Patarroyo, sin micos

Manuel Elkin Patarroyo lleva años intentando producir una vacuna sintética contra la enfermedad que el parásito Plasmodium falciparum transmite a través de los mosquitos Anopheles: la malaria. Tenía hasta 2015 permiso de Corpoamazonia para cazar, con fines científicos, 800 monos nocturnos por año, animales que son fundamentales para desarrollar su investigación. Esa autorización, sin embargo, le acaba de ser revocada. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver una acción popular que había admitido hacía un año contra Corpoamazonia y el Ministerio de Ambiente.

En un reciente fallo de 66 páginas, conocido por este diario, el Tribunal determinó que la falta de controles sobre el uso de la especie Aotus nancymaae o monos nocturnos en el proyecto liderado por este científico tolimense constituía una “vulneración al derecho e interés colectivo”. Dichos controles deberían haberse producido por parte del Ministerio y Corpoamazonia sobre los permisos otorgados a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic), cuya cabeza es Patarroyo. Esto no significa que este investigador no podrá continuar con su investigación, sino que tendrá que tramitar nuevas licencias y éstas tendrán que expedirse bajo ciertas condiciones.

De acuerdo con la sentencia administrativa, el trabajo de la Fidic con los monos nocturnos no estaba ajustado a compromisos internacionales adquiridos por Colombia al suscribir y ratificar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La falta de controles con respecto a los permisos de estudio y caza científica de los primates, señaló el Tribunal, dejó en estado de desprotección a los animales y, de paso, afectó los ecosistemas donde éstos han sido liberados.

En criterio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio “decidió en forma unilateral sustraerse de los compromisos internacionales válidamente adquiridos por el Estado colombiano”, al decidir por cuenta propia que la especie Aotus nancymaae , con distribución natural en Perú y Brasil, también era originaria de Colombia. Esta consideración hizo que a la Fidic no se le exigieran permisos para la importación de los monos nocturnos. De acuerdo con el Tribunal, esta situación abrió “la compuerta para un comercio de tales especies contraviniendo precisamente el objeto de la referida convención a la cual se comprometió Colombia”.

Según lo determinado en este fallo, la Procuraduría tendrá que revisar con lupa las razones por las cuales los funcionarios que empezaron a realizar las indagaciones contra el Fidic en 2008 archivaron el caso un año más tarde. El Ministerio Público, pidió el Tribunal, deberá examinar “si hay lugar a seguir alguna acción en contra de los funcionarios que adelantaron la investigación”. Asimismo, Corpoamazonia deberá revisar si en la investigación administrativa que se hizo contra la Fidic, en la que se vencieron términos en 2005, se llevó a cabo todo en el marco del debido proceso o se cometieron faltas disciplinarias internas.

Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la especie de monos nocturnos se puso en riesgo porque, para determinar si eran o no originarios de Colombia —y por ende, reglamentar su importación—, el Ministerio de Ambiente basó su decisión en una investigación “desarrollada por la parte investigada” (es decir, Manuel Elkin Patarrayo y la Fidic) en vez de acudir a un tercero que ofreciera imparcialidad. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Patarroyo sí necesitaba permisos de exportación por parte de las autoridades extranjeras.

El Espectador intentó comunicarse con el popular científico Manuel Elkin Patarroyo, pero en la Fidic señalaron que estaba fuera de la ciudad y del alcance. De cualquier manera, cabe recordar que Patarroyo ha sido un defensor a capa y espada de la utilidad de su investigación. En entrevista concedida a este diario, en abril del año pasado, aseguró que la efectividad de los ensayos en micos era del 90%. Ya lo habían denunciado por supuesto aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y experimentación ilegal en especiales animales, pero en junio de 2010 la Fiscalía no encontró evidencias para avanzar y el caso fue archivado.