General (r) Jesús Armando Arias Cabrales, General (r) Rafael Hernández López, General Carlos Alberto Fracica Naranjo, El magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.

Los generales (r) del Ejército Carlos Alberto Fracica  y Rafael Hernández  son los nuevos protagonistas del segundo capítulo del expediente por el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. La fiscal delegada ante la Corte Suprema Ángela Buitrago los llamó a indagatoria por el crimen del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien, aunque imágenes de noticieros de la época —reveladas por Noticias Uno— mostraron que salió con vida, apareció con un tiro de gracia en el interior del edificio un día después de la retoma de las Fuerzas Militares.

El pasado 12 de enero, el despacho de la fiscal Buitrago revivió el expediente al declarar como delito de lesa humanidad el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado. En virtud de esa decisión, ordenó exhumar el cuerpo de Urán para examinar sus restos óseos, análisis del que se concluyó que Urán Rojas no murió durante los enfrentamientos del M-19 y la Fuerza Pública, sino que fue ultimado con un disparo a quemarropa en su cabeza. También se ordenó tomar las declaraciones de la viuda de Urán, Ana María Bidegain, y otra veintena de testigos de excepción, así como revisar el proceso del general (r) Iván Ramírez —también en juicio por los 11 desaparecidos del Palacio—, y las necropsias de 16 víctimas.

Las pesquisas de la Fiscalía determinaron que existen indicios de responsabilidad en el crimen de Urán por parte de los generales (r) Fracica, entonces con grado de mayor y adscrito a la Escuela de Artillería; Hernández, entonces comandante de la Escuela de Artillería; y de Jesús Armando Arias Cabrales, en su calidad de comandante de la Brigada XIII. Este último, además, enfrenta hoy un juicio por la desaparición de 11 personas del Palacio. La decisión de la fiscal Buitrago, conocida por El Espectador, consta de 27 páginas y fue tomada el pasado 27 de agosto; y en ésta se lee que, de igual forma, se hará una recreación en tercera dimensión sobre la o las trayectorias encontradas en el cuerpo de Urán Rojas.

Los dos nuevos altos ex oficiales vinculados en el caso del Palacio de Justicia son hombres de largo recorrido entre las filas castrenses. Hernández López llegó a ser agregado militar en Washington, Argentina y Uruguay, comandante de tres brigadas y dos divisiones, así como inspector del Comando General de las Fuerzas Militares. Como general de dos soles, promovió la creación de la Fuerza de Tarea Omega en la base de Tres Esquinas (Caquetá). Como general de tres soles, alcanzó la comandancia del Ejército y, posteriormente, fue designado como agregado de defensa en la Comunidad Europea.

Fracica, por su parte, comandó la Omega hasta noviembre de 2005. Aunque se esperaba que formara parte de la ofensiva militar del entonces presidente Álvaro Uribe, luego de acabar su primer año de gobierno el ex jefe de Estado lo nombró agregado militar en Chile. Merecedor de nueve medallas de orden público —la novena impuesta por el propio Uribe, quien calificó su gestión de “formidable”—, Fracica, que pasó más de 35 años al servicio del Ejército, había sido llamado a versión libre junto con Arias Cabrales en abril pasado por la muerte de Urán. Ambos negaron cualquier compromiso en la muerte del magistrado.

De esta manera, la Fiscalía demostró que está dispuesta a apostar el todo por el todo con tal de esclarecer por qué el abogado Carlos Horacio Urán Rojas, quien salió con vida del Palacio de Justicia de acuerdo con imágenes de video de la época, fue recogido por sus familiares el 9 de noviembre de 1985 en la morgue de Medicina Legal. Según la Fiscalía, pruebas como la necropsia, el levantamiento y los exámenes de balística practicados a los restos de Carlos Horacio Urán Rojas, las comunicaciones radiales del operativo tendiente a la recuperación del Palacio de Justicia y declaraciones y versiones recibidas, “conducen a establecer las circunstancias en que se obtuvo el control del edificio, la evacuación de rehenes” y, por esta razón, se ordenó vincular a los generales (r) formalmente al expediente Urán, por el delito de homicidio agravado.

Casi 25 años después del holocausto, la justicia busca aclarar cómo murió Urán y si existe responsabilidad por parte de la Fuerza Pública en su crimen.