Santoyo hablaría de políticos

El general (r) Mauricio Santoyo Velasco aceptó en EE.UU. su culpabilidad como colaborador de los paramilitares.

En una cárcel federal del estado de Virginia de Estados Unidos, de uniforme azul, en una celda fría y pequeña, esperando su condena pasa sus días el general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. A través de un vidrio con un intercomunicador dos veces por semana recibe la visita de su mamá, sus tres hijos y su esposa. Los encuentros tienen una duración estricta de 30 minutos, los miércoles y los sábados. En los últimos días, junto con su abogado Óscar Rodríguez, decidió llegar a un acuerdo con la justicia norteamericana para mermar su pena, garantizando la protección de su familia, pero rehusándose a aceptar cargos por narcotráfico.

Aún no ha empezado formalmente la colaboración de Santoyo con el fiscal Neil MacBride en el marco de su declaración de culpabilidad como enlace de las autodefensas entre 2001 y 2008, tiempo en el cual deslizaba información clasificada a las cabezas del paramilitarismo, sobre todo en Medellín, en una coyuntura completamente estratégica para esa organización ilegal: tiempos en los que ya habían pactado con políticos “refundar la patria”, cooptar el Congreso, gobernar en cuerpo ajeno o entrar a un proceso de paz con la expectativa de una curul en el Legislativo. En todos esos escenarios Santoyo era un activo de los ‘paras’, en especial cuando fungió como jefe de seguridad del presidente Uribe, entre 2002 y 2005.

El Espectador pudo establecer que la justicia de Estados Unidos tiene serios indicios en contra de varios caciques políticos que se aliaron con la mafia y que, o bien apenas han sido tocados por el escándalo parapolítico, o bien siguen pasando de agache. El acuerdo al que llegó Santoyo, entonces, va mucho más allá del círculo de la Fuerza Pública que pudo haber sido infiltrada por las autodefensas y con base en esa colaboración que podría llevarlo a una condena de apenas 10 años no tendrá que contarlo todo, pero sí aquello que le pregunten las autoridades de ese país. La obsesión de Estados Unidos son las rutas del narcotráfico, los nuevos jefes de la pirámide criminal y los oficiales corruptos que se cambiaron de bando.

Una vez la esposa, los tres hijos y la mamá del general Santoyo pisaron suelo norteamericano, hace tres semanas, el acuerdo comenzó a cocinarse en serio. El oficial retirado ya entre los palos comprendió que la estrategia del silencio era una tontería cuando le enseñaron parte de las pruebas que lo incriminaban. Hay ocho expedientes más en curso en contra de más oficiales de la Policía y el Ejército que también tuvieron tratos criminales con los capos de las autodefensas y el testimonio de Santoyo será decisivo en la suerte de nuevas solicitudes de extradición.

Por más celosos que han sido los norteamericanos con estas pesquisas ya han salido ha relucir algunos nombres de oficiales retirados sobre los cuales le van a preguntar a Santoyo: los generales (r) de la Policía Jorge Daniel Castro (exdirector de la institución), Rubén Carrillo Vanegas (excomandante de la Policía en Antioquia) y Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector de la Dijín) y el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe. Y hay más, pero mientras que llegan las acusaciones formales, la DEA sigue perfeccionando sus procesos, recaudando testimonios y recogiendo evidencias.

Antioquia será el escenario natural de las preguntas de los norteamericanos, así como los políticos que se sirvieron de la oficina de Envigado, los bloques Metro, Minero, Héroes de Granada o Cacique Nutibara. Mejor dicho, los que tuvieron nexos en principio con Don Berna, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos El Tuso Sierra, Rogelio y otros narcotraficantes purasangre. De hecho, Estados Unidos anda revisando las cuentas pendientes con la justicia de los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, este último condenado a 39 meses de prisión como promotor de las autodefensas.

Los caballistas tuvieron en el pasado negocios con la familia del expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo la compra de una parte de la hacienda Guacharacas, en San Roque (Antioquia), en donde en 1983 las Farc asesinaron al papá del exjefe de Estado Alberto Uribe Sierra. Con paciencia de relojero, para efectos del expediente Santoyo y otros más, las autoridades norteamericanas han venido documentando el laboratorio de violencia que se tomó Antioquia en las últimas dos décadas. La información aportada por el excomandante de la ‘Oficina de Envigado’, alias Rogelio, ha sido definitiva.

Entre tanto en Colombia la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de Estado, el Congreso y el Gobierno expían sus culpas por el caso Santoyo y todos se lavan las manos a su manera. De él ya había pesquisas serias desde hace más de una década de que andaba en malos pasos: el proceso por las ‘chuzadas’ y la desaparición de los miembros de Asfaddes Claudia Monsalve y Ángel Quintero le fue archivado en 2003 por un fiscal de Derechos Humanos. El Ministerio Público lo sancionó por los mismos hechos, pero entre malabares jurídicos el expediente terminó suspendido por el Consejo de Estado. En noviembre de 2007 fue promovido contra viento y marea como general con la oposición de apenas cuatro parlamentarios, los únicos indemnes en esta cacería de culpables.

El expresidente Uribe se niega a asumir responsabilidades políticas y dice que está tan defraudado como el resto del país. El presidente Santos anunció que espera que Santoyo pague su pena en Estados Unidos y regrese a Colombia para que salde su deuda con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia de sus aliados de antaño. Y el fiscal Montealegre ya escarba en varios frentes, incluido el de su hermano, el también general (r) de la Policía Julio César Santoyo.

Otro dolor de cabeza para Uribe

Al general Rito Alejo del Río, en el año 2001, el entonces candidato a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez le organizó un homenaje de desagravio, al considerar que había sido un oficial ejemplar y que había sido injustamente llamado a calificar servicios en 1999. Hoy, de nuevo, esas declaraciones públicas le pasan factura a Uribe Vélez. Un juez de Bogotá condenó a 25 años de prisión a Del Río por el homicidio del campesino Marino López Mena, ocurrido en febrero de 1997 en desarrollo de la denominada ‘Operación Génesis’, que buscaba ‘pacificar’ el Urabá.

Nuevamente, un alto oficial retirado cercano a Uribe es condenado por la justicia por sus vínculos con las autodefensas. En la galería también se encuentra el exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes, condenado también a 25 años de cárcel por homicidio y complicidad con el paramilitarismo.