El fantasma de la extradición

José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, quien será extraditado a Estados Unidos. / Fiscalia

La decisión que la Corte Suprema de Justicia adoptó el pasado martes al emitir concepto favorable a la extradición a Estados Unidos del jefe político del frente Resistencia Tayrona de las autodefensas, José Gelves Albarracín, alias El Canoso, tiene alborotado el ambiente entre los desmovilizados del paramilitarismo que hoy están presos en Colombia y en cárceles estadounidenses. La postura del alto tribunal los tomó por sorpresa y las reacciones van desde insistir en la interlocución política, declararse en rebelión o invocar el rearme.

“Si antes había desesperanza, hoy predomina un sentimiento de traición. Si algo quedaba del proceso de paz que se inició con el gobierno Uribe, ahora todo va a ser más difícil e incontrolable. ¿Por qué insistir en la extradición?”, expresó desde la clandestinidad el exjefe político del Bloque Norte de las autodefensas, Carlos Mario García, alias Gonzalo, que venía trabajando por una interlocución con el Estado sobre la base de llevar la vocería tanto de los desmovilizados como de los jefes paramilitares presos en Estados Unidos.

Al margen de la extradición de los jefes paramilitares en mayo de 2008, la posición de la Corte para frenar nuevos envíos de desmovilizados a Estados Unidos estaba basada en que debía privilegiarse el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, el pasado 14 de agosto replanteó su postura sobre la convicción de que muchos de estos desmovilizados no han contribuido a esa verdad y reparación, y ya es hora de volver a la extradición como instrumento de cooperación internacional contra la delincuencia.

Alias Gonzalo no lo cree así. “No me explico cómo se dice que El Canoso no está colaborando. Le ha hablado a la Fiscalía, a la Corte, a la Procuraduría, a Estados Unidos. La verdad, lo que hoy están sintiendo los desmovilizados es que la Ley 975 de 2005 se acabó. Si antes había incertidumbre respecto a la excarcelación de quienes van a cumplir los ocho años de prisión que señala la ley, ahora vuelve el fantasma de la extradición. La crisis puede estallar en las cárceles porque da lo mismo seguir colaborando si algún día te extraditan”.

No obstante, la inconformidad entre los desmovilizados del paramilitarismo viene desde meses atrás. De hecho, durante un foro realizado en las semanas previas a la aprobación del denominado Marco Jurídico para la Paz, desde las cárceles de Bogotá, Barranquilla, Montería, Palmira y Espinal (Tolima) hicieron circular un documento reclamando que dicho articulado resultaba excluyente e inequitativo, invocando una serie de iniciativas para recobrar la senda de justicia y paz, y aceptando de paso la creación de una comisión de la verdad.

El documento planteaba, entre otros aspectos, la urgencia de un comisionado de Paz, la prohibición del envío de copias a la justicia ordinaria de procesos contra desmovilizados bajo la ley de Justicia y Paz, la creación de mecanismos para evitar falsas víctimas y el establecimiento de un término fijo para concluir los expedientes. La iniciativa se quedó en una propuesta compartida, que incluso llegó a plantear que se promoviera una reunión en un país neutral para recobrar los acuerdos anteriores a la aplicación de la extradición.

El Marco Legal para la Paz terminó por aprobarse, pero el capítulo de Justicia y Paz siguió su incierto derrotero. Entonces se acentuaron las amenazas desde distintas regiones. En unas zonas empezó a hablarse de ejércitos antirrestitución de tierras. En otros lugares de preparación para la guerra. En zonas como Casanare y Boyacá han venido circulando comunicados donde se advierte que ante una ley de Justicia y Paz paralizada, el único camino es combatir a la subversión y “a los políticos mentirosos que suelen auxiliarlos”.

El panorama es ahora más complejo tras la autorización de la extradición de alias El Canoso. “Si no se estaba cumpliendo con la verdad y la reparación en Colombia, como dijo la Corte, ¿cómo se va a garantizar desde Estados Unidos? Ya es claro que no tenemos voceros ante el Estado, que van a aparecer argumentos para no dejar salir a la gente de las cárceles, que mucha gente que está en la ilegalidad va a buscar cómo conectarse con una banda criminal porque va a ser más fácil que conseguir un empleo”, insistió alias Gonzalo.

Desde la perspectiva del Estado impera el silencio. Sin embargo, El Espectador conoció que el Ministerio de Justicia está estudiando el asunto para emitir un pronunciamiento. En cuanto a los responsables de Justicia y Paz, una fuente le comentó a este diario que desde 2010 se viene trabajando de una manera más fluida con los jefes paramilitares extraditados, que en Estados Unidos se han facilitado las salas y el acceso a la información y que muy pronto habrá significativos avances en los procesos de Don Berna, El Alemán, Macaco y Mancuso.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos no tienen el mismo optimismo, sobre todo después del cambio de jurisprudencia de la Corte respecto a la extradición de los desmovilizados del paramilitarismo. Por ejemplo, Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, insistió en que no se debe extraditar a los paramilitares sino hasta que respondan por los crímenes cometidos en asocio con agentes del Estado. “Los delitos de narcotráfico son de menor valor que los crímenes de lesa humanidad”, agregó Carreño.

