En una providencia de 17 páginas que conoció El Espectador, el ente acusador advierte que la determinación se tomó con base en testimonios como el de Orlando López, concejal municipal, quien aseguró que Galindo Obando lo mandó matar a él y a otros cabildantes, por la continua oposición que le hacían, cuestionando su gestión administrativa por supuestos actos de corrupción que se venían presentando a través de contrataciones ficticias o indebidas con terceros.
Esa versión fue ratificada por José William Medina Izquierdo, alias Policarpo, quien aseguró que mientras formó parte de la guerrilla de las Farc y luego como miembro de las autodefensas, el ex alcalde le pidió que asesinara a Orlando Ramírez e incluso un día le dijo que aprovechara un desplazamiento que iba a hacer en desarrollo de una campaña política.
Otra de las evidencias en contra del ex alcalde es un informe de auditoría de los años 2006-2007 de la Contraloría de Cundinamarca, en el que queda claro que Galindo firmó contratos que pagó en su totalidad sin que las obras se hubiesen ejecutado o terminado, así como pagos a personas inexistentes o a quienes les fue falsificada su firma, por lo que fue evidente el detrimento al erario.
Por eso la Fiscalía pidió que continúe detenido en la Penitenciaría La Picota, donde se encuentra en la actualidad.