Estado, a pagar $1,2 billones

Foto: Herminso Ruíz

El Hospital San Juan de Dios cerró sus puertas en septiembre de 2001.

La sentencia, una de las más trascendentales —si no la más— en materia de protección a los derechos de los trabajadores en Colombia, fue dictada ayer por la Sala Plena de la Corporación y, sin duda, desde ya se avizora que sus alcances marcarán un avance cardinal en el reconocimiento de una problemática social que durante los últimos siete años se ha venido alimentando del estado de indefensión en que quedaron los empleados del más antiguo centro médico de Bogotá, el Hospital San Juan de Dios.

El Espectador conoció que la Corte ponderó dos escenarios en el momento de resolver este fallo: primero, analizó lo concerniente al pasivo pensional de los trabajadores, y segundo, las obligaciones que dejó de pagar el Estado por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social a los empleados en los últimos años. Precisamente, tan sólo por conceptos de pasivo pensional, el Estado deberá pagar un billón de pesos, que tendrán que ser girados en principio por el Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor a cinco años.

Según la sentencia de la Corte, la Nación asumirá el 50% de esta deuda y el Distrito de Bogotá y la Gobernación y la Beneficencia de Cundinamarca el restante 50%. En criterio de la corporación, todos fueron responsables del desastre financiero del San Juan de Dios y del desamparo de los trabajadores. Dice el fallo que, con el fin de evitar problemas de iliquidez, el responsable del pago es la Nación, sin perjuicio de que el Gobierno pueda compensar o deducir del sistema de transferencias, regalías o participaciones los recursos anticipados por los cuales también fueron condenados el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca.

De igual manera, el alto tribunal calculó que cerca de $250 mil millones más es el dinero que les adeuda el Estado a los 1.600 trabajadores del Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil por concepto de pagos prestacionales. La Corte fijó como plazo perentorio un año para que el Estado les restituya esos montos económicos a los empleados cesantes de dichos centros hospitalarios. En este caso, la Corte Constitucional dividió la millonaria obligación por partes iguales entre la Nación, el Distrito y la Beneficencia de Cundinamarca.

Pero no es todo. Con el ánimo de resolver la precaria situación financiera de pensionados y trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, la Corte le dio un plazo al Gobierno de tres meses para que desembolse $60 mil millones con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Además, les solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República que vigilen el cumplimiento de este trascendental fallo judicial que, quién lo duda, les devolvió el alma al cuerpo, como diría el refranero popular, a 6.000 personas que tuvieron que vivir en la incertidumbre durante los últimos siete años.

La situación ha sido tan crítica, que muchos trabajadores, acosados por las ‘culebras’ y su escasez financiera, resolvieron trasladar sus familias a alguno de los desolados pabellones del Hospital San Juan de Dios, para vivir prácticamente de la caridad. Y así han subsistido. Sin luz. Sin agua. Sin nada de nada. A la espera de que la justicia les devolviera lo que una decisión ejecutiva les quitó: su trabajo.