A comienzos de febrero pasado, en la tranquila población de El Dorado, en la vía hacia Florencia (Caquetá), las ‘Águilas Negras’ les sentenciaron a 200 aterrorizados pobladores que a partir de ese momento ellos asumían y fijaban el control del casco urbano y las reglas para vivir en esta inspección del municipio de Albania. Semanas atrás, al suroccidente de este mismo departamento, el frente 49 de las Farc impuso los horarios para circular por las rutas que comunican a esta región con el Cauca y Putumayo.
Lo anterior es apenas un asomo a lo que está sucediendo en ocho departamentos del país, donde más de 840.000 habitantes terminaron en un cerco tendido por ejércitos privados de narcotraficantes, nuevas generaciones de paramilitares, la guerrilla e incluso bandas delincuenciales que imponen reglas de comportamiento individual, horarios de tránsito para vehículos y personas, y toques de queda en barrios y pequeños municipios.
Una situación que se está viviendo en parte del Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Quindío, Risaralda, Sucre y Vichada, y que se conoce en momentos que el Gobierno reveló un informe, según el cual logró recuperar paulatinamente el territorio nacional y el monopolio de la Fuerza Pública en los más de 1.100 municipios del país.
Hechos que llevaron al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT), desde mayo pasado hasta el 31 de julio de 2008, a advertirle al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior y de Justicia y a las autoridades regionales sobre la grave situación que se está presentando en 27 municipios y 191 poblaciones, en su mayoría rurales.
En sus advertencias el SAT no descarta que las organizaciones al margen de la ley estén próximas a provocar más desplazamientos forzados, ejecuciones de líderes locales y demás sectores de la población que consideran aliados de un lado u otro.
En Caquetá, por ejemplo, 1.610 habitantes de los municipios de Belén de los Andaquíes, Albania, Valparaíso y San José de Fragua, se encuentran en medio de dos fuegos. Las ‘Águilas Negras’ y el Grupo Antisubversivo del Sur (BAS), así como los frentes 15 y 49 de las Farc, libran una lucha a muerte con la guerrilla por tener el control sobre la población y los territorios, hecho que está poniendo en grave peligro a los pobladores por las consecuencias que esto les trae.
Según la Defensoría, en marzo de 2006, un mes después de la desmovilización de 552 hombres de los bloques Sur de los Andaquíes, Héroes de Florencia y Próceres del Caguán, comenzó nuevamente la reagrupación de los ex integrantes de las Auc en las zona, y hasta el segundo semestre de 2007 este proceso se concretó a través de controles sociales, extorsiones, secuestros, reclutamientos y desplazamientos.
El caso del Cauca
En la Costa Pacífica caucana, luego de varias entrevistas, reuniones y testimonios en Guapi, Timbiquí y López de Micay, una comisión encontró que en estos municipios hay presencia de bandas criminales organizadas al servicio del narcotráfico y de integrantes de las ‘Águilas Negras’ que se están disputando las áreas con cultivos de coca y los circuitos de producción, comercialización y distribución de derivados cocaineros.
Al mismo tiempo, las Farc están realizando controles y retenes en la cuencas de los ríos Saija y Buvuei, zona en la que de acuerdo con el SAT han establecido pactos con narcotraficantes para la comercialización de la base de coca. Hecho que aumentó el estado de zozobra de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes denunciaron que en los caseríos de Puerto Saija, Chacón y Corozal han sido muertas o desaparecidas, entre 2006 y 2007, alrededor de 200 personas.
Pero éstos no han sido los únicos problemas que están atemorizando a las comunidades. En López de Micay el grupo ‘Los Paisas’ se está asentando en la zona rural y pagando $300.000 por el alquiler de una hectárea de tierra para cultivos de coca, con lo que los labriegos pasaron de propietarios a asalariados, por cuanto finalmente esta organización a nadie le puede reclamar los predios.
Y en Guapi, a finales del año pasado, ingresaron vía aérea integrantes de las ‘Águilas Negras’, situación que provocó una confrontación con su contraparte, ’Los Rastrojos’. Enfrentamiento que deterioró más la situación por la aparición de fenómenos como las desapariciones forzadas, cobro de vacunas a comerciantes, control del sistema de transporte y el ajusticiamiento de supuestos colaboradores de la insurgencia. Esto explica en parte el hecho de que, según los documentos del SAT, entre finales de 2007 y lo corrido de 2008 se han presentado 12 muertes violentas atribuidas a supuestas vendettas.
