiene al borde del pasillo de la extradición al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, tiene a exparamilitares, detenidos enlaces de la ‘Oficina de Envigado’ y oficiales de la Policía salpicándose mutuamente.

Al margen del caso Santoyo, procesos paralelos de cómo fueron infiltradas la Policía y otras autoridades se han venido documentando en los últimos tres años en cortes federales. Y de lo que ha establecido El Espectador, está claro que vienen más solicitudes de extradición y que Santoyo no será el único general que enfrente cargos por sus presuntos nexos con la mafia. En la correspondencia entre oficiales de Estados Unidos y la embajada de ese país en Bogotá, se lee en las referencias de los correos el siguiente asunto: “Información en contra de corruptos oficiales de Colombia”.

En esas delaciones ha tomado particular importancia el mayor (r) de la Policía Byron Ernesto Ordóñez Portilla, un oficial que se cruzó en las vueltas de la ‘Oficina de Envigado’ con Don Berna, que tuvo contactos con el capo Miguel Arroyave y que se retiró de la institución el 3 de julio de 2004 cuando sus andanzas ya eran conocidas en todo el Valle de Aburrá. Conocido con el alias del Careguayo, fue empleado del narco Félix Isaza, alias Beto, uno de los integrantes de la tercera generación de la temida oficina de cobro.

En los archivos de inteligencia se conoce que desde el año 2000 empezó a trabar relaciones con la mafia cuando se desempeñó en el cuerpo élite antiterrorista de Medellín. También recibía carros robados de la ‘Oficina’ que él reportaba como recuperados en falsos positivos judiciales. Los ríos de dinero comenzaron a llenar sus cuentas y así compró varios inmuebles y a través de testaferros camufló ese patrimonio ilegal, pero ya había enemigos que querían cobrar su cabeza y el 26 de octubre de 2008 le dispararon en cuatro oportunidades.

Como a él, alias Beto reclutó a otros oficiales y son ellos los que están prendiendo su ventilador ante cortes federales e investigadores de la DEA y la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, el 22 de febrero de 2011 Byron Ernesto Ordóñez declaró en contra de varios generales. De uno de ellos dijo que recibía $7 millones al mes de un sujeto conocido con el alias de Verde, quien trabajaba para Diego Roa Osorio. De otro general advirtió que era muy cercano a los hermanos Gallón Henao en Medellín, pero que no le constaba si recibía sobornos de ellos.

El testigo refirió historias muy sórdidas del conocido coronel (r) Danilo González y oficiales que tuvieron trato con él, pero sí mencionó con mayor detalle al excomandante de la Dijín y de la Policía Antinarcóticos, el general César Augusto Pinzón. Del oficial en retiro sostuvo que tenía nexos con los carteles de Cali y el norte del Valle, y que recibía supuestos pagos a través de un mayor (r) llamado Jorge Orjuela Castilla, alias Nico. En concreto, dijo que sabía que Frank Tello Candelo, alias Negro Frank, le envío $40 millones a Pinzón que fueron entregados por Nico.

Además, relató que Pinzón —uno de los oficiales más condecorados en 30 años de trayectoria y cerebro en las capturas de Don Mario y Miguel Ángel Mejía Múnera, entre otros— era muy cercano al capitán Edward García, alias Orión, otro de los oficiales que cambiaron de bando al servicio de la ‘Oficina de Envigado’. Según Byron Ordóñez, cuando él y el capitán García fueron suspendidos por corrupción en la Policía fueron a hablar con Pinzón para que intercediera por ellos.

A esa versión se suma la entregada por el excomandante paramilitar y narco de vieja data Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien sostuvo que el general Pinzón “ha sido un oficial corrupto que usó guardaespaldas del capo José Santacruz Londoño, alias Chepe”, con nexos con los hermanos Gallón Henao y que incluso estuvo envuelto en una masacre de 14 personas a comienzos de los años 90 “junto con el coronel Aguilar”. El tiroteo se habría dado en un restaurante en Medellín, donde la Policía intentaba capturar a dos lugartenientes del narcotraficante Pablo Escobar: alias Popeye y alias Pinina.

No es todo. En el marco de la investigación en contra del cartel de carteles, liderado por Luis Agustín Caicedo y Julio Lozano, ya extraditados, agentes del ICE recogieron testimonios en Estados Unidos en donde volvió a salir a relucir el nombre de Pinzón. Uno de los acusadores del destacado general responde al alias de El Ingeniero.

Este testigo contó supuestamente cómo intervenía el oficial y otros miembros de la Policía para evitar que la justicia pudiera ubicar las vueltas de este cartel. Incluso habló de que existía un grupo “de limpieza” para proteger a la organización de eventuales informantes, conocido como ‘La Grúa’. Dicha banda estaría integrada por exmiembros de organismos de seguridad. Fuentes de agencias antidroga norteamericanas le dijeron a este diario que ‘La Grúa’ “quemaba a las personas en ácido y las enterraba en un sitio en Mondoñedo, en las afueras de Bogotá. Se habla de unas 20 muertes en cinco años”.

