Las escandalosas conversaciones del ex director de fiscalías de Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio, con segundos de la organización mafiosa de Don Mario tienen en el ojo del huracán a la Fiscalía. El comentario del presidente Álvaro Uribe en reciente consejo comunitario resume el sentir popular: “La Fiscalía de Medellín es una vergüenza”. Sobre este hecho y otros que caracterizan los dilemas actuales entre el Poder Ejecutivo y la justicia habla el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana.
¿Si estaba enterado de la gravedad del proceso contra el hermano del ministro Valencia, por qué lo destituyó sólo cuando se desató el escándalo?
Sobre las menciones al fiscal Valencia en una investigación por narcotráfico, sólo me enteré el día que se realizaron las capturas de Juan Felipe Sierra y alias El Indio. En cuanto al contenido de las conversaciones, sólo las conocí cuando fueron publicadas en un medio de comunicación. Por obvias razones, concretamente por eludir cuestionamientos al Fiscal si se rompía la cadena de custodia, era lógico que me abstuviera de conocer las transcripciones.
¿No resulta contradictorio que usted, siendo la máxima cabeza de la Fiscalía, se entere por los medios de esas investigaciones?
Para la Fiscalía es prioridad responder al desafío de la organización criminal de Don Mario. Es más, ha sido la Fiscalía, acompañada por agencias internacionales y la Policía colombiana, la que le ha dado los más duros golpes. Se capturó al segundo hombre de Don Mario, se hizo lo mismo con varios jefes de oficinas de sicariato, se logró detener a una mujer identificada con el alias de Camila, conocedora del sistema financiero y contable de esta estructura armada, y se le incautó un documento electrónico que nos va a permitir esclarecer otros casos de corrupción.
Escándalos en Antioquia, en Córdoba... ¿no cree que la institución pasa por el peor momento de su gestión?
No desconozco la gravedad de lo sucedido, pero los señalamientos a fiscales ya son objeto de investigación. Ahora hay que esperar resultados. Es lamentable que una organización como la de Don Mario haya irradiado a la Fiscalía, de la misma manera que lo hizo con otras instituciones. Pero lo que nos corresponde es ser severos con esos funcionarios que se dejaron permear.
Con estos escándalos, la gente se pregunta: ¿quién lo rodea?
Cada vez que ocurren estos casos me hago la misma pregunta. Es la mayor dificultad para cumplir nuestro compromiso. Claro que también a diario encuentro gente destacada y comprometida con la justicia. Ahora mismo estamos acompañando al Ejército en sus operativos y nos toca pagar un precio muy alto. Ayer, por ejemplo, nos dejaron a un investigador en estado grave. Pero esos esfuerzos nos alientan a superar los episodios vergonzosos.
¿Si este señor Guillermo León Valencia no fuera hermano del Ministro del Interior, usted lo habría destituido antes?
Está destituido. Eso es lo importante. A lo largo de mi gestión hemos destituido a un sinnúmero de funcionarios y se ha judicializado y encarcelado a muchos otros, independientemente de su origen familiar o social.
¿Se siente traicionado por Guillermo León Valencia?
Debo esperar los resultados del proceso, pero hablando con sinceridad, de ser cierto lo que se dice, esto es una verdadera traición. Pero no sólo al Fiscal, sino a sus compañeros y a toda Colombia. Él, como los demás funcionarios, siempre tuvo respaldo. Incluso, estuve presto a ayudar a absolver sus dudas jurídicas.
En una conversación telefónica interceptada, Guillermo Valencia le dice a Juan Felipe Sierra que habló con usted y que recibió apoyo en el tema de la Alcaldía de Medellín. ¿Se refería al lío de Alonso Salazar con él?
En todos los casos, y no sólo al director seccional de Medellín, siempre he dado apoyo logístico y asesoría. Por eso estoy decepcionado y califico esa decepción como una traición.
¿Qué interpretación le da a que el ministro Valencia lo llame a interceder por su hermano?
Él fue muy respetuoso y no tocamos el tema de aceptar o pedir renuncias o declaratorias de insubsistencia. Yo creo que estaba en su derecho de hacerlo, lo hizo personalmente y respeto y comprendo que crea en la inocencia de su hermano y sienta que merece la opción de defenderse.
Pero, más allá del respeto, ¿no cree que es una injerencia indebida del Ministro de Justicia?
