Ejecuciones: “Un patrón tenebroso”

Javier Hernández Valencia asegura que, desde hace más de un año había alertado al Gobierno sobre crímenes de jóvenes.

Laura Ardila Arrieta
04 de octubre de 2008 - 04:48 a. m.

Con casi 18 años de experiencia en el tema de los derechos humanos, el peruano Javier Hernández Valencia, representante de las Naciones Unidas en Colombia para esa materia, habla con conocimiento de causa. Ha trabajado en Haití, El Salvador y algunos países de África. De Colombia, donde labora hace poco más de un año, dice que la situación sigue siendo de luces y sombras y que las víctimas siguen teniendo problemas para hacer valer sus derechos. En diálogo con El Espectador, Hernández se refirió a las supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército, asegurando que su oficina ya había advertido al Gobierno sobre ese particular.

¿Cuál es la posición de su oficina ante las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son un tipo de práctica que habíamos detectado ya hace un año largo, y que otras organizaciones nacionales e internacionales también habían denunciado. Le manifestamos al Gobierno nuestra inquietud al respecto y en nuestra opinión se trata de un patrón muy tenebroso y preocupante.

¿Y qué respuesta les dio el Gobierno?

El Gobierno y sus autoridades competentes vienen investigando el caso de los cuerpos encontrados en Toluviejo, Sucre, que es al que me refiero puntualmente, y que fue descubierto hace poco más de un año. Lo que se da a conocer recientemente con los jóvenes en Soacha hace que lo de Toluviejo, que parecía atípico, empiece a tener eco con la misma tipicidad en otras regiones. Tenemos datos de que un patrón similar podría estar emergiendo en Medellín y Montería. También estamos pendientes de Nariño. Esto comienza a convertirse en algo preocupante y lúgubre.

Las autoridades han hablado de que detrás de estos delitos podrían estar manzanas podridas dentro del Ejército, ¿comparte esta opinión?

Para las simples manzanas podridas tiene que haber un tipo de respuesta. Pero cuando hay una conexión entre esas manzanas podridas, cuando funcionan como una red, la reacción debe ser otra. Ello exige actuar con una mayor rapidez. La sola acción de la justicia, con sus plazos, como por ejemplo investigaciones de seis meses, no es una respuesta contundente.

¿Cree que el Gobierno no ha actuado de manera eficiente en estos casos?


La respuesta del Gobierno ha sido fundamentalmente la que está prevista en los procedimientos, con unos plazos. Nos sirve de poco pensar que un plazo de investigación de seis meses pueda golpear a una red constituida para delinquir.

Algunas organizaciones no gubernamentales han hablado de que altos mandos del Ejército podrían estar exigiendo bajas de la guerrilla...

El Ministro de Defensa ha sido muy enfático en señalar que la política oficial dejó de ser pedir cuerpos de subversivos. Sin embargo, hay personas que podrían no estar entendiendo ese mensaje. El Ministro no sólo debe saber expresar su política, sino también pedir cuentas claras a aquellos que estén desviando la aplicación de sus directrices.

¿Su oficina tiene cifras de esas presuntas ejecuciones extrajudiciales?

La oficina no trabaja sobre cifras. Trabajamos sobre una muestra significativa, pero preferimos mantener esos datos como parte de un diálogo con las autoridades y no como parte de un debate en los medios.


¿En materia de derechos humanos, qué otras cosas le preocupan?

Los desplazados, que no encuentran una reinserción estable. También por el reclutamiento de menores en los grupos armados ilegales, hecho que sigue siendo sistemático. El sembrado de minas, práctica que no quiere abandonar la guerrilla. La desaparición forzada. En este punto, los paramilitares han declarado oficialmente que todas aquellas personas secuestradas por ellos, y que no han sido entregadas, deben ser dadas por muertas.

Hablando de los ‘paras’, ¿cree que la extradición de sus jefes está afectando la reparación de las víctimas?

Nuestra posición es que las causales por las cuales fueron extraditados son también causa para excluirlos de la Ley de Justicia y Paz. En ese sentido, cualquier continuación de procesos en Colombia debería ser en el marco de la justicia ordinaria, y no estar bajo el paraguas de beneficio alguno.

Su oficina ha apoyado la Ley de Víctimas, sin embargo, se sabe que al Gobierno le preocupa el tema fiscal y los crímenes de agentes del Estado...

Lo del tema fiscal es una preocupación legítima. El tema político es diferente. Reconocer a las víctimas de los agentes del Estado es parte de un principio general y una recomendación de cualquier programa de atención a esta población. El Gobierno debe a sus ciudadanos una generosidad amplia y no discriminatoria.

Llegó al país una misión de la ONU experta en detenciones arbitrarias, ¿cómo estamos en esa materia?

El grupo de trabajo llega después de muchos años, presidido por un eminente defensor de trabajo de los derechos humanos, el chileno Roberto Garretón. Creo que dentro de lo que les toca revisar se incluye el período de vigencia del decreto de Estado de Emergencia, que tuvo lugar en 2002. En ese sentido, tomarán nota de algunas detenciones masivas que se presentaron en ese entonces.


¿Se acabaron los grupos paramilitares?

Como proyecto global y articulado no existen. Sin embargo, muchos mandos medios están delinquiendo y, aunque no tenemos conocimiento del uso de motosierras y desplazados en masa, por ejemplo, sabemos que sus prácticas siguen afectando de manera profunda a la población. Felicitarse de la inexistencia de las autodefensas, pero no lamentarse de las condiciones en las que viven los pueblos sometidos a su yugo y no notar que su cotidianidad ha cambiado poco, es un espejismo.

A raíz de la muerte de la líder feminista Olga Marina Vergara, en Medellín, muchas organizaciones sociales han manifestado preocupación por un supuesto aumento de muertes de defensores de derechos humanos...

El caso específico de Medellín no parece corresponder a ese patrón. Se dice que ese asesinato pudo deberse a una venganza en contra del hijo de la líder desaparecida. Hecha esa aclaración, éste es un tema delicado. Hay casos de muertos y amenazados. Como algunos dirigentes sindicales del Polo Democrático, o Yolanda Becerra, una importante líder del Magdalena Medio. Esperamos que haya respuestas positivas por parte del Gobierno. Polemizar con las ONG es pertinente, estigmatizarlas las pone en riesgo.

Habitantes de algunas poblaciones en zona de violencia se quejan de que el Estado ha sido reemplazado por el Ejército. Es decir, que los militares controlan buena parte de la vida de estas personas. ¿Qué sabe de eso su oficina?

Hay zonas donde no hay jueces, fiscales o alcaldías funcionando. Allí no existe la posibilidad del libre debate de ideas y es un modelo de Estado muy incompleto. El Gobierno habla de la recuperación social del territorio. Lo que allí se plantea es que no puede ser únicamente la acción militar la que provea a la ciudadanía de las reglas y beneficios del Estado de derecho.

¿Cómo está, en general, la situación de derechos humanos en Colombia?

Sigue siendo complicada, de luces y sombras. Hay avances pero también encontramos que las víctimas siguen teniendo problemas para hacer valer sus derechos. Hay mucha tensión entre algunos poderes públicos, y tirantez en el debate entre una sociedad civil —expresada en organizaciones sociales— y ciertos altos funcionarios del Gobierno que polemizan muy activamente con ellos. Eso, en un país con tan delicado balance respecto a la seguridad de las personas, genera mucha preocupación.

Por Laura Ardila Arrieta

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