Por esa misma región, pero más al occidente del país, 5.600 habitantes del municipio Litoral del San Juan (Chocó), están viviendo una crisis humanitaria producto de las acciones violentas entre las Farc, el Eln y ‘Los Rastrojos’. De hecho, según la organización Codhes, se han presenciado tres masacres en lo corrido de este año, con lo que 90 personas del municipio y 69 del Bajo Baudó debieron abandonar la zona.
En el Cesar 17.700 habitantes de Aguachica, San Martín, San Alberto, La Gloria, Tamalameque y Gamarra, se encuentran amenazados por ‘Las Águilas Negras’, las Farc y el Eln, grupos que de acuerdo con los analistas del SAT están ejerciendo controles sobre la población civil en áreas urbanas y rurales.
Una de esas áreas críticas se concentra en Aguachica, donde 4.200 pobladores de los barrios Nueva Colombia, Paraguay, Once de Noviembre, Cordillera, Siete de Agosto, y las invasiones María Auxiliadora, Brisas de Buturama, Libertad y Álvaro Pallares II, están bajo control de paramilitares. Lo mismo sucede con 500 campesinos cultivadores de café y 700 habitantes que viven en la zona plana de Puerto Patiño, Puerto Mosquito, Campo Amalia, Barranco de Lebrija y Cerro de los Chivos.
Es una constante que se repite en las comunidades La Curva, Aguas Buenas, Terraplén, Los Reyes, Lagunilla y La Esmeralda, del municipio de San Martín. Además de los ‘paras’, un segundo escenario de violencia y riesgo fue detectado por la Defensoría en el sector rural ubicado en la parte alta y la ladera de Aguachica, San Martín, San Alberto, La Gloria y Tamalameque, donde el frente Camilo Torres del Eln y el frente 33 de las Farc se replegaron hacia la zona de Norte de Santander buscando la recuperación y el control de los territorios que les permita reactivar los corredores estratégicos para la comunicación con el sur de Bolívar, Santander, la Costa Atlántica y los corredores estratégicos del Magdalena Medio.
En la zona cafetera
Una preocupante dinámica de violencia que también se está concentrando en los cascos urbanos de las cabeceras municipales y pequeñas ciudades, tal como sucede en la mayoría de barrios de seis municipios y 47 veredas del Quindío. Allí, de acuerdo con los estudios realizados por el SAT, 35.573 habitantes de Génova, Pijao, Córdoba, Calarcá, Buenavista y Salento se encuentran en la encrucijada por culpa de la guerra declarada entre las ‘Águilas Negras’, los frentes 50 y 21, y la Comisión Móvil Cajamarca de las Farc.
La situación puso en máximo estado de alerta a la Defensoría, toda vez que salvo el alcalde de Salento, el resto de los estudiados se encuentra en alto riesgo por estas acciones. Una alerta que también se extendió a los funcionarios de corporaciones públicas, la Empresa de Energía del Quindío, los comerciantes, transportadores de servicio público, propietarios de predios y miembros de las organizaciones sociales.
Riesgo y zozobra del que tampoco han estado ajenos los departamentos de Risaralda, Sucre y Vichada. Es así como 75 barrios de Dosquebradas, 25 comunas de Pereira, 9 sectores de La Viriginia y la zona centro del municipio de Santa Rosa de Cabal, están en alto riesgo por la recomposición del grupo al servicio del narcotráfico denominado ‘La Cordillera’, que controla pandillas, grupos sicariales y oficinas de cobro.
En Sincelejo, por su parte, investigadores de la Defensoría encontraron evidencia de la presencia de nuevos grupos armados que mantienen una disputa desde 2006. Ellos son: ‘Los de Barranquilla’, ‘Los 40’ y ‘Los Paisas’, dedicados a extorsionar comerciantes en el centro. Y como si fuera poco, en las comunas Uno, Seis, Ocho, Nueve y los barrios La Victoria, Bogotá y Minuto de Dios, estos grupos están patrullando en las horas de la noche, por lo que la comunidad ha optado por no circular después de ciertas horas.
Temor al que también están enfrentados habitantes de los barrios La Florida, La Esperanza, Simón Bolívar, Galán y Mateo de Puerto Carreño en el Vichada, donde la organización ‘Los Cuchillos’ ejerce control social provocando pánico a los vecinos.
Todo un reto para la seguridad democrática que pregona el Gobierno.