Juan Carlos Martínez: un intocable en desgracia

Juan Carlos Martínez está detenido de nuevo en la cárcel La Picota. / Fiscalía

Hijo de Nicanor y Teófila, padre de cinco hijos, viudo, tecnólogo del Sena en producción agropecuaria, con estudios de filosofía y natural de Timbiquí (Cauca), con apenas 42 años en Juan Carlos Martínez Sinisterra se cruzan —quizá como en ningún otro político— las líneas de la mafia, el paramilitarismo, el apetito desbordado por el poder que ni la cárcel menguó en 38 meses, la corruptela para torcerle el cuello a la democracia en el Valle y Chocó y, cómo no, hasta la arquitectura: mandó a tumbar paredes en La Picota para remodelar su celda.

Tenía 22 años cuando aspiró a un cargo público por primera vez al postularse al Concejo de Buenaventura. Sacó escasos 780 votos. Pronto fue recogido por el senador liberal y barón político del Valle Carlos Herney Abadía. De su mano llegó a la Asamblea en 1998 obteniendo 9.651 sufragios, pero las conexiones oscuras ya protagonizaban esos escenarios de poder. Su padrino político fue condenado por el narcoescándalo del Proceso 8.000 y terminó por heredarle su capital electoral. En 2002 ya contabilizaba más de 46.000 votos al Senado, de los cuales 15.412 eran de Buenaventura.

En menos de ocho años construyó toda suerte de relaciones atravesadas por la mafia y así quedó consignado en la condena que hace 13 meses le impuso la Corte Suprema de Justicia al concluir que sus elecciones de 2002 y 2006 al Congreso fueron patrocinadas por los fusiles del bloque Calima y los acuerdos políticos que transó con el narcotráfico. Ahí está su relación con el capo Olmes Durán Ibargüen, alias El Doctor, extraditado ya, a quien acompañó en calidad de padrino de matrimonio el 29 de diciembre de 2003 en Virudó (Chocó), en una celebración que se extendió por dos días.

Fue Olmes Durán quien les pidió a los paramilitares de Hébert Veloza, alias H.H., que apoyaran en los comicios de 2002 a Martínez y para eso el vocero político de esa organización, alias Fernando político, tuvo varios encuentros con él. Desde entonces circulaban los rumores de su poder mafioso, pero Martínez siempre esbozaba en círculos privados que, en esencia, lo que ocurría era que se la estaban ‘montando’ al negro. Para 2006, con las autodefensas desmovilizadas, la estrategia consistió en recurrir al narcotráfico del Valle y sobre esa plataforma el municipio de Cartago que controlaba el capo Rasguño disparó sus guarismos electorales.

Su grupo político en 2007 ya estaba tan fortalecido, que el hijo de su padrino, Juan Carlos Abadía, a sus 28 años fue elegido como gobernador del Valle. Pero la Corte comenzó a meterle el diente al asunto. Y en abril de 2009 lo llevó a prisión. Desde la cárcel siguió mandando y a su celda de La Picota en fila india sus colaboradores lo visitaban para gestionar avales y apoyar candidatos. Obtuvo varios permisos de 72 horas que coincidieron, cosa curiosa, con la recta final de campañas que se disputaban el poder regional que él jamás soltó. La súbita muerte de su esposa hizo que le concedieran la prisión domiciliaria por ser cabeza de familia.

En esas estaba cuando se le vinieron al tiempo dos procesos por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, narcotráfico, cohecho y tentativa de fraude en las pasadas elecciones para elegir gobernador del Valle. Unas 25 grabaciones en poder de la Fiscalía revelaron cómo patrocinó una organización para garantizar que su candidato, Francined Cano, fuera sí o sí el ganador de los comicios. Seis personas fueron capturadas, entre ellas José Francisco Angulo, alias Pacho, funcionario de la Registraduría, y Luis Enrique Forero, alias Lucho, exfuncionario de esa misma entidad.

A días de la elección, en su casa en Dapa (Yumbo), ubicada en el condominio Colinas de Arroyohondo, le hicieron una presentación en Power Point de cómo se aseguraría el fraude. El trato se habría sellado por $3.000 millones. Fotografías registraron que esta banda llegó a la residencia de Martínez en una camioneta que tenía los logos de la campaña de Francined Cano. En el registro de una interceptación revelada por El Espectador se lee que al ser preguntado Lucho qué estaba haciendo en Cali, muy campante contestó: “Poniendo gobernador, así de sencillo”. En las grabaciones también sale a relucir el nombre del destituido gobernador Juan Carlos Abadía.

La próxima semana la Fiscalía le imputará cargos por este caso. Pero los fantasmas de las mafias siguen persiguiendo al hombre que durante una década hizo y deshizo con la política vallecaucana. En 40 páginas, el pasado 10 de julio, el fiscal de la Unidad Antinarcóticos Carlos Arturo Zárate despachó sus pruebas contra Martínez por sus presuntos nexos con narcotraficantes como Rasguño. La esposa del capo Ariel Rodríguez declaró que éste le dio $300 millones para sus ‘vueltas electorales’. Y el testigo Luis Bolívar Becerra sostuvo que le oyó decir a un piloto de lanchas que sacaban cocaína por el Pacífico que de varios de esos embarques el propietario era el senador.

En palabras de la Fiscalía, “como mínimo Martínez sería el propietario de la carga de estupefacientes que iban en dos lanchas que pasaron con más de cinco kilos por el sector de Charambira; de pactar con las autodefensas un precio para permitir el paso de droga, de coligarse con reconocidas personas vinculadas al narcotráfico”, y el dinero que le dio el lugarteniente de Rasguño, Ariel Rodríguez. Martínez no acepta ni un solo cargo, pero la Fiscalía, en dos frentes distintos, por fin escarba en sus escabrosas relaciones del pasado e intenta probar que quería robarse las elecciones del Valle para gobernar en cuerpo ajeno. ¿Podrá hacerlo?

Armando Lugo, un testigo cuestionado

“Me señala uno de los delincuentes más desprestigiados del país”. Así se refirió el excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra al excomandante del Bloque Calima de las Autodefensas, Armando Lugo, alias El Cabezón, testigo clave del proceso contra Martínez Sinisterra por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Lugo fue condenado a finales de 2009 a 18 meses de prisión por tentativa de extorsión agravada, después de que la justicia comprobara que el excomandante paramilitar chantajeó al senador Luis Fernando Velasco diciéndole que lo iba a acusar de tener vínculos con las autodefensas a menos que le diera $50 millones. A él también se le investiga porque, presuntamente, intentó extorsionar a la también congresista Dilian Francisca Toro. Con estos antecedentes, la justicia tendrá que comprobar que las acusaciones de El Cabezón contra Martínez Sinisterra son verdad o no.

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