A los reiterados intentos del Gobierno por sacar del limbo jurídico en el que se encuentran casi 19.500 desmovilizados de las autodefensas, a quienes no se les ha abierto ningún proceso por los delitos cometidos, se suma otra iniciativa, esta vez propuesta por el Polo Democrático Alternativo. Se trata del proyecto de Ley 092 de 2007, aprobado en primer debate por la Cámara de Representantes, que dictamina que los ex paramilitares rasos pueden solicitar la libertad condicional cuando hayan cumplido una parte de su pena en prisión, y siempre y cuando no estén condenados por delitos de lesa humanidad.
El representante Germán Navas Talero, ponente del proyecto que pasó con apoyo unánime de los partidos políticos, explica que la idea es que el beneficio que promete la norma se convierta en un impulso que acelere el comienzo de los trámites jurídicos que definan la situación de los desarmados, que militaron en las filas paramilitares pero nunca ocuparon altos cargos en esa organización ilegal.
La propuesta no cobija a ex jefes ni a políticos que se hayan beneficiado electoral o económicamente de las acciones de las autodefensas, o de cualquier grupo alzado en armas que acuerde un proceso de paz con el Gobierno. Los desmovilizados que resulten beneficiados con la medida tendrían que informar a las autoridades si cambian de residencia y, además, comprometerse a tener buena conducta. Asimismo, no podrían aspirar a la libertad condicional quienes no hayan confesado la verdad de sus delitos al momento de rendir su versión ante el juez.
El tiempo de la pena que tendrían que haber cumplido los desarmados para acogerse a la norma no se ha definido. Las leyes colombianas establecen que el beneficio de la libertad condicional se otorga a los condenados que han pagado al menos las dos terceras partes de su pena, pero –afirma Navas– es posible que en este caso se determine un tiempo mayor. El tema será discutido durante el período legislativo del Congreso, que comienza el próximo 20 de julio.
Aunque apenas inicia su curso en el Parlamento, desde ya este proyecto –el primero de la oposición que da un espaldarazo a la Ley de Justicia y Paz– está levantando polvo. Muchos análisis apuntan a que, si de sacar del limbo jurídico a los
paramilitares rasos se trata, es poco lo que lograría la norma, pues para acceder a sus beneficios los implicados tendrían que haber recibido condena y los más de 19.000 desarmados están en el aire porque, precisamente, no se les ha abierto un proceso jurídico.
El penalista Yesid Reyes opina que se trata una iniciativa “poco práctica. Buscan impulsar la apertura de los procesos, pero parece que olvidan que hablamos de 19.000 casos que tardarían, al menos, unos cinco o seis años en resolverse”.
En sentido similar se pronuncia el politólogo Enrique Serrano, quien cree que el proyecto evidencia la urgencia que tiene el país de resolver el tema de los ‘paras’ rasos. El analista destaca que la norma “le cumpliría” a las víctimas, en el sentido de que no habría impunidad, pues necesariamente tendrían que existir las condenas para que se dé la libertad condicional. “También les cumple a los desmovilizados que verían, por fin, su situación judicial resuelta”.
El Gobierno le había apostado a dos estrategias para salir del problema de los militantes rasos de las autodefensas: por un lado, el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, propuso convertir el concierto para delinquir en delito político, idea que frenó la Corte Suprema de Justicia, que negó de plano la opción. Después, intentaron reformar el proyecto de Ley que otorgaba el beneficio del principio de oportunidad –que es la potestad que tiene la justicia de investigar o no a los procesados por delitos con penas no superiores a seis años– incluyendo a los 19.000 desmovilizados, pero la idea no prosperó en el Congreso.
Por último, apoyaron el proyecto del Polo, por cuya aprobación de unieron las bancadas del conservatismo, la liberal, la de Cambio Radical y del Partido de la U.
Desde ya, el viceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes, advierte que habrá que proponer cambios en los debates que le esperan a la propuesta. Navas se muestra de acuerdo. “Esta es una llave para que haya condenas, que es lo que todo el mundo quiere. El Gobierno tendrá que procurar que se den los procesos”.
¿Por qué en el ‘limbo’?
Los casi 19.500 desmovilizados paramilitares que se encuentran en un limbo jurídico se acogieron a la Ley de Justicia y Paz esperando que se les diera un tratamiento jurídico especial. El Gobierno planeaba poder procesarlos como delincuentes políticos, pero la Corte Suprema impartió una doctrina según la cual el delito de concierto para delinquir no puede ser considerado sedición. “Las cosas se hicieron al revés. Antes de la desmovilización ha tenido que pensarse en las
herramientas legales para tratar a estos desarmados”, explica el penalista Yesid Reyes. Algunas versiones apuntan a que el Gobierno ni siquiera tiene total conocimiento del paradero de estas personas.
También tendrían que reparar a sus víctimas
Los desmovilizados de cualquier grupo al margen de la ley –que previamente se hayan sometido a un proceso de paz con el gobierno– podrán acceder a la libertad condicional siempre y cuando no hayan promovido la organización ilegal a la que pertenecieron. Los servidores públicos tampoco se encontrarían amparados en la norma.
La iniciativa, de autoría de la bancada del Polo Democrático, contiene un artículo según el cual los desarmados tendrían que reparar los daños ocasionados con sus delitos, a menos que demuestren estar imposibilitados económicamente.
Los jueces deberán constatar que los beneficiarios de la norma no hayan “faltado a la verdad” en ninguna de las instancias del proceso.
El representante por el Polo, Germán Navas Talero, ponente del proyecto, cree que la iniciativa no tendrá mayores inconvenientes en el curso que le espera por el Legislativo.
“Somos optimistas. Cuando la debatimos en la Comisión Primera de la Cámara recibimos apoyo de todas las bancadas, incluyendo las de la coalición oficialista”.