El Ingeniero fue fundamental para desvertebrar el cartel de droga que en una década exportó 912 toneladas de cocaína, lavó $10,5 billones y posiblemente infiltró las arcas del Independiente Santa Fe, como lo declaró en su momento el general Óscar Naranjo. Este informante aportó datos sobre una de las propiedades del general (r), un inmueble valorado por el testigo en un millón de dólares, ubicado en las afueras de Bogotá en un conjunto residencial del que ya tienen noticia los agentes del ICE.

Estos informes, declaraciones e incluso hallazgos de los investigadores norteamericanos —en un allanamiento se encontraron varios computadores en donde figuraban oficiales en la nómina de esa organización— fueron entregados en su momento a la fiscal Bonnie Klapper. Después serían reasignados a otro fiscal tras la salida de Klapper y los insistentes rumores de que hoy asesora a narcos colombianos en sus procesos ante cortes federales. Probado está que el capitán de la Policía Carlos Alberto Flórez trabajó para el cartel de Agustín Caicedo y Julio Lozano.

Estos dos capos negociaron sus penas y ya purgan sentencias de menos de 10 años en cárceles norteamericanas. Para lograr esas rebajas también hablaron. Otros como ellos, así como oficiales en retiro que sienten pasos de animal grande, están delatando a sus excolaboradores a cambio de seguridad y otros beneficios. Tan sólo Salvatore Mancuso y Macaco mencionaron a 20 oficiales de la Policía, de los cuales la mitad llegaron al generalato. El director de la Policía, general José Roberto León Riaño, ha insistido en que el único oficial requerido por Estados Unidos es Mauricio Santoyo. No obstante, claro está que otros nombres sí están en la baraja de las investigaciones.

Por ejemplo, se rumora que un general activo podría terminar enredado por el escándalo de DMG. Al parecer facilitó la movilización de más de $1.000 millones con destino a la campaña del exgobernador de Bolívar Joaco Berrío en 2007. Y también se habla de otro oficial muy cercano al general Santoyo y de su propio hermano Julio César, quien en su momento ofició como comandante de la Policía del Tolima.

El general César Pinzón, en la otra orilla, se defendió con las uñas en diálogo con El Espectador. Sostuvo que existe una venganza criminal para desacreditarlo, que nadie como él como persecutor de las mafias, que existen generales activos que sí quieren hacerle daño y que no ha tenido nexos con la criminalidad (ver entrevista página 2). Por ahora Estados Unidos avanza en sus pesquisas, mientras acusadores y acusados buscan imponer sus verdades en los estrados judiciales.

La fiscal del caso Santa Fe

Bonnie Klapper fue durante años conocida como una fiscal antimafia estadounidense. En abril de este año, sin embargo, el diario El Tiempo reveló que la mujer que durante un buen tiempo se dedicó a perseguir a los capos colombianos del narcotráfico del nivel de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, o Diego León Montoya, alias Don Diego, ahora asesoraba a algunos de ellos, como Andrés Arroyabe, alias La Máquina.

El último caso que Klapper manejó ante una Corte de Nueva York fue la investigación del grupo que lideraba Luis Agustín Caicedo Velandia, la organización que más ha movido dineros ‘calientes’ desde los carteles de Medellín y Cali: unos $10,5 billones. El expediente incluía indagaciones —aún en curso— para determinar si dineros malhabidos de este cartel habían infiltrado las arcas del club deportivo Independiente Santa Fe, como lo sostuvieron el exdirector de la Policía general (r) Óscar Naranjo y la Fiscalía colombiana.

Resultados de la operación ‘Cuenca del Pacífico’

En el marco de la investigación sobre el cartel que lideraba el capo Luis Agustín Caicedo Velandia, la última que desarrolló la fiscal Bonnie Klapper, fueron varios los narcotraficantes detenidos en Colombia y otras partes del mundo.

Para empezar, el propio Caicedo, alias Lucho, arrestado en Buenos Aires en abril de 2010 después de haber logrado durante 15 años la infiltración de la Policía y la Fiscalía. En ese mismo mes fue aprehendido Franklin Gaitán y Ricardo Villarraga, abogado de narcos, quien se entregó en Miami. En Puerto Gaitán (Meta), casi dos meses más tarde, fue capturado Claudio Silva Otálora, exagente del CTI como Caicedo, y en Panamá cayó José Montes Jaramillo, alias El Flaco.

En noviembre de 2010 se entregó a las autoridades de EE.UU. Julio Lozano, el hombre que más habría permeado con sus dineros ilegales las finanzas del Santa Fe. Todas estas capturas y entregas se dieron en desarrollo de la operación ‘Cuenca del Pacífico’, el más grande operativo antidrogas de la década.

Caicedo Velandia negoció su pena

En junio de 2010 Luis Agustín Caicedo fue extraditado de Argentina a EE.UU. Allí consiguió una laxa condena de 10 años de prisión en una Corte del estado de Florida.

Para recibir una sentencia tan corta, a pesar de la gravedad de los cargos en su contra, Caicedo entregó una buena parte de su fortuna: US$80 millones y ¤16 millones.

Caicedo delató cuatro caletas en Bogotá y así las autoridades hallaron el dinero. Su hermano intentó pedir hasta el 5% de la suma entregada, como lo autoriza la ley, pero el trámite no se hizo en los tiempos debidos y la plata terminó siendo en su totalidad del Estado colombiano.