Con la orientación y control de la Fiscalía, a partir del 1° de agosto la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), dejará de ser simplemente una extensión del Ministerio de Protección Social que tiene como fin regular la actividad de los juegos de suerte y azar, para convertirse en un organismo especializado de importante apoyo a los organismos de investigación, al entrar a desarrollar las facultades de Policía Judicial que le fueron conferidas mediante decreto desde el pasado mes de mayo.
Por virtud del Decreto 1905 del pasado 30 de mayo, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, determinó que, además de sus actividades legales ya definidas por decreto desde su creación, Etesa tendrá funciones de Policía Judicial, para lo cual deberá realizar gestiones de recolección de material probatorio que permitan a la Fiscalía y a otros organismos fortalecer sus investigaciones contra la comisión de posibles delitos en los juegos de suerte y azar.
El tema ha sido tomado con tal responsabilidad que ya existe un instructivo en Etesa para determinar qué tipo de funciones tendrá que asumir en dos semanas. Dicho manual señala que el organismo podrá recibir denuncias, querellas o informes sobre hechos en los que se sospeche la comisión de un delito y, siempre bajo la orientación de un fiscal, podrá adelantar entrevistas, interrogatorios, inspecciones en lugares y recolección de pruebas con todas las técnicas propias de un investigador judicial.
Así mismo, los funcionarios de Etesa habilitados para tales fines podrán realizar grabaciones magnetofónicas y grabaciones fonópticas de las entrevistas o interrogatorios, hechos que tendrán que registrar por escrito, de la misma manera como
deberán hacerlo en el caso de embalaje de materiales como máquinas traga monedas, cartones de bingo o sillas de juego. Todas las evidencias se someterán a cadena de custodia verificada por la Fiscalía General de la Nación.
Al ser consultada por la decisión, la presidenta de Etesa, Mery Luz Londoño, justificó la medida resaltando que uno de los graves problemas en el desarrollo de la industria de los juegos de suerte y azar era la dificultad de las autoridades para detectar situaciones ilícitas. De hecho, aunque los funcionarios de Etesa podían sellar locales, ahora pueden incautar máquinas o promover interrogatorios con carácter probatorio, con el fin de garantizar que no se cometan delitos en una actividad cuyo presupuesto es esencial para la salud.
Ante las objeciones formuladas respecto a los abusos que se puedan cometer al desarrollar facultades de Policía Judicial, la directora de Etesa expresó que los 31 funcionarios que en la primera etapa desarrollarán las facultades conferidas, no solo ya venían trabajando con la Fiscalía y la DIAN, sino que han recibido una minuciosa capacitación para superar sus limitaciones y garantizar la integración de una unidad profesional que, en su primera fase, cumplirá con esta labor entre agosto y diciembre de 2008.
Hoy Etesa tiene muchas limitaciones para recoger máquinas porque no cuenta con bodegas o sitios de almacenaje. Ahora, con el apoyo de la Fiscalía y demás organismos de control, podrá realizar operativos interinstitucionales de máxima eficacia, no sólo para garantizar que los juegos de suerte y azar cumplan los requisitos administrativos y legales, sino para que se disponga de un estricto control para evitar situaciones de lavado de activos u otras actividades de carácter ilícito.
Aunque la concesión de facultades de Policía Judicial suele generar inquietudes entre la ciudadanía y seguramente no faltarán los cuestionamientos jurídicos al decreto, en términos generales entre los especialistas no existe mayor temor, siempre y cuando los funcionarios de Etesa siempre estén controlados por la Fiscalía. Más bien, existe la tendencia a considerar que es importante que se habilite a otros funcionarios públicos en actividades que habitualmente sólo estaban a cargo de la congestionada justicia.
El ex vicefiscal Francisco José Sintura recordó que organismos como la ETB han tenido estas facultades, y que mientras los funcionarios de Etesa se sometan a las reglas de Policía, no hay peligro de que tengan potestades judiciales. Por el contrario,
comentó el penalista, si en un tema como los juegos de suerte y azar se ven delitos, antes la única opción era comunicarlo a la Fiscalía, ahora pueden actuar por ellos mismos, mas no allanar o interceptar comunicaciones, que son actividades exclusivas de los organismos judiciales.
A su vez, el penalista Jesús Albeiro Yepes observó que le parece práctica la medida, siempre y cuando la ejerza personal calificado, con los debidos controles de la Fiscalía. “La norma puede desconcentrar y descentralizar la función judicial y eso es importante. Además, son funciones que tienen respaldo en la ley y en la Constitución. De hecho, hay países donde las autoridades administrativas, en materia de control, son más poderosas y eficaces que las mismas autoridades judiciales. Lo esencial es que quienes ejerzan esas facultades lo hagan con controles y capacitación”.
En términos generales, dentro de la política institucional de garantizar el recaudo de recursos públicos y fortalecer la intervención legal del Estado en actividades privadas que permiten recaudos de dineros para beneficio general, nace con buen ambiente una nueva etapa para la Empresa Territorial para la Salud. Sin embargo, el debate apenas comienza: ¿Están capacitados los funcionarios de Etesa para homologarse con los investigadores judiciales? En las próximas semanas quedará claro si hay temores infundados o evidencias de error.