No puedo calificarlo.
¿Pero concretamente qué hablaron del tema?
No fue una llamada telefónica. Esa manifestación me la hizo de manera personal y en los términos y contexto que he descrito.
¿Qué le ha causado más dolor de cabeza, el bochornoso asunto del parasicólogo Armando Martí o el caso Valencia Cossio?
Esto de Valencia es más mortificante, porque era el director en Medellín. Por eso reconozco la preocupación del Presidente y de la Corte Suprema. Yo en Medellín estaba haciendo algo que no había hecho en ninguna otra seccional. A partir del tema de Don Mario, de la banda emergente de Los Paisas y del resurgimiento de los traquetos, me iba cada ocho días a pedir informes. Incluso, para ganar tiempo, improvisaba comités en los aeropuertos. Por eso me duele saber que estábamos siendo engañados.
¿Y cómo va a creer ahora en sus asesores más cercanos?
Todas las instituciones asumimos riesgos y tenemos desventuras. Lo que ha sucedido es una desgracia, pero hay que seguir creyendo en las instituciones y, en lo que me corresponde, en la Fiscalía, porque vamos a concretar el proceso de depuración.
¿Qué está haciendo la Fiscalía en esa materia?
Ustedes no me lo han preguntado y seguramente no lo habría dicho, pero el sinnúmero de casos de corruptos y torcidos que uno encuentra es significativo. Por eso creamos una estructura de apoyo con fiscales, investigadores y personal administrativo, dedicados únicamente a detectar a estos torcidos, y estamos aportando resultados.
¿Hay mucho torcido en la Fiscalía?
Con uno ya es demasiado.
¿Cómo confía en sus subalternos?
Hay que confiar en las instituciones y al mismo tiempo, con mucho respeto, desconfiar de todos.
La columnista María Jimena Duzán dice que usted es un fiscal sin carácter, ¿es así?
No. El carácter no es arbitrariedad ni algarabía. El carácter es tomar decisiones justas, conforme al derecho y a los hechos.
¿Qué está haciendo su despacho respecto al escándalo del desmovilizado ‘Job’ en la Casa de Nariño?
Me enteré por los medios. Lo que nos corresponde es darle un radicado para establecer si es procedente abrir investigación.
¿Y qué opina del caso?
Sin perjuicio de las explicaciones que seguramente se van a aportar, creo que no fue conveniente recibir informalmente a alias Job, porque se prestó para todo tipo de interpretaciones.
¿Ya hay un proceso en marcha?
En el caso de que estuviéramos hablando de un delito, sería un hecho que ocurre bajo el nuevo sistema penal. En este orden de ideas, se ha dispuesto un radicado para efectos de que se adelante un programa metodológico de policía judicial.
¿Es cierto, como dice el presidente Uribe, que usted toma decisiones por los escándalos de los medios?
El sinnúmero de investigaciones que ha abierto la Fiscalía demuestra que no es así. Es más, muchas de esas informaciones aportadas por los medios corresponden a investigaciones de la Fiscalía.
Al comienzo de su administración se le veía más cercano al presidente Uribe, entre otras razones porque fue su Viceministro de Justicia. ¿Ahora no son tan cercanos?
El hecho de tener que dedicarme a la Fiscalía ha implicado distanciarme del Presidente, de la universidad y hasta de mi propia familia.
¿Por qué cree que el Presidente está tan furioso con usted?
No existe motivo para que él o cualquier otra persona pueda estar inconforme con la Fiscalía o con el Fiscal.
Pero el Presidente dijo, por ejemplo, que en el caso ‘Tasmania’ el fallo fue político y que usted quiso quedar bien con la Corte Suprema y con él.
No acepto, por ningún motivo, esa apreciación. En el caso Tasmania, las pruebas, empezando por la misma retractación del testigo, nos llevaron a exonerar, es decir, a no promover investigación contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez.
El magistrado Iván Velásquez también dice que la Fiscalía se quedó a mitad de camino...
Tampoco acepto que el doctor Iván Velásquez tenga esa apreciación. Lo que se concluyó fue que hubo un montaje contra la Corte Suprema de Justicia y por eso compulsamos copias para que se investigue a quienes aparecen implicados como supuestos autores de ese montaje. Es decir, contra Tasmania, su abogado, una persona que declaró en Nueva York y contra alias El Tuso.