A su vez, el representante a la Cámara Iván Cepeda, en su condición de vocero del Comité de Víctimas de Crímenes de Agentes del Estado, manifestó: “Me mantengo en mi posición. La extradición se convierte en un grave obstáculo para acceder al esclarecimiento de los hechos y la historia de los grupos paramilitares. La experiencia con los extraditados a Estados Unidos ha sido muy difícil. Si esta práctica persiste no será posible conocer qué políticos y empresarios instigaron y financiaron las conductas delictivas del paramilitarismo”.

Paradójicamente, no es muy distinta la postura de quienes se desmovilizaron. “Este es un escenario desbordado, pero nadie se ofrece a recuperarlo para que lo metan a la cárcel. Nosotros tenemos claro que fallamos de muchísimas maneras, pero ¿qué se le puede decir a los que están presos? Hoy empiezan a tener claro que no van a salir el próximo año, ¿y encima quedan amenazados de extradición?”, insistió la fuente consultada. En contraste, dice representar a todos los que hoy están dispuestos a negociar la paz, incluso con las Farc.

“Hoy ya no somos los enemigos históricos de la guerrilla y hasta puedo asegurar que tendríamos mejores relaciones con ellos que con muchos de los que están sentados en el Congreso”, persistió alias Gonzalo, y agregó que, tomando la vocería de más de 30.000 desmovilizados o presos del paramilitarismo, quiere insistir en una fórmula: “Recuperar el proceso de paz. Es mejor un desmovilizado reincorporado a la sociedad que un desmovilizado rearmado, como puede suceder de un momento a otro si no se rectifica el rumbo”.

Según estableció El Espectador, en la clandestinidad se han venido dando impensables nexos. Se sabe, por ejemplo, que El Loco Barrera es tan importante para las Farc y el Eln como para las bacrim, y que entre los vasos comunicantes de la ilegalidad, ‘Urabeños’ o ‘Rastrojos’, ayer enfrentados a muerte, tienen puntos comunes para salir de la violencia. “Pero ninguno le va a apostar a la paz que quiere abrir Santos con su llave para que mañana lo extraditen o lo mantengan en la cárcel”, aseveró el exjefe político del Bloque Norte.

Vinculado a un proceso judicial en Colombia, pero decidido a mantenerse en el exterior en espera de un solución judicial distinta a la cárcel para su caso, con aquiescencia de quienes fueron sus jefes en la guerra, alias Gonzalo plantea una fórmula: una mesa de negociación en un país neutral; con Jorge 40 o Salvatore Mancuso dispuestos a decir verdades, él mismo en representación de los desmovilizados que hoy están presos en las cárceles de Colombia, y todos aquellos ilegales que quieran salir de la guerra. Los garantes serían el Estado y la comunidad internacional.

El lío es que el único exparamilitar que está hablando por estos días de política es precisamente alias Gonzalo. Quien venía liderando los foros en las cárceles, tanto para formular reparos al Marco Legal para la Paz o reclamar avances en la Ley de Justicia y Paz, el exjefe del bloque Héroes Montes de María, Eduard Cobos Téllez, alias Diego Vecino, hoy está incomunicado. En cuanto a Mancuso, desde su carta abierta de abril al presidente Santos, sus expectativas siguen centradas en resolver sus dilemas con la justicia estadounidense.

Así las cosas, a la incertidumbre que hoy caracteriza lo que hace un lustro era un proceso de paz entre autodefensas y Gobierno, ha vuelto a sumarse la reapertura de la extradición. La Corte explicó que el cambio en su postura de debió a que los requeridos por la justicia de EE.UU. por narcotráfico se han amparado en la ley de Justicia y Paz para evitar la extradición, pero tampoco han ayudado a la verdad o la reparación de las víctimas. Cierto o no, lo real es que también el fantasma del rearme paramilitar ronda por las cárceles y las zonas de guerra.

El próximo extraditado a Estados Unidos

José Gelves Albarracín, alias El Canoso, fue suboficial del Ejército entre 1985 y 1989, y después funcionario público en Santa Marta. Según el portal Verdad Abierta, a finales de 2002 contactó al jefe paramilitar Hernán Giraldo para que lo ayudara en sus propósitos de convertirse en un jefe político de la región.

En esa medida, un año después Gelves se había convertido en vocero político del frente Resistencia Tayrona. Aunque siempre ha dicho que nada tiene que ver con el narcotráfico, el frente al que pertenecía sí recurrió a esta actividad. La prueba es que Giraldo está hoy preso en una cárcel de Estados Unidos.

En los últimos tiempos, El Canoso la emprendió contra el expresidente Uribe y sus hijos Tomás y Jerónimo. Del primero dijo que su campaña política fue apoyada económicamente por Hernán Giraldo y de los jóvenes empresarios, que tuvieron vínculos económicos con gente ligada a la organización ilegal.