Justicia pone lupa a doce congresistas

Dos meses después del escandaloso episodio que propició el hundimiento de la reforma a la justicia por la intervención de los conciliadores tratando de aprobar beneficios que no habían sido incluidos en el trámite del acto legislativo, la justicia comienza a actuar de fondo. En sendas determinaciones, la Sala Plena del Consejo de Estado admitió dos demandas interpuestas por ciudadanos para que el alto tribunal examine la posibilidad de despojar de su investidura a los seis senadores y seis representantes que integraron esa conciliación.

Si bien la solicitud de pérdida de investidura contra los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales había sido admitida desde la primera semana de julio, ahora se suma por parte del Consejo de Estado la aceptación de la demanda sustentada contra los representantes a la Cámara Alejandro Chacón, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo.

Esta última solicitud tiene que ver con la demanda interpuesta por el ciudadano Saúl Onofre Villar Jiménez, quien argumentó ante el Consejo de Estado que los congresistas que formaron parte de la Comisión Conciliadora del proyecto de reforma “ejercieron presión indebida para incluir en el acto legislativo de la reforma a la justicia temas y puntos que nunca habían sido objeto de debate dentro de las ocho sesiones del trámite legal y que únicamente los beneficiaban a ellos y al resto de sus compañeros del Congreso”.

Según Villar Jiménez, lo que quedó en evidencia con la conducta asumida por los conciliadores fue que estaban legislando en causa propia, ante lo cual podrían haber incurrido en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política, específicamente en relación con posible tráfico de influencias y conflicto de intereses. El Consejo de Estado estimó que por ahora se llenan todos los requisitos previstos en la ley de trámite de pérdida de investidura, por lo cual se evaluará la demanda en curso.

Lo que viene ahora es la práctica de pruebas, pues ya el alto tribunal, basado en información aportada por el Consejo Nacional Electoral, acreditó la calidad de congresistas de cada uno de los demandados. Una vez se examine en detalle qué fue lo que sucedió en la polémica conciliación del pasado 20 de junio, con base en las actas de la sesión y los múltiples informes sobre lo acontecido, el Consejo de Estado convocará a una audiencia pública para escuchar los argumentos del demandante y los congresistas. Antes de seis meses habría fallo definitivo en este tema.

Al ser formalizada la admisión de la demanda de pérdida de investidura contra los 12 congresistas referidos, algunos de los demandados se mostraron confiados en que la justicia les va a dar la razón. Por ejemplo, el representante Gustavo Puentes Díaz manifestó que lo sucedido en el Consejo de Estado es normal y que tiene la certeza de que lo que él y sus colegas de conciliación hicieron fue entregar un informe a las plenarias de Senado y Cámara, que en últimas eran quienes se podían encargar de aprobar o negar los cambios planteados.

En el mismo sentido se pronunció el representante Roosvelt Rodríguez Rengifo, quien añadió que todo lo que ha sucedido no es más que la admisión de una demanda en el Consejo de Estado, a la luz de la Ley 144 referente a la pérdida de investidura, pero que van a demostrar que lejos del escándalo que se suscitó a raíz de la conciliación, tanto los senadores como los representantes actuaron amparados en el derecho constitucional como la jurisprudencia, pero que no tienen ningún temor frente a lo que pueda suceder en la justicia.

El senador Eduardo Enríquez Maya expresó, por su parte, que desde hace dos semanas él y sus colegas respondieron al alto tribunal, pero que tiene la certeza de que se trata de una demanda inútil. “Los conciliadores no tuvimos intento alguno de atentar contra la Constitución y el tiempo nos dará la razón. Tampoco somos responsables de los ‘micos’ que se anunciaron en los medios de comunicación y, por el contrario, creo que Colombia y la justicia perdieron la oportunidad de aprobar una gran reforma al Poder Judicial”.

El congresista insistió que Colombia tiene una cultura excepcional que recibe información de personas que desconocen el régimen constitucional, con algunos medios que dan rienda suelta a equivocadas interpretaciones producto de su improvisación. No obstante, aclaró Enríquez Maya, si existió alguna falta de procedimiento lo correcto es que la Corte Constitucional se pronuncie. “Pienso que las objeciones que planteó en su momento el presidente Santos son respetables, aunque constitucionalmente no las comparto”, concluyó el dirigente político.

De cualquier modo, será ahora el Consejo de Estado, al margen de las averiguaciones de otras instancias judiciales, el que determine si los congresistas que participaron en la conciliación de la reforma a la justicia legislaron en causa propia. Al menos quedó la sensación de que flexibilizando la sanción de pérdida de investidura, otorgándoles fuero a funcionarios del Congreso distintos a los legisladores o aprobando que no podían ser detenidos sino cuando existiera una acusación formal en su contra, al menos se estaban blindando frente a la rigurosidad del Poder Judicial.

El caso en otras instancias judiciales

Al tiempo que la reforma a la justicia avanzaba en la Cámara de Representantes y el Senado de la República , en la Procuraduría se empezaron a recibir diversas denuncias. La revisión de cerca de 25 quejas derivó en que el Ministerio Público expidiera un auto con el fin de comenzar una indagación preliminar.

Las denuncias recibidas ante la Procuraduría cuestionan además el proceder de los exministros del Interior Germán Vargas Lleras y de Justicia Juan Carlos Esguerra, así como del actual titular en justicia, Federico Renjifo. Sin embargo, para el Ministerio Público aún no existen investigados en la materia.

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, la indagación contra los congresistas quedó en cabeza del magistrado de la Sala Penal Luis Guillermo Salazar Otero. La demanda fue interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas al considerar que con la aprobación de la reforma se pudo violar el reglamento del Congreso y la Constitución.