“Su propósito es defender las instituciones democráticas, hoy asediadas por serios peligros, y defender a los asociados de toda clase de asechanzas para lograr una patria donde se viva en paz, sin sobresaltos, con toda clase de seguridades para la vida y el trabajo”. En estos términos, en la noche del 6 de septiembre de 1978, el ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, en directo por televisión anunció a los colombianos la expedición de un severo régimen penal adoptado por el gobierno del presidente Julio César Turbay con un sugestivo título: el Estatuto de Seguridad.
Con amparo en el polémico Estado de Sitio, el Decreto 1923 o Estatuto de Seguridad se convirtió en el centro de la discusión pública hasta su derogatoria en junio de 1982, y su severa aplicación, especialmente por la concesión de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, caracterizó una época de polarización social, crisis de derechos humanos, confrontación armada y denuncias ante la comunidad internacional. Pero como en su momento lo vaticinó el ex presidente Carlos Lleras, no eliminó las repúblicas independientes de la cocaína o la industria del secuestro.
En cambio le abrió camino a un debate que no cesa sobre los alcances y facultades del Estado en materia de seguridad. En su momento liderado por dirigentes como el ministro de Justicia Hugo Escobar, el de Comunicaciones José Manuel Arias o el de Defensa, general Luis Carlos Camacho; y con los años ejemplo de articulados semejantes como el Estatuto para la Defensa de la Democracia en tiempos de Virgilio Barco o el Estatuto para la Defensa de la Justicia del gobierno Gaviria. Sin embargo, la violencia no cesa y hoy la seguridad continúa siendo el eje de la discusión política.
Hace 30 años, el Estatuto de Seguridad dividió al país y, tras la confrontación entre el Estado y la insurgencia, quedó encubierta una guerra sucia que se fue apoderando del país con el aliento del narcotráfico. Hoy, el nombre de la nueva amenaza se denomina terrorismo y la Seguridad Democrática puesta en marcha por el presidente Álvaro Uribe vuelve a generar un intenso debate sobre la necesidad de preservarla porque los grupos guerrilleros o el paramilitarismo en su faceta de bandas emergentes siguen vigentes y cada día más comprometidos con el narcotráfico.
¿Pero qué piensan los hijos de los protagonistas de ayer, de una u otra manera hoy vinculados a la seguridad del Estado? El magistrado del Consejo de la Judicatura José Alfredo Escobar es hijo del ex ministro de Justicia del Gobierno Turbay, Hugo Escobar Sierra. En su criterio, “el Estatuto de Seguridad fue un mecanismo necesario y útil que contrarrestó el avance de los grupos guerrilleros en Colombia. Aunque los fenómenos de violencia hoy son distintos, lo que actualmente está logrando el presidente Uribe es concertar una política de Estado para que la sociedad pueda vivir en un país más seguro”.
En otras palabras, expresó el magistrado Escobar, “el Estatuto de Seguridad de 1978 puede calificarse como un antecedente importante para el modelo de Seguridad Democrática del actual gobierno”. En su criterio, ayer hubo presencia de la Fuerza Pública y por eso se contuvo una guerra declarada de la subversión contra el Estado, y hoy existe un despliegue eficaz de la Fuerza Pública que ha logrado replegar a los grupos al margen de la ley, alejándolos de las zonas de mayor movilización ciudadana, lo cual ha redundado en una mejor calidad de vida y en el fortalecimiento de los poderes del Estado.
Hermann Arias es hijo del ex ministro de Comunicaciones de la administración Turbay, José Manuel Arias Carrizosa. En su opinión, “el Estatuto de Seguridad surgió de una situación crítica de orden público en que la guerrilla infringía la ley de manera dramática, y se le dieron al Ejecutivo unas facultades para conjurar el peligro que amenazaba al Estado de Derecho y a la democracia. Sin embargo, con la Constitución de hoy, el Estatuto de Seguridad sería intolerable, no habría nación en el mundo que no nos calificara como parias si utilizáramos la Justicia Penal Militar para juzgar a particulares”.
