Acatando tratados y convenios internacionales que consagran el derecho a que toda persona pueda ser procesada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en un trascendental fallo comunicado ayer, concluyó que es urgente que el Congreso de la República tramite una ley que reglamente una doble instancia en los casos que, en adelante, revisará la Corte Suprema de Justicia al momento de procesar a miembros del Legislativo.
En otras palabras, la Corte Constitucional le ordenó al Congreso que modifique las competencias de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que no puede haber un juicio justo para los congresistas si los mismos magistrados que los acusan son los mismos magistrados que los juzgan. Por esa razón, y en consonancia con los postulados y garantías fundamentales de los que goza todo procesado, instó al Congreso para que promulgue una norma que separe las funciones de investigación y juzgamiento en la Corte. De tal manera que ningún magistrado pueda participar a la vez en las discusiones de las dos instancias.
De acuerdo con la sentencia, en adelante todos los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia gozarán de un derecho que han venido reclamando desde los tiempos del proceso 8.000 y en la actualidad por el escándalo de la parapolítica: la doble instancia. Sin embargo, la Corte es muy clara al advertir que ninguno de los parlamentarios que están actualmente vinculados a los controvertidos expedientes de la parapolítica, farcpolítica o yidispolítica podrán ser beneficiarios de esta sentencia. Es decir, el alto tribunal blindó todas las investigaciones que hasta hoy ha venido adelantando la Corte Suprema.
Así las cosas, y acogiendo los principios constitucionales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Corte Constitucional concluyó que la doctrina internacional ha estipulado que la única forma de evitar la parcialización intencional en cualquier proceso judicial es que un organismo independiente investigue y otro distinto juzgue, porque de lo contrario se corre el riesgo de tener “un apego a preconceptos” que podrían influir en la decisión final.
“Desde esta perspectiva, la concentración en un solo órgano de la investigación y juzgamiento de los congresistas, por el fuero constitucional, configura una excepción a la regla general propia del sistema procesal penal de tendencia acusatoria, sin que esto pueda significar que los funcionarios aforados no gocen de las mismas garantías procesales que tiene toda persona vinculada a una investigación penal”, sostiene la sentencia de la Corte Constitucional. Según el presidente del alto tribunal, magistrado Humberto Sierra Porto, la Corte ratificó la competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para procesar a los congresistas. Sin embargo, recalcó que dicha facultad debería ser modulada por el Congreso para garantizar una doble instancia.
“¿Cómo y en qué condiciones deberá ser ajustada la norma? Será el Congreso el que tiene que definir”, manifestó el magistrado Sierra Porto, y a renglón seguido aseguró que con esta decisión se avanza en el desarrollo de los principios del juicio justo, imparcial e independiente que debe caracterizar la administración de justicia en Colombia. “Es el legislador quien debe establecer este régimen para garantizar estos derechos y también deberá establecer en algunos casos un régimen de transición para que se puedan juzgar a personas que cometan conductas delictivas a partir del día de hoy”, añadió el vocero de la Corte Constitucional.
El Espectador conoció que el ponente de este trascendental fallo judicial fue el magistrado Nilson Pinilla Pinilla, quien como cosa particular también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante ocho años. La decisión fue tomada por los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Todos, excepto Humberto Sierra Porto, estuvieron de acuerdo con la urgente necesidad del Congreso de reglamentar a través de un acto legislativo la doble instancia en los procesos en la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Sierra Porto se apartó de la decisión de la mayoría por varias razones. En principio consideró que esta decisión genera importantes márgenes de incertidumbre “en tanto no se pronuncie expresamente el Congreso sobre la distribución de las funciones en el interior de la Corte Suprema”. Además, manifestó su profunda preocupación por los alcances que pueda generar este fallo sobre los parlamentarios que incurran en conductas delictivas a partir del 29 de mayo, “pues su juzgamiento se supedita a una ley que en el futuro determine cómo serán juzgados”.
En otras palabras, el jurista sostuvo que se creó un limbo jurídico muy peligroso, pues son los parlamentarios los que tendrán que tramitar una ley que reglamentará cómo serán procesados ellos mismos en un futuro. Por último, fue enfático en asegurar que el fallo desconoce abiertamente dos sentencias de la Corte Constitucional que ya se habían pronunciado sobre la estructura y el funcionamiento de los juicios adelantados por la Corte Suprema de Justicia.
La polémica
Sin duda alguna la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional desatará una tormenta judicial y política en Colombia. Abogados consultados por este diario sostienen que, aun cuando la sentencia no tiene carácter retroactivo, los defensores de los parapolíticos podrían invocar el derecho a la igualdad y terminar beneficiando a sus clientes, ya que le sería reconocido el principio constitucional de la doble instancia. Desde que se inició el escándalo parapolítico, en octubre de 2006, los parlamentarios procesados por la Corte han reiterado que se les han violado principios fundamentales como, precisamente, el de poder apelar una condena de la Corte Suprema. Tanto Mauricio Pimiento como Erik Morris, únicos dos congresistas condenados por orden de la Corte, se han quejado sobre este asunto.
