La controversia que generó la salida hace dos semanas de la ahora ex fiscal Ángela Buitrago del ente acusador, no termina. Por el contrario, ante las críticas que recibió luego de aceptarle la renuncia, el fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago manifestó, en una carta de respuesta a un derecho de petición del Colectivo José Alvear Restrepo (el pasado 21 de septiembre), que en los procesos que la ex funcionaria adelantó los méritos no son exclusivamente de ella, sino también de él. Especialmente en los casos que actuó como segunda instancia mientras se desempeñó como vicefiscal general. Mencionó, por ejemplo, que en algunas decisiones que Buitrago tomó en relación con la desaparición de 11 personas tras la toma del Palacio de Justicia, él tuvo que complementarlas o ampliarlas, “de manera que dichos resultados son atribuibles tanto a la primera como a la segunda instancia”.
Aunque reconoció que la ex fiscal fue efectiva en casos como los que llevaron a la detención (o a juicio) al coronel (r) Alfonso Plazas Vega y a los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero por el Holocausto del Palacio en 1985, las condenas (como sucedió con Plazas Vega) fueron proferidas por jueces.
Pero Mendoza fue más lejos y aseguró que algunos de los procesos más representativos que tenía Buitrago al momento de su salida, ni siquiera fueron investigados por ella, sino que únicamente se encargó de llevarlos a juicio, como en la acusación en contra del ex director del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes, caso que estuvo durante largo tiempo en manos del también ex fiscal Jesús Antonio Marín.
Algo similar afirmó acerca del juicio que por parapolítica se efectúa contra el ex senador Ciro Ramírez Pinzón. El jefe del ente acusador reparó que este proceso fue adelantado por la Corte Suprema de Justicia y ante la renuncia de Ramírez a su fuero el proceso pasó a la Fiscalía. Por eso aseguró que el único resultado atribuible a Buitrago es que llamó a juicio al ex congresista, decisión que fue complementada por él en segunda instancia cuando se desempeñaba como vicefiscal. De la investigación que se adelantó contra el ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia (por sus presuntos vínculos con lugartenientes del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario), dijo que aunque ya está en juicio, otros de los funcionarios cuestionados dentro de ese caso, como la ex directora de fiscalías de Montería, Perla Dávila, no fueron ni siquiera acusados. Con respecto a la indagación que condujo a la frustrada audiencia de imputación de cargos por calumnia contra el vicepresidente de la República Francisco Santos y el ex asesor José Obdulio Gaviria, por haber insinuado supuestos vínculos de sindicatos colombianos con la guerrilla de las Farc, Mendoza advirtió que la determinación fue adoptada por la ex fiscal después de casi tres años de tener el proceso en su poder.
“Ninguna decisión se había tomado hasta el 31 de agosto del presente año, cuando la doctora Buitrago radicó solicitud de formulación de imputación, siendo que la asignación fue hecha desde el 26 de diciembre de 2007, es decir, 2 años y 8 meses antes de dicha solicitud a los jueces”, enfatizó el fiscal general (e). Recordó que la audiencia, pese a haber sido aplazada por inasistencia de Santos y Gaviria, se llevará a cabo el próximo 12 de octubre. Comentarios similares hizo sobre la investigación que llevó a la condena del gobernador del Meta Edilberto Castro a 40 años por el asesinato de tres dirigentes políticos de ese departamento por parte de las autodefensas en 2004. En relación con los cuestionamientos que señalan que uno de los motivos que habrían llevado a la salida de Buitrago de la Fiscalía fueron sus investigaciones contra militares (r), como en el caso del Palacio de Justicia, Mendoza sostuvo que en la actualidad la unidad delegada ante la Corte (a la que pertenecía la ex fiscal) adelanta pesquisas contra otros cuatro oficiales en uso de buen retiro. Tres de ellas contra el ex comandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, por la ‘Operación Orión’. En esa investigación se solicitó a las autoridades estadounidenses la ampliación del testimonio del extraditado paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, la inspección a las Cuarta Brigada y la localización de varias víctimas que podría haber dejado esa acción militar.
Montoya también es indagado por la masacre de La Resbalosa (2005) y por supuestas acción u omisión en los casos de ‘falsos positivos’ en Soacha (Cundinamarca) y Ocaña (Santander). Asimismo se ausculta la conducta de los generales (r) Carlos Alberto Ospina Ovalle, Iván Ramírez y Julio Charry Solano por presuntos vínculos con las autodefensas, según afirmaciones hechas por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Mendoza no dejó de recordar la estadística de trabajo de cada uno de los despachos de fiscales delegados ante la Corte y señaló que el de Buitrago era uno de los que tenían mayor carga laboral, con 186 procesos y 68 denuncias sin tramitar.
Lo que dijo la ex fiscal Ángela María Buitrago
En entrevista con El Espectador el pasado 2 de septiembre, dos días después de que fuera aceptada su renuncia, la ex fiscal Ángela María Buitrago rechazó que se hubiera concentrado en procesos como el del Palacio de Justicia, el del ex senador Ciro Ramírez por parapolítica, el del ex jefe de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, o el del ex director del DAS Jorge Noguera Cotes, aunque reconoció que tuvo que dar prioridad a los casos en los que había detenidos. Manifestó que no entendía las razones por las cuales el fiscal general (e) Guillermo Mendoza dijo que en el despacho a su cargo hubo procesos que no tuvieron la atención requerida. Días más tarde la ex fiscal Buitrago fue más enfática y sostuvo, en relación con las razones expuestas por Mendoza para removerla de su cargo: “¡Es canalla! ¡Es una canallada! Por eso es inadmisible que haya salido a descalificar mi trabajo”.
Una propuesta para destrabar la elección del Fiscal
Esta semana la controversia por la elección del nuevo Fiscal siguió al rojo vivo en la Corte Suprema, que ajustó 23 sesiones sin humo blanco. Trascendió que el magistrado William Namen, molesto por el bloqueo de algunos de sus colegas en la elección, habría presentado su renuncia. Pero, además, se discutió en la Corte una propuesta para cambiar el reglamento interno, que fue llevada por los magistrados Namen y Gustavo Gnecco. El objetivo de la reforma es destrabar a como dé lugar la elección del Fiscal y buscar que luego “de realizadas más de 10 sesiones de votación sin que la elección se haya producido”, la votación sea pública y no secreta, como ocurre hoy. Según los dos magistrados, en casos excepcionales como éste “el secreto en el voto puede afectar el normal desarrollo del proceso electoral en cuanto facilita la conformación de bloques electorales”. La propuesta de reforma, explican Namen y Gnecco, pretende que cuando se presenten dificultades en algún proceso electoral, “la mayoría de los miembros de la Corporación, si así lo consideran conveniente, decidan que la votación sea pública y de esa manera evitar que el secreto de la votación se preste para el entorpecimiento de la elección”, se lee en la propuesta conocida por este diario.