Se habla también de la participación de Santiago Uribe.
Se habla… Yo me ciño al expediente. Pero habrá investigación y tenga la seguridad de que la Fiscalía no vacilará en llamar a quien sea necesario. Lo importante es que la investigación no ha concluido y lo único claro es que se engañó al propio Presidente de la República. Por eso vamos a descubrir quiénes fraguaron ese montaje.
Por estos días la Corte habla de complot y el Presidente de manipulación de testigos. ¿Usted cómo define lo que está pasando?
Yo acompaño al vicepresidente Francisco Santos en su idea de la bandera blanca. Aunque aclaro que el primero que nos exhortó a izar esa bandera blanca no fue el Vicepresidente, sino el fiscal de fiscales de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno.
Por algunas decisiones recientes de la justicia ha comenzado a correr el rumor de que se está acabando la parapolítica. Incluso se dice que hay molestia de la Corte con casos como el del ex senador Gómez Gallo, a quien se le archivó el proceso.
Estoy seguro de que la Corte Suprema de Justicia no formula esas apreciaciones. Además, la Corte sabe muy bien que, por ejemplo, en el caso de Mario Uribe no hubo preclusión y el proceso continúa. La Corte también sabe que tenemos 334 investigaciones por parapolítica entre investigaciones formales, acusaciones o sentencias. De esas 334 investigaciones sólo se han precluido cuatro.
¿Qué pasó en el caso de la preclusión del ex congresista William Montes?
Con el respeto que nos merecen las decisiones de los jueces, la Fiscalía no comparte esa determinación, pero no sale a deliberar en los medios. Ejerce los recursos de ley. En algunos expedientes se han cuestionado las pruebas, ¿pero quién las ordenó en la mayoría de los casos?: la Corte Suprema de Justicia. Y nos han llegado procesos casi para calificar.
¿Eso quiere decir que la Fiscalía tiene criterios distintos a la Corte?
No. La gente se confunde. En el caso de Jairo Merlano, por ejemplo, no fue la Fiscalía quien lo absolvió. Lo hizo un juez. Ahora, si se practica mal una prueba, la Fiscalía no puede responder si no la hizo. Y, por ejemplo, si nos llegan los casos cuando están a punto de vencerse los términos y nos llegan las decisiones sobre el tiempo, el tema siempre recae sobre la Fiscalía. ¿Quién cuestiona a los jueces? El costo lo paga la Fiscalía y muchas veces ni siquiera ha tomado las decisiones.
¿Son estrategias de los parapolíticos?
Son mecanismos de defensa y corresponden a la dialéctica y la controversia del proceso penal. Nosotros somos fiscales, no inquisidores. Estamos obligados a ser objetivos y a acusar sólo a los responsables. La defensa tiene legítimos derechos a recurrir a los medios técnicos que sean necesarios.
¿Y usted qué les diría a los parapolíticos que renuncian a su fuero para irse a la Fiscalía?
Es válido que lo hagan. Lo que nos corresponde es hablar a través de las decisiones.
¿Y por qué renuncian a su fuero?
No lo sé. Están en su derecho de hacerlo. La Constitución y la ley se los permite. Hay aspectos en los que no coincidimos con la Corte Suprema, como practicar capturas para escuchar en indagatoria, pero debe advertirse que la jurisprudencia de la Corte tiene fuerza vinculante.
¿Por qué no está de acuerdo con que se capture para escuchar en indagatoria?
Es un tema de conceptualización, de interpretación.
¿Hasta dónde aspira a llegar en el tema de Justicia y Paz?
A propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, se les reiteró a los fiscales, magistrados y procuradores de Justicia y Paz que hoy son procedentes las imputaciones parciales. Existe cierto temor de que se diga que estamos renunciando a la confesión total, pero en las actuales circunstancias nos permite, en el mejor sentido de la palabra, apretar. Lo había dicho la Corte Suprema de Justicia y ahora nos lo dijo el propio fiscal de la Corte Penal Internacional. Por eso puedo afirmar que en Justicia y Paz nos vamos ante los jueces y en pocos meses habrá las primeras sentencias.
¿Está de acuerdo con que los congresistas tengan doble instancia?