La otra incógnita que ha generado incertidumbre en el país político y judicial es el tiempo que tardará el Congreso para tramitar una ley que configure una doble instancia en la Corte. Según los cálculos, dicha reforma constitucional podría tardarse hasta un año, ya que debe ser aprobada en ocho debates por el Legislativo. ¿Qué pasará entonces con los expedientes que tramite la Corte en adelante? ¿Podrá la Corte ordenar detenciones, dictar medidas de aseguramiento o recibir indagatorias si el Congreso aún no ha reglamentado la norma?
Pero quizás el mayor interrogante se concentre en la forma como se tramitará en el Congreso esta ley. Si la propuesta de la ‘silla vacía’ ha generado una verdadera tempestad política y aún no ha habido punto final sobre la discusión de los impedimentos para votar esa reforma política, no menos tormentosas serán entonces las polémicas que se suscitarán en el Legislativo para definir la suerte de la doble instancia en la Corte. ¿Cuántos congresistas se declararán impedidos? ¿Cómo hacer para que no se cuelen ‘micos’ que le quiten dientes a la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo separará el Congreso y los partidos políticos sus intereses partidistas para no afectar los procesos judiciales que adelanta su juez natural?
Sin duda, la polémica apenas empieza y promete no amainar pronto. El único partido del Congreso que no se ha visto involucrado en los escándalos de la parapolítica, farcpolítica o yidispolítica es el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira, orientado por la congresista cristiana Alexandra Moreno Piraquive. Lo curioso es que dicho partido sólo tiene dos parlamentarios. Sin embargo, los miembros de partidos uribistas como Cambio Radical, La U, el Conservador, Convergencia Ciudadana y hasta opositores como el mismo Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal se verían en serios aprietos para votar la doble instancia en la Corte, ya que muchos de ellos están salpicados, procesados y condenados por la justicia.
Consultada por El Espectador, la senadora Cecilia López aseguró que no es el mejor momento para que el Congreso asuma semejante responsabilidad. En principio se mostró en desacuerdo con la orden de la Corte, aunque no dejó de ponderar lo beneficioso de una doble instancia para garantizar el debido proceso. Sin embargo, según ella, el desprestigio del Congreso es tal que no tendría credibilidad una norma como la que se propone.
En un país sitiado por los escándalos judiciales, la reciente decisión de la Corte no sólo avanza en el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino que además genera grandes interrogantes que deberá resolver en su sabiduría el Congreso. ¿Se avizora un nuevo choque de trenes?
Ya se había propuesto
El pasado mes de abril, una agria polémica se desató luego de que el senador conservador Alfonso Núñez Lapeira propusiera la creación de una “Super corte” o tribunal especial que permitiera una segunda instancia para los congresistas implicados en el escándalo de la parapolítica. De acuerdo con su iniciativa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no tendría las facultades simultáneas para investigar y juzgar a los miembros aforados del Legislativo.
La idea provocó una controversia judicial insospechada que prontamente fue desechada por el propio presidente Álvaro Uribe Vélez.
Así vio el Congreso la decisión de la Corte
Hasta la semana pasada tuvo vida un proyecto de acto legislativo de la senadora Claudia Rodríguez, en el que se solicitaba que la Corte Suprema de Justicia brindara la garantía procesal de la doble instancia a sus investigados.
A pesar de que la propuesta se hundió en la Cámara, a los congresistas parece no disgustarles la decisión de la Corte Constitucional. Legisladores consultados por El Espectador consideraron acertado el fallo del alto tribunal. “Aunque se crea que es para huir de la Sala Penal de la Corte, la segunda instancia es un derecho ganado”, expresó Samuel Arrieta, senador de Convergencia Ciudadana.
Marta Lucía Ramírez, del Partido de la U, aplaudió la iniciativa de la Corte Constitucional: “Así no seguiremos viendo renunciar para pasar a ser investigados por la Fiscalía. El fuero es una condición inherente al cargo de congresista”. Luis Carlos Avellaneda, senador del Polo Democrático, manifestó que esta es una tarea urgente del legislador, puesto que va en contra de un derecho establecido desde la Constitución.
Lo que opinan los penalistas
La reciente decisión de la Corte Constitucional generó distintas reacciones entre abogados penalistas. Iván Cancino opinó, por ejemplo, que la segunda instancia es una garantía fundamental que debe ser aplicada en todos los procesos y perfeccionaría la administración de justicia en el país.
Por su parte, el penalista Jaime Granados calificó la decisión de la Corte como incompleta, porque no se está respetando el principio de la imparcialidad ya que todos los congresistas procesados por la Corte Suprema de Justicia tienen derecho a ser juzgados de forma ecuánime. Aunque el reciente fallo de la Corte Constitucional constituyó un avance, lo cierto es que, en su criterio, se sigue violando el principio de separación de funciones, ya que la Corte Suprema seguiría con la competencia para adelantar los expedientes. ¿Qué pasará con quienes han sido juzgados antes y con los que vienen?, se preguntó Granados.