Son más de 10 los congresistas o caciques políticos regionales que hasta hoy aparecen de cabo a rabo en la investigación que adelanta la Fiscalía y un grupo élite de la Dijín de la Policía sobre el escándalo de presuntos malos manejos y pago de favores burocráticos en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Además del caso que ya trascendió de la senadora nariñense Myriam Paredes —denunciado por la columnista María Jimena Duzán—, El Espectador conoció que en las primeras pesquisas de las autoridades también han salido a relucir otros nombres de verdaderos pesos pesados de la política.
Por ejemplo, dos ex presidentes del Congreso, ambos detenidos por el proceso de la parapolítica, resultan mencionados en el expediente: Luis Humberto Gómez Gallo y Javier Cáceres Leal. Pero son bastantes más ilustrativos los casos de la representante a la Cámara Lucero Cortés Méndez y el también ex presidente del Legislativo Hernán Andrade Serrano. En el caso de la parlamentaria de la U, en un reciente informe elaborado por la Policía se reseña que a través de terceros fue al parecer beneficiaria de cinco carros y dos fincas, una de ellas ubicada en la sabana de Bogotá, que fueron decomisados a la mafia. Bienes que pasaron a ser administrados por la DNE y después, súbitamente, a depositarios relacionados con Lucero Cortés.
En el mencionado reporte de analistas de la Dijín se detalla que el empresario barranquillero Armanio Alberto Iglesias Flórez sería la cuota política del huilense Hernán Andrade en la DNE. Los primeros rastreos apuntan a que algunos bienes y sociedades de señalados narcotraficantes como Armando Jacobo Jaar Jassir, quien por años figuró como testaferro de Carlos Alberto Rentería y Raúl Grajales, serían manejados por Armanio Alberto Iglesias, supuesta ficha de Hernán Andrade en la DNE. En esencia, el informe de la Policía menciona que las propiedades en custodia de la entidad son una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios rurales y urbanos en Baranoa (Atlántico) y Barranquilla.
Empresas, firmas y otras sociedades de Armando Jaar Jassir y otro ingresaron a la temida Lista Clinton desde el año 2005 al constatarse que dineros del narcotráfico financiaron sus operaciones. “El cártel del norte del Valle ha usado estos testaferros y compañías de fachada para tratar de operar bajo un manto de legitimidad”, dijo en su momento el director de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Robert Werner. Hoy pues las autoridades tratan de establecer si las denuncias que les llueven sobre irregularidades en la DNE tienen soporte documental. Testimonios de funcionarios y ex funcionarios de Estupefacientes dan cuenta de otras anomalías, la mayoría cometidas durante la administración del conservador Carlos Albornoz.
El Espectador conoció otros siete nombres de congresistas que también aparecen salpicados en estas pesquisas preliminares, dos de Nariño, otro de Caldas, uno del Atlántico, uno de Chocó y dos más del departamento de Magdalena. En este último caso, el dirigente político mencionado también figura en expedientes por la parapolítica y en otro más por su presunta injerencia en el Seguro Social de Santa Marta. De todas maneras, para no afectar la investigación adelantada este diario se abstiene de publicar sus nombres.
Sin embargo, a los investigadores ya les va quedando claro cómo bienes decomisados al narcotráfico misteriosamente terminaban administrados por testaferros suyos o, según parece, por cuotas políticas de parlamentarios en ejercicio que habrían encontrado en la DNE “oxígeno” para sus finanzas. De hecho, El Espectador tuvo noticia de una delicada denuncia que ya fue puesta en conocimiento del actual director de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, y de los fiscales de la Unidad Antimafia que llevan el proceso. Según refiere un ex funcionario de la intervenida entidad, en tiempos de campañas políticas en las regiones se adjudicaban a dedo bienes inmuebles para favorecer los intereses de ciertos congresistas.
Dicho de otro modo, el enterado ex trabajador manifestó que propiedades incautadas o extinguidas por el Estado a traficantes o testaferros habrían terminado siendo usadas para feriar votos y obtener curules. La denuncia no obstante está en proceso de verificación, pero fuentes consultadas por este diario no descartan que así haya ocurrido y que incluso los hechos que refiere el ex funcionario se hayan quedado corticos frente a la realidad de la DNE. Eran abogados los que tenían enlaces con las supuestas cuotas políticas y funcionarios de Estupefacientes. Así fueron entregándose como depositarios a los interesados de parte y parte. Y cuando uno de estos bienes salía a remate, curiosamente, nadie distinto de los testaferros del capo al que se le había arrebatado el inmueble se hacía a éste.