Ese tema se discutió mucho en la Constituyente. Hoy es constitucional que no haya doble instancia. Únicamente opino que el debate es válido.
¿Le gusta la reforma a la justicia que presentó el Gobierno?
En términos generales tiene un contenido importante, pero yo diría que más que concentrarnos en la forma de elección de las cabezas de los órganos de control o de la judicatura, lo más importante es aprovechar la reforma para hacer claridad en aspectos tales como adquirir compromisos específicos en materia presupuestal o para la adopción de medidas en materia de descongestión de los despachos. Además, hay que fortalecer mecanismos alternativos de justicia y quitarle tanta carga al Poder Judicial.
Usted ha sido mencionado en el escándalo de la yidispolítica. ¿Cuál fue su rol en la aprobación del proyecto de reelección?
Es obvio que me llamen como testigo porque era Viceministro de Justicia en esa época y no sólo estuve atento al proceso de formación del acto legislativo, sino que acompañé al Gobierno en el proceso de esa reforma.
¿Y hoy, como ciudadano, estaría de acuerdo con una segunda reelección del presidente Uribe?
Aprovecho esta oportunidad para invitarlos al referendo. Pero para modificar la Constitución y establecer la cadena perpetua para quienes asesinen niños o atenten contra su pudor sexual.
¿Conocer a fondo la justicia no le da un diagnóstico de lo mal que está en términos históricos?
También se oye decir lo mismo de los demás órganos del poder público. Pero lo que se debe destacar es cómo mejora día a día. Por ejemplo, ¿cuándo se iba a pensar en decisiones importantes por el asesinato de sindicalistas, periodistas, líderes indígenas o integrantes de la UP?
¿Ha vuelto a hablar con el Presidente?
A diario hablo con él y también con la Corte Suprema.
¿Cómo ve al magistrado Iván Velásquez?
Sobre él sólo me pronuncio a través de decisiones. Y ya se dio una en la que concluimos que hubo un montaje en su contra, en el cual se engañó a su vez al Presidente Uribe.
¿Está investigando el tema de la grabación de Nancy Patricia Gutiérrez a un investigador de la Corte Suprema?
Lo estamos haciendo en la delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el programa metodológico habitual de recolección de pruebas y entrevistas.
¿Qué otros procesos se ha interesado usted por impulsar?
Muchas investigaciones para aclarar responsables de masacres. Hemos logrado recuperar procesos de masacres como la de La Rochela, con acusaciones e incluso con condenas. La de Santo Domingo (Arauca), la de muchos sindicalistas, la de La Cabuya, la de San José de Apartadó, la de La Resbalosa, la de Bojayá, la de Cajamarca en el Tolima.
¿Y el caso Guillermo Cano?
Es muy difícil decirles a ustedes que aún no hay resultados. Estamos adelantando diligencias, incluso en el extranjero, pero seguimos confiados en que con los procedimientos de Justicia y Paz podamos establecer verdades. Es el mismo caso de masacres como la de El Aro o La Gabarra. Yo puedo decir hoy que, a través de la Ley de Justicia y Paz, hemos podido compulsar más de 2.500 copias para que se inicien investigaciones o se reactiven pesquisas contra particulares o funcionarios.
¿Con la extradición de los jefes paramilitares se fue también la verdad?
No puedo desconocer que todo fiscal o juez aspira a tener a su procesado en la sede. Pero frente a esta decisión del Gobierno, que respetamos y acatamos porque indica sus facultades y su discrecionalidad frente a un proceso jurídico-político, lo que nos corresponde es persistir. Por eso defiendo la Ley de Justicia y Paz. Porque conozco sus resultados: 1.300 fosas con 1.600 cadáveres, como lo constataron el fiscal Luis Moreno Ocampo y el juez Baltasar Garzón, demuestran que no estamos equivocados.
Usted lleva tres años en la Fiscalía. ¿Qué lo ha mortificado de su periodo como Fiscal?
La ansiedad y el derecho que tiene la sociedad de exigir, porque a veces nos cuesta la vida de fiscales y de investigadores. Sabemos que la Corte Penal Internacional está muy atenta a lo que hace la justicia colombiana, pero tengo claro que por esta administración no tendrá que actuar en Colombia.
¿Qué piensa de quienes lo califican como un fiscal blandengue?
Los invito a que confronten las decisiones de esta administración.