Una desoladora radiografía de la justicia en Colombia, falta de protección y reiterados crímenes contra jueces y fiscales, la “persecución” del anterior gobierno contra la Rama Judicial, falta de autonomía presupuestal y el cuestionado control disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura, “cuyo origen es estrictamente político”, presentó la jueza María Stella Jara ante la Asociación de Jueces Alemanes. En una sentida carta de ocho páginas, la curtida funcionaria, asilada en ese país por las amenazas contra su vida —que se recrudecieron cuando sentenció a 30 años de prisión al coronel (r) Alfonso Plazas Vega—, hizo un recuento de las intimidaciones de las que fue objeto y concluyó: “En Colombia jueces y fiscales no están protegidos sino por su toga”.
Lo primero que dice su relato, conocido por El Espectador, es que “escribir de uno mismo siempre implica una dificultad (...) más para quienes, como los jueces, somos por talante y oficio reservados y reticentes a la publicidad”. Nacida en Cubaral, en los Llanos Orientales, Jara desandó sus pasos por la administración de justicia durante los últimos 20 años y, seguidamente, contó que muy a pesar de los inconvenientes resultantes de condenas proferidas por su despacho contra mafias, narcotráfico, paramilitarismo o guerrilla, nunca tuvo que enfrentar tantos “contratiempos” como los que padeció con el proceso del coronel (r) Plazas por los 11 desaparecidos del Holocausto del Palacio de Justicia.
La lista de intimidaciones es larga: sufragios que llegaron a su casa en septiembre de 2009 “donde se invitaba a una misa por el eterno descanso de mi alma”, una carta amenazante, supuestamente atribuida al ex paramilitar Vladimir Baquero (nombre asociado a uno de los autores de la masacre de La Rochela, en enero de 1989) a la que se le adjuntó una columna del periodista Plinio Apuleyo, titulada “Un calvario sin fin”, en la que cuestionaba las actuaciones de Jara en el proceso contra Plazas. “Las acusaciones del columnista son las mismas del anónimo amenazante”, escribió Jara y añadió que desde la tribuna radial del ex ministro Fernando Londoño se han agitado los señalamientos en su contra.
Desde Alemania aseguró que fueron tantos y tan variados los hostigamientos que detectó que era seguida cuando salía de su oficina a almorzar o cuando iba al salón de belleza; que trataron de forzar las cerraduras de su apartamento y que vehículos 4X4 de vidrios polarizados hacían extrañas rondas alrededor de su residencia. Atribuyó al acoso que su hijo disminuyera en su rendimiento escolar, que debió separarse de él para que se fuera a vivir con su padre y que, aún así, asistía al colegio con escolta. Pero fue más allá y dijo que trataron de hacerle un montaje. “Se me intentó vincular con organizaciones dedicadas al narcotráfico mediante la elaboración de un informe de inteligencia falso”. Hoy los presuntos autores de esa falsedad, integrantes de la Policía, están siendo investigados.
Manifestó en su carta a la Asociación de Jueces Alemanes que las amenazas se intensificaron al día siguiente de la condena a Plazas, tras una alocución del entonces presidente Álvaro Uribe, acompañado por toda la cúpula militar, en que criticó el fallo y la descalificó como persona y como jueza. La intervención del mandatario duró “más de siete minutos, en directo por televisión en horario triple A”. Entonces conceptuó enfática: “La independencia judicial en Colombia no sólo está afectada por la presencia de bandas criminales organizadas, sino que también lo está por cuenta de amenazas que provienen de los más altos funcionarios del Estado”.
Así, Jara resaltó que en el último año fueron asesinados un fiscal y una jueza en Cali cuando salían de su casa, otro juez en Bogotá y uno más en Medellín. En este último caso, dijo Jara, el sicario fue capturado y resultó ser un ex soldado profesional. A renglón seguido, la funcionaria asilada dijo que en tiempos del presidente Uribe la relación con la Rama Judicial se dio en términos muy agresivos, sobre todo por las pesquisas de la parapolítica. Allí “se originó un periodo de agresiones por parte del Ejecutivo contra la Corte Suprema” que incluyó “interceptaciones telefónicas ilegales, seguimiento detallados de sus cuentas bancarias y propiedades y una orquestada campaña de desprestigio por parte del DAS”.
Según Jara, los choques entre el Gobierno y la Corte se agudizaron por el escándalo de la yidispolítica, pues quedó al descubierto “un plan para sobornar a congresistas” que permitió la reelección del presidente Uribe. La condena de Yidis Medina, en la cual se hicieron duros cuestionamientos al Gobierno, fue objeto de uno de los más fuertes ataques del entonces presidente Uribe, quien acusó a los magistrados de prestarse para la trampa del terrorismo agónico. “Yo también fui víctima de esos ataques”, relató y dijo que la situación se repitió cuando se buscó una segunda reelección, al punto de que cuatro ex congresistas están investigados por el reparto de notarías. Además de Tomás Uribe, hijo del ex jefe de Estado.
Asimismo, la jueza asilada criticó el control que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura. “Como el origen de los miembros (…) es estrictamente político (…), cualquier investigación que disguste al Ejecutivo genera una inmediata investigación disciplinaria”. María Stella Jara despidió su carta mencionando la congestión en los despachos judiciales y, concluyente, esbozó que en Colombia, más que en cualquier otro país, “ser juez es un verdadero apostolado”.