Desde su condición de ex personero de Bogotá y experto en temas de seguridad, Arias cree, sin embargo, que el Estatuto de Seguridad de hace 30 años no es comparable con la Seguridad Democrática de los tiempos actuales. Según su punto de vista, “la Seguridad Democrática de hoy es más una decisión política que una visión normativa. Lo de ayer fue una reglamentación que restringió algunas libertades fundamentales en aras de la seguridad; lo de hoy es una concepción de Estado, que no está basada en expedición de normas sino en el uso de las fuerzas legítimas”.
Jorge Mario Eastman, ex viceministro de Defensa y actual alto consejero para las Comunicaciones del presidente Uribe Vélez, es hijo del ex ministro de Gobierno de la administración Turbay, Jorge Mario Eastman. En su concepto, las diferencias entre el Estatuto de Seguridad y la Seguridad Democrática son claras. “El primero era una compilación de normas expedidas bajo Estado de Sitio que suspendía derechos y libertades y el segundo es una estrategia para preservar esos mismos derechos y libertades. El Estatuto protegía las instituciones. La Seguridad Democrática protege a las personas”.
Sin embargo, advierte que fue a su padre a quien le correspondió levantar el Estado de Sitio y, como tal, desmontar también el Estatuto de Seguridad. Hoy está convencido de que aunque ambos momentos se han sustentado en la defensa de una sociedad democrática y en la política de que los violentos no pasarán, son dos circunstancias diferentes. La gestión de ayer se hizo para proteger la institucionalidad, la visión de hoy “está basada en que el presupuesto de la verdadera libertad es el derecho a la vida y nada ni nadie está por encima de esa garantía”.
En contraste con las posturas anteriores, uno de los principales defensores de los derechos humanos y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, estima que la semejanza entre el Estatuto de Seguridad de hace 30 años y la Seguridad Democrática de hoy es el talante de ambos gobiernos, “autoritarios en los dos casos”. Pero hace distinciones. En su opinión, el gobierno Turbay tuvo muy poco reconocimiento de la población y las medidas que adoptó se hicieron básicamente bajo el amparo del Estado de Sitio. El gobierno Uribe va por otro camino.
“Lo que se ve hoy con la Seguridad Democrática es un autoritarismo populista, es decir, una visión autoritaria del poder, no basada en medidas de excepción sino en el estímulo de un respaldo demagógico a esa política. Es el desconocimiento de la distinción entre civiles y combatientes, que le ha permitido al Ejecutivo desarrollar programas como las redes de informantes, basadas en la concepción de que todos, de alguna manera, somos combatientes y debemos apoyar militarmente a la Fuerza Pública. Eso es autoritarismo populista”, insistió Gustavo Gallón.
Y agrega: “En el fondo creo que entre el Estatuto de Seguridad y la Seguridad Democrática hay un elemento común: contener la crítica o la oposición democrática a través de consejos verbales de guerra y el apoyo de la televisión. Ayer se hacía violando los derechos humanos, hoy se confronta con discursos incendiarios contra quien se oponga, incluso la Corte Suprema de Justicia. Pero que no quede duda: si el actual gobierno pudiera restablecer el Estatuto de Seguridad de 1978, con certeza lo haría. De hecho lo intentó a través del llamado Estatuto Antiterrorista”.
En síntesis, 30 años después del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, la discusión no se detiene. En ese momento, el dirigente político más promisorio del liberalismo, Luis Carlos Galán, formuló un comentario demoledor: “El Estatuto de Seguridad es simplemente una respuesta represiva a la miseria”. Desde entonces han transcurrido tres décadas ensayando fórmulas para contener a los violentos. Hoy es Seguridad Democrática y el presidente Uribe no oculta su convicción de que debe ser reelegida. Buena parte del país lo respalda. ¿Es ese el único camino para preservar la democracia? El debate continúa.