Tutela a jueza que liberó a contratista Emilio Tapia

El polémico contratista Emilio Tapia Aldana, procesado por el llamado carrusel de la contratación. / Archivo

De todos los salpicados en el escandaloso desfalco a Bogotá, el que parece salir siempre bien librado es Emilio Tapia Aldana. En todos los expedientes del llamado carrusel de la contratación aparece su nombre y señalamientos conexos como uno de los cerebros del manejo irregular de la contratación en el Distrito durante la administración del detenido exalcalde Samuel Moreno.

El pasado 5 de septiembre la indignación de Colombia se esparció como un virus en las redes sociales luego de que la jueza María Judith Calderón le otorgara la libertad a Tapia aduciendo que como la Fiscalía no había solicitado su medida de aseguramiento, la jueza de primera instancia se había extralimitado al ordenar la detención del llamado ‘Zar de la intermediación’.

En julio pasado la Fiscalía le imputó a Tapia los cargos de concierto para delinquir, dos cohechos propios y nueve intereses indebidos en la celebración de contratos. El contratista de Sahagún (Córdoba) aceptó su responsabilidad por el primero de estos delitos, pero se negó a hacerlo con los demás. El ente acusador solamente pidió que Tapia no saliera del país y que se presentara periódicamente ante las autoridades. La Procuraduría protestó al considerar que la benevolencia con Tapia ya rayaba en el absurdo.

El Ministerio Público advirtió que la gravedad de los delitos obligaban a imponer una medida de aseguramiento, que Tapia era un peligro para la comunidad y que todo parecía indicar que formaba parte de una organización criminal que ‘tumbó’ a Bogotá. Acogiendo estos argumentos, la jueza 60 penal municipal ordenó que el contratista fuera recluido. Su abogado apeló la decisión señalando que si la Fiscalía no había pedido la captura de Tapia, mucho menos podía hacerlo la Procuraduría.

Hace 16 días que Emilio Tapia Aldana, el mismo que en grabaciones reveladas por El Espectador aseguraba jactancioso “todo lo controlaba yo”, refiriéndose al cartel, recuperó su libertad. La jueza Calderón concluyó que a pesar de la cadena de evidencias que lo incriminan no podía ser detenido porque la Fiscalía no lo pidió. La Procuraduría dejó constancia de su desacuerdo y el pasado 13 de septiembre lo formalizó en una tutela contra la jueza que liberó a Tapia.

Este diario tuvo acceso a la tutela de 21 páginas que instauraron ante el Tribunal Superior de Bogotá los procuradores Jorge Enrique Sanjuán y Luis Hernando Ortiz, en la que pidieron que, por la gravedad del daño causado al Distrito, quedara en firme la medida de aseguramiento en contra de Emilio Tapia Aldana. Al advertir que el fallo que lo devolvió a la calle vulneró el debido proceso, Sanjuán y Ortiz solicitaron que se declare la nulidad de la decisión tomada por la jueza Calderón.

Es la primera vez que en un escándalo de corrupción de estas magnitudes la Procuraduría recurre a una tutela para evitar que el proceso seguido contra los señalados responsables de desfalcar a Bogotá no se vuelva una burla a la justicia. Y es que no se trata de acusaciones menores las que enfrenta Tapia Aldana. La Fiscalía ya documentó que por lo menos entre 2008 y 2010 ofició de intermediario entre contratistas, particulares y funcionarios del Distrito para concertar la adjudicación de millonarios contratos de la malla vial y valorización a cambio de comisiones.

En el documento de la Procuraduría se insiste en que este organismo de control tiene como misión la protección de las garantías y derechos fundamentales de la sociedad, que puede actuar cuando considere que éstos han sido violados y que no es un convidado de piedra en los procesos penales. Además, como en las audiencias en contra de Tapia no participó ningún representante de las víctimas, el Ministerio Público era el llamado a representarlas y, por tanto, su concepto de que el contratista “era un peligro para la comunidad” debía ser tomado en cuenta por la justicia.

Hasta el próximo 27 de septiembre tiene plazo el Tribunal Superior de Bogotá para dar respuesta a la acción de tutela invocada por los procuradores Jorge Enrique Sanjuán y Luis Hernando Ortiz. Mientras se resuelve esta petición y se define si Tapia va o no a prisión, vale recordar las grabaciones que hace un año publicó El Espectador, en las cuales el propio contratista revela su influencia durante la administración de Samuel Moreno.

“Las declaraciones de ellos ante la Corte, la Procuraduría, la Fiscalía, las he leído todas; viendo los escritos de acusación de Liliana (Pardo), Inocencio (Meléndez), el contralor (Moralesrussi) y los testimonios de Nule y de (Mauricio) Galofre… Es que yo me río por dentro, me río y me digo ‘¡si supieran cómo es de verdad verdad esta vaina: eso no es nada!”, se oye en uno de los audios. Y en otra conversación aseguraba: “Todo lo que yo sé, la Uaesp, todo, es que yo he manejado todo. De hecho, todavía lo hago. Yo nombraba al director de esto, al director de esto y al director de esto. Todo lo he manejado. No hubo un solo peso que entrara a donde ellos sin que pasara por mí”.

Grabaciones que revelan que era el poder detrás del poder en el Palacio Liévano. Fuentes consultadas por El Espectador sostienen que las negociaciones con Tapia para que prenda su ventilador van por buen camino. La Procuraduría no está en ese juego de concesiones y reclama equilibrio en la justicia. El Tribunal tendrá la última palabra.