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"Dónde están nuestros desaparecidos wayuu"

En las puertas de la Fiscalía se concentraron las líderes de la etnia wayuu en espera de que ‘Pablo’, verdugo de Bahía Portete, les diga la verdad de la masacre de abril de 2004.

Redacción Judicial
17 de noviembre de 2010 - 11:19 p. m.

Es miércoles y llueve. A las afueras del búnker de la Fiscalía esperan cuatro líderes indígenas de la etnia wayuu. Allí están Vicente Gutiérrez, Deborah Barros Fince, Carmen Fince y Telemina Barros Fince. Han viajado desde Maracaibo a Bogotá con un solo anhelo: escuchar de boca de Arnulfo Sánchez, alias Pablo, dónde están sus familiares desaparecidos hace seis años.

“Para nosotros los muertos son sagrados. Tenemos el compromiso de acompañar sus espíritus a la segunda vida, después del mar, al paraíso del rencuentro, al Jepirra. Por eso queremos saber dónde están los cuerpos de Reina y de Diana para enterrarlas y que por fin descansen en paz”, dice Deborah.

Reina Fince Pushaina, de 13 años, y Diana Fince Uriana, de 40 años, fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas el 18 de abril de 2004 en Bahía Portete (La Guajira).

Ese día, cerca de 50 paramilitares del bloque Norte de las autodefensas entraron a Bahía Portete en dos camionetas, una particular y otra del Ejército, acompañados por un grupo de informantes de la etnia wayuu, según testimonios presentados en Fiscalía. Luego, lista en mano, hicieron un recorrido de muerte, incendio y saqueo.

Margoth Fince Epinayú, de 70 años, murió asesinada ese 18 de abril luego de que los paramilitares la golpearan y le tajaran la cabeza con un hacha. El cuerpo de Rosa Fince Uriana, de 46 años, fue encontrado días más tarde. Tenía el vestido desgarrado, estaba decapitada y los senos cortados. Rubén Epinayú, de 18 años, fue torturado y su cuerpo sin vida fue amarrado a una camioneta y arrastrado por los caminos del desierto.

Tres días antes de la masacre, las autoridades de Bahía Portete enviaron una alerta temprana a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa, en la que advertían sobre el riesgo que estaban corriendo en su territorio por la presencia de los hombres de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, por entonces jefe del bloque Norte de las autodefensas; y alias Pablo, comandante del Frente Contrainsurgencia Wayuu de las autodefensas. No recibieron ninguna respuesta. Así lo dejó escrito el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación.

Según Gregorio Álvarez, conocido con el alias de Pedro 16, la masacre de Portete fue planeada por Jorge 40, Pablo y José María Barros Ipuana, alias Chema Bala, con el fin de ganar el control de las rutas de embarque de droga en el mar Caribe.

Por tradición, la región adyacente a Bahía Portete siempre ha sido un lugar estratégico para el contrabando. En un principio se contrabandeaba whisky, cigarrillos y electrodomésticos. Pero con la llegada del paramilitarismo en 2002 y después de la alianza que éstos concertaron con los narcotraficantes locales, se convirtió en un puerto clave para la salida de droga hacia mercados extranjeros.

 Chema Balas no quiso acogerse a la Ley de Justicia y Paz, argumentando que nunca fue paramilitar. Sin embargo, fue capturado y condenado a 40 años de prisión por la masacre de Bahía Portete en junio de 2007. Tras ser requerido en extradición por Estados Unidos, el 3 de julio del mismo año fue enviado a este país, donde hoy está condenado por tráfico de estupefacientes. No obstante, su extradición dejó un sentimiento de impunidad entre sus víctimas.

La esperanza era que cayera Pablo, en los últimos años amo y señor de las bandas criminales en la alta Guajira. Las autoridades lo buscaban ansiosamente y para la Policía era su principal objetivo porque Estados Unidos también lo quiere tras las rejas.

Como fugitivo, se paseaba libremente por la alta Guajira, a pesar de tener varias órdenes de captura en su contra por homicidio y tortura. Ayer, en plena audiencia de indagatoria, se declaró enfermo, justo en el momento en que debía comenzar a dar explicaciones ante la Fiscalía por la masacre.

El pasado lunes, Pablo fue detenido en Bogotá. Su captura causó revuelo entre la comunidad wayuu, cuyos líderes hicieron presencia en la capital, donde están dispuestos a permanecer hasta que el paramilitar revele dónde están sus desaparecidos. Ahora temen que sea enviado a Estados Unidos y se lleve consigo el secreto que más anhelan.

Por Redacción Judicial

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