Tan desbordada está la violencia en Medellín, protagonizada por más de 300 ‘combos’ al servicio de Sebastián y Valenciano, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) —organismo neutral para asistir a las víctimas de los conflictos armados— se alista para activar su mecanismo de ayuda humanitaria a favor de víctimas de violencia urbana en la capital antioqueña.
Así lo estableció El Espectador con fuentes de entera credibilidad que en los últimos meses han sostenido reuniones con la Personería, Policía, Alcaldía, Fiscalía y diferentes ONG de la ciudad. Aunque no es la primera vez que el CICR actúa en un conflicto urbano (en América Latina lo ha hecho en casos como el de Río de Janeiro, por ejemplo) para el caso colombiano resulta atípico. El organismo ha venido documentando con las autoridades una completa radiografía de la violencia en Medellín. Según reportes de la Policía Metropolitana de Medellín y de las autoridades locales, existen unos 4.500 jóvenes en las estructuras de sicarios del narcotráfico, de los cuales un 30% son menores de edad —entre los 10 y los 17 años— y un 5% son mujeres.
Los estudiosos del tema están convencidos de que el recrudecimiento de la violencia en comunas como la 13, la 6 y la 1 es también una consecuencia más de que estos ‘combos’ involucren a la población civil para sus propósitos, muchas veces movilizando a la gente para promover protestas con la velada intención de arrebatarles espacios a las autoridades o a sus rivales en el millonario negocio del tráfico de estupefacientes. Es en este contexto que el apoyo del CICR a la alcaldía local cobra relevancia.
Este organismo trabaja a la luz del derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra en las guerras entre países y, en el caso de Colombia, en el conflicto interno que libran desde hace décadas el Estado, la guerrilla, los paramilitares y otras bandas criminales. La intención del CICR es socializar en las comunas que la población civil no puede verse afectada por enfrentamientos motivados por el control de la economía ilegal ligada al narcotráfico y que, en esencia, los violentos dejen por fuera de sus acciones a escuelas, unidades hospitalarias, iglesias y demás bienes civiles.
El organismo internacional ha venido observando con preocupación que el escalamiento de los conflictos en distintos países empieza a tener su génesis en las ciudades. Claros ejemplos de este fenómeno son los casos de Río de Janeiro (Brasil), San Pedro Sula (Honduras), Ciudad Juárez (México) y, por supuesto, Medellín.
El propio alcalde Alonso Salazar aseguró que estas organizaciones ilegales se han sofisticado tanto que ponen como trinchera la población civil para impedir el accionar de la Fuerza Pública. Las denuncias del alcalde se refieren a enfrentamientos con armamento de largo alcance en distintas comunas; el desplazamiento forzado de personas —2.776 en el primer semestre de 2010, casi tres veces más que el año pasado, según la Personería de Medellín—, un promedio de homicidios de 6,5 diarios (según la Secretaría de Gobierno) y otro largo etcétera de crímenes.
En próximos días el jefe de la delegación del CICR en Antioquia, Pascal Porchet, se reunirá con el alcalde Salazar para ultimar los detalles del trabajo conjunto, cómo se iniciará y en qué barrios se desarrollará prioritariamente. El CICR, acostumbrado a hacer presencia en comunidades alejadas de las urbes, a interactuar con guerrillas o paramilitares, esta vez tendrá que acercarse a los jóvenes que está arrasando la violencia en Medellín.