En el caso de Myriam Paredes figuran varias resoluciones en donde la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo Paredes Aguirre la administración de varios bienes y sociedades sobre los cuales, según la periodista María Jimena Duzán, no aportó informes sobre su gestión administrativa o financiera. Por ejemplo, fue depositario de la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda. o de Inversiones Rodríguez Ramírez. Uno de estos bienes está ubicado en San Andrés. La columnista criticó que los políticos estuvieran “montando una tramoya para saquear al Estado sin el menor temor de que pudieran llegar a ser descubiertos”.
En respuesta la congresista Paredes calificó de falsas las insinuaciones de Duzán y salió en defensa de la rectitud y probidad de su hermano. Aunque sí reconoció que por la administración de estas firmas él obtiene honorarios por un valor cercano a los $9 millones mensuales. Es apenas un caso de los que revisan con lupa las autoridades. Uno de los investigadores le dijo a El Espectador que en la Dirección de Estupefacientes efectivamente funcionaban pequeños carteles organizados que hacían y deshacían. Una imagen bien parecida a la que tiene el actual director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, quien en declaraciones a la revista Semana, aludiendo al episodio de la senadora Paredes, refirió: “Ese caso multiplíquelo por mil”.
Pero hay cosas más graves. En el informe de la Dijín sobre los primeros hallazgos en la DNE también figura el nombre del ex coordinador de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía Camilo Bula. Según se lee, cuando él era secretario general del Ministerio del Interior en 2004 a una persona cercana, Jorge Iván Velásquez, la DNE lo seleccionó para comercializar inmuebles en custodia de la entidad. Velásquez era dueño de una inmobiliaria. Después Bula también figuró como depositario de inmuebles incautados a la familia Nasser Arana en Barranquilla y, en últimas, como liquidador de éstos. Al parecer Velásquez y Bula tenían negocios.
Asimismo, sale a relucir el nombre de Luis Fernando Vásquez, según parece también allegado a Bula, quien se habría ganado un contrato en la DNE para vender vehículos de alta gama decomisados al narcotráfico. El mismo informe da cuenta de que Bula y Jorge Iván Velásquez crearon una unión temporal con el propósito de ser promotores inmobiliarios. Esos son por ahora los primeros hallazgos y el escándalo promete no amainar pronto. Carlos Albornoz y su sucesor Ómar Figueroa están siendo investigados por la Procuraduría. Existen fundados indicios de que sobre el comité que elegía a los depositarios en la DNE no existía control alguno y por esa rendija terminaron colándose fichas de la mafia.
Como el caso que denunció este diario en su edición del pasado 16 de septiembre, en un artículo titulado “El ahijado y el testaferro”, en donde se reveló que un allegado del narcotraficante Danilo Bustos —señalado testaferro de Daniel El Loco Barrera— terminó administrando sus bienes por encargo de la DNE. Se trata de Justo Pastor Báez. Bustos era ni más ni menos que su padrino de matrimonio, pero la empresa de transportes Transciba, que le fue decomisada al capo, le fue entregada a su ahijado sin más ni más. La revelación le costó el cargo a Ómar Figueroa.
Por ahora la Fiscalía examina con lupa los hallazgos en la entidad estatal, hace cruces sobre nombres, activos y depositarios, inmuebles y abogados con enlaces en la DNE. Y empieza a aclarar qué políticos y en qué contextos terminaron como supuestos beneficiarios. Al sistema Faro, que registraba el inventario de los bienes administrados por la DNE, accedía casi que cualquier funcionario sin vigilancia alguna y al programa, según parece, le metió la mano todo el mundo. Fiscales y expertos de la Policía ya comenzaron a rastrear el despelote. Y eso que apenas han revisado el último año.
Mininterior no conoce la investigación Germán Vargas Lleras dijo desconocer las pesquizas que adelanta la Fiscalía El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras dijo que su cartera no puede pornunciarse sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación a vartios congresistas sobre malos manejos y pago de favores burocráticos en la Dirección Nacional de Estupefacientes. "Ni el Gobierno Nacional, ni el Ministerio del Interior y Justicia, tampoco la Dirección Nacional de Estupefacientes, están en la capacidad de confirmar la información que sobre la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en el caso de la Dirección de Estupefacientes ha sido difundida. No hemos recibido ningún informe total o parcial de dicha investigación. Esperamos muy pronto conocerla", dijo Vargas Lleras al ser preguntado por El Espectador sobre el asunto.
Nota de edición: Por el llamado “derecho al olvido”, ante hechos posteriores a su publicación, este artículo fue modificado para sustraer el nombre de una persona.