“Fiscal, no le tiemble el pulso”

Advirtiendo que no deseaba que su intervención fuera interpretada como una intromisión en asuntos internos de Colombia, el juez de la Real Audiencia Española, Baltasar Garzón, terció en la polémica que sostiene el Gobierno colombiano con el poder judicial y aseguró que la falta de respuesta en la aplicación de justicia, por imposibilidad o obstaculización, podría dar lugar a la intervención de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, al tiempo que señaló que estas situaciones ponen en entredicho el Estado de derecho.

“Es muy difícil que los ciudadanos comprendan un enfrentamiento que excede la sana crítica de las resoluciones judiciales. Contribuye al deterioro de las instituciones básicas del Estado, por acción u omisión. Es irresponsable con unas proporciones amplias y nocivas, para una sociedad democrática, venga de donde venga”, manifestó Garzón.

El juez español enfatizó, durante un acto de rendición de cuentas de la Fiscalía General,  que es imprescindible que se llegue, con todas las garantías, a establecer las responsabilidades penales, a que hubiere lugar, de los funcionarios públicos que hubieran podido prestar su apoyo logístico, intelectual o financiero o que  hubieran sacado beneficio  de grupos armados al margen de la ley. “Con eso el sistema penal adquirirá firmeza y credibilidad.

Todos los representantes de las instituciones, desde la más alta magistratura hasta el último responsable público, están obligados a coadyuvar para que esto se consiga y a colaborar con el poder judicial, específicamente: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como organismos constitucionales señalados para ello”, puntualizó.

Al fiscal Mario Iguarán, quien también ha sido objeto de críticas por parte del presidente de la República, Álvaro Uribe, el alto funcionario español lo invitó a seguir adelante con su labor aunque se tenga que pasar por el “desierto de la incomprensión de algunos”.  “Que no le tiemble el pulso a la hora de continuar. Hágalo en nombre de la ley, como lo viene haciendo”, le dijo. Por otro lado, afirmó que causó perplejidad y sorpresa, desde el ámbito internacional, las extradiciones a los Estados Unidos de los ex jefes de las autodefensas, principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que se investigan en el país, por encima de la Ley de Justicia y Paz, aunque se han anunciado medidas para garantizar la aplicación de esa norma.

Sin embargo, anunció que en caso de que las extradiciones de los principales jefes paramilitares puedan ser un obstáculo insalvable para la aplicación de Justicia y Paz, eso haría necesaria la intervención de la Corte Penal mediante la aplicación de justicia  universal. “Por tanto deberán implementarse los medios con las autoridades norteamericanas, mediante entregas temporales u otros similares, y el principio que no serán aceptados pactos de impunidad que supongan eludir la aplicación de Justicia y Paz o una aplicación tardía, porque la justicia tardía no es justicia”, afirmó Baltasar Garzón.

De otro lado, sostuvo que aunque no se arrepiente de haber apoyado desde el principio la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, que tal vez no ha sido buena pero sí aceptable, consideró que los servicios para ponerla en marcha han sido desbordados desde hace tiempo y que la insuficiencia de medios materiales ha hecho peligrar el sistema, el cual podría no estar respondiendo a las expectativas, ni protegiendo a las víctimas.

“El escaso número de fiscales investigadores, que llega a 180, hace hercúlea la tarea de abordar el universo criminal descubierto y por descubrir”, señaló. Garzón también sostuvo que tampoco existen mecanismos adecuados y ágiles de reinversión o de adjudicación definitiva de bienes directamente o indirectamente relacionados con actividades criminales que son objeto de persecución, lo que hace peligrar la reparación y resarcimiento de las víctimas. Resaltó que para ellas sería terrible que sus victimarios quedarán libres antes de comparecer ante un juez.

“Resulta absolutamente necesaria la aplicación de la justicia, más allá del enfrentamiento entre instituciones del Estado. Se necesita que ofrezca sus resultados a través de juicios públicos sobre crímenes concretos. Sería nefasto que los responsables acudieran al juicio en libertad y que pudieran convertir en un circo un escenario de máximo rigor para las víctimas”